Enrique Felices Garcés
Ingeniero
Expresidente de la Asociación Peruana de Consultoría
Para Lampadia
Lima debe resolver sus graves problemas de agua y saneamiento, con proyectos bien concebidos y estudiados.
Las fuentes de agua alto-andinas están llegando a su límite, la ciudad alberga a un tercio del país y más de 350,000 personas en pobreza extrema que viven asentadas, de manera creciente, a mayor altura sobre el nivel del mar que las plantas de agua potable (PTAP) La Atarjea (200 msnm) y Huachipa (400 msnm).
Lima vivió durante siglos de espaldas al mar y la cordillera. No se percibe en el público ni el Estado interés por el costo de obtener agua alto-andina o marina, o por el papel que le corresponde a Sedapal, afectada por lustros de descapitalización financiera y profesional.
Ello se debe, tal vez, a que la ciudad se abastece con la infraestructura gratuita de embalses, túneles y canales que construyeron durante décadas empresas privadas estatizadas por el gobierno militar. Al estatizarlas el Estado asumió la responsabilidad y el costo del suministro. Lima tenía 3.5 millones cuando el gobierno anunció con urgencia perentoria la ejecución del monumental trasvase del Mantaro (16 a 24 m3/seg) y la CH de Sheque (600 MW). No hizo ninguna. Desde los 70 la inversión pública ha sido muy poca, y en su mayoría quedó inconclusa.
Se anuncia ahora el relanzamiento del Proyecto Obras de Cabecera y Conducción (ODC), una idea de hace 30 años que planteó traer agua alto-andina a Huachipa y distribuirla mediante ramales en dirección Norte y Sur.
La idea no se estudió a fondo, ni a tiempo, para verificar sus fundamentos y factibilidad. Emprenderla hoy sin estudios apropiados es hacer la obra por la obra, por la primera plana o el flash, y reeditar la Refinería de Talara, el Alto Piura, la Interoceánica, el Gasoducto del Sur y otras.
El MVCS ya vivió eso. El 2008 era un sector novísimo (del 2002) sin experiencia en proyectos, sin equipos técnicos ni información paramétrica básica para inversiones, y sin unidades ejecutoras mayores: los programas para obras a nivel nacional (PNSU) y Lima-Callao (PASLC) se crearon por ley el 2015 y 2017. No obstante, el 2008 otorgó con mucha celeridad, y pocos estudios, obras por $ 600 millones: Huascacocha, la PTAP Huachipa, el Ramal Norte y sus redes. Todas quedaron inconclusas.
Veamos:
Huascacocha se contrató con apenas estudios iniciales y un estimado del volumen de agua disponible hecho con inferencias, por falta de estaciones de medición. El 2009 el Estado se obligó a instalarlas, pero no lo hizo. La obra se reinició el 2023, pero parcialmente, debido a defectos constructivos por corregir. Huachipa se convocó en diciembre, 2007 y en junio, 2008 se adjudicó el diseño y construcción de la PTAP y el Ramal Norte. Dado que ellos y las Redes complementarias son de trabajo eslabonado, cuando el contratista de las Redes dejó la obra el 2011, no se pudo probar el Ramal Norte ni la PTAP. Aparte, es un hecho que Huachipa, comparada con La Atarjea, es un catálogo de carencias. Se diseñó para un río de Brasil, y se puso tal cual en el Rímac. El 2017, su bocatoma colapsó con la primera avenida. Allí quedó todo.
El 2023 el MVCS hizo público el requisito mínimo que debía cumplir ODC: “Un análisis técnico actualizado para verificar si es la solución más eficiente para los problemas de abastecimiento de agua de Lima y Callao”. “Si el análisis determina que ODC no es costo-eficiente, se buscará alternativas para alcanzar el objetivo de suministro”. Al respecto, el MVCS observó que el 90% de las fuentes de agua para ODC ya está comprometido para la atención de los diversos usos de 150,000 pobladores de Junín.
Lima Futura es el sistema planificado, con enfoque territorial y de economía circular, para abastecer a una ciudad de 25 millones, con un horizonte de 50 años.
Partió de la noción de que antes de emprender grandes inversiones se debe usar bien lo ya existente, terminar lo inconcluso y actualizar lo pendiente. Para obtener la necesaria capacidad de gestión, por RM 102-2024 se creó la Comisión Sectorial para el Fortalecimiento y Modernización de Sedapal, cuya importante labor debe continuar.
Lima Futura aumentará en 8 m3/seg el agua disponible mediante acciones de fiscalización, inversiones menores, intervenciones y mantenimientos pendientes hace 50 años.
Ese aumento no incluye el que darán la urbanización de tierras agrícolas y las mejoras operacionales de Sedapal, sobre todo en agua subterránea. No obstante, permitirá proveer, por los próximos 15 años, hasta 140 litros diarios a 18 millones: una dotación de país desarrollado.
En ese lapso deberán ejecutarse los proyectos para 25 millones, incluyendo desaladoras al Norte y Sur, que son la mejor opción por confiabilidad y costo. Al respecto, hay información confiable sobre costos de capital y operación de desaladoras y PTAPs, pero no sobre el costo del agua alto-andina. Se estima que éste puede duplicar al de una desaladora, y que el costo unitario de llevar agua a la población más necesitada, entre 400 y 600 msnm, es hasta 20% mayor al de atender desde una desaladora a los distritos que hoy sirve La Atarjea.
La fiscalización recuperará hasta 6 m3/seg de pérdidas registradas por sustracción o uso mayor al autorizado en canales del Rímac y Santa Eulalia y en la sub-cuenca Huascacocha, desde la cual se descargan 4 m3/seg al río Mantaro. Se añadirán 2 m3/seg ampliando las concesiones Provisur (Santa María) y Agua azul (río Chillón), con la provisión a Sedapal del caudal desaguado por la mina Animón (Huascacocha) y con 0.8 m3/seg de la PTAR Atarjea. Así se triplicará ODC, a una fracción del costo.
Lima Futura prevé reformular y actualizar los proyectos de la PTAP Huachipa II y de Conducción Fuera del Cauce (CFC). La ubicación de Huachipa II debe reevaluarse para atender a la creciente población asentada por encima de 400 msnm. CFC, que es necesario para brindar a Lima agua de calidad, se planeó en los 90 mediante túneles bajo los cerros, algo que la urbanización ha vuelto impracticable. Por ello se debe estudiar alternativas, incluyendo la de túneles artificiales debajo del cauce.
La no ejecución de ODC permitirá reorientar miles de millones a los más costosos y desatendidos componentes del círculo del agua potable y saneamiento: la distribución domiciliaria y la evacuación de efluentes, que son la gran tarea de Sedapal, y el tratamiento de las aguas residuales, que debe ser tarea del Estado porque solo con las tarifas es imposible.
Las actuales PTAR concesionadas han llegado a su límite y deben ser ampliadas y modernizadas, pero necesitan, al mismo tiempo, el alivio de nuevas PTAR en el Rímac medio. Lampadia
