Jaime de Althaus
Para Lampadia
La presentación de la presidenta del Consejo de Ministros en el Congreso este jueves para buscar el voto de investidura no debe consistir en más de lo mismo con dos o tres pequeñas ideas nuevas, sino que debe ir al fondo de los problemas que bloquean nuestro desarrollo y debe hacer cuestión de confianza en torno a la necesidad de abordarlos de una vez. Claro que para eso habría sido mejor haberlos planteado en las conversaciones que ha tenido con las distintas bancadas, pero aun cuando no lo haya hecho, no es razón para no plantearlos directamente en el Pleno, porque son verdad y la verdad no podría ser objeto de censura en una democracia.
No vamos a entrar aquí en el detalle de los temas, que ya son conocidos. Hablamos de la reforma política, de una profunda reforma del sistema judicial, de la descentralización, del servicio civil, del sistema de protección social que incluye salud, el sistema de pensiones y la reforma laboral, principalmente. Pero, como he señalado en una columna en El Comercio, algunas de estas reformas son kryptonita para los legisladores y para el propio Ejecutivo, porque se cree que pueden ser impopulares y en medio de tanta precariedad del sistema político, lo último que se quiere es sucumbir ante eventuales movilizaciones.
El caso paradigmático es el de la reforma laboral. Se le huye como al cuco. Y esto ocurre pese a que los beneficiarios de tal reforma serían las grandes mayorías, que podrían tener ahora sí la esperanza de acceder a empleos formales con beneficios y derechos. Sin embargo, en la medida en que esas mayorías carecen de “conciencia de clase” en este tema y más bien una pequeña parte de las minorías protegidas por el sistema sí están organizadas y pueden movilizarse, no hay quien quiera desafiar al tigre de papel.
Esto tiene una solución, que vamos a describir más adelante. Mientras tanto la experiencia nos dice queel discurso de que la reforma laboral pretende recortar derechos, precarizar el empleo y despedir gente, tendría alguna llegada incluso entre las mayorías desprovistas de todo derecho alguno y que viven en la precariedad laboral más absoluta. Aparentemente porque querrían alcanzar el status de los privilegiados y suponen que la reforma laboral les negaría el sueño.
Entonces hay un problema serio de comunicación, cuya batalla ha sido ganada largamente por la izquierda y por los sectores interesados. Pero ese problema tiene solución, precisamente con una estrategia de comunicación bien diseñada, que debería ser aportada como una contribución gratuita por las empresas de comunicación conscientes del problema.
La reciente encuesta de Ipsos (setiembre) sobre estos temas nos dan clave de lo que está ocurriendo, y podrían sugerir pautas para tal estrategia. Cuando se pregunta si, para promover el empleo, ¿estaría de acuerdo con una legislación que proponga “facilitar la libre contratación y el despido de trabajadores”?, el 60% se manifiesta en desacuerdo (ver cuadro).
Fuente: Ipsos
Como vemos, solo en el sector A son más los que están de acuerdo. En todos los demás, y particularmente en el C y E, el desacuerdo es mayoritario. Eso ocurre en mayor medida incluso en el sector E, donde probablemente muy pocos sean formales en planilla. Quizá precisamente porque al no estarlo pueden ser despedidos en cualquier momento, o porque su trabajo es muy inestable y precario, añoran una situación de más estabilidad.
La tarea de una campaña de comunicación sería persuadir de que la reforma planteada permitirá que todos puedan acceder a una mayor estabilidad y a otros beneficios, como veremos.
Por lo demás, la pregunta se formula en los mismos términos que usa el discurso político para desacreditarla: que la reforma laboral sería para facilitar el despido de trabajadores. Ese discurso probablemente ha calado, y empata paradójicamente con la situación precaria de los excluidos de la legislación laboral.
Pero cuando la misma encuesta pregunta: “Si una empresa decide despedir a un trabajador, ¿cree que la empresa debería…?”, sólo un 23% responde: “No debe despedirlo. Si lo despide solo porque no trabaja bien, el Estado debe ordenar su reposición en la misma empresa”. Es decir, lo contrario de la pregunta anterior. Más bien un 13% responde que la empresa debería “darle una indemnización de medio sueldo por año de servicio”, un 36% que debería “darle una indemnización de un sueldo por año de servicio”, un 17% “darle una indemnización de un sueldo y medio por año de servicios” …
Fuente: Ipsos
Es decir, la gran mayoría precarizada es en el fondo realista y tiene sentido común. Sabe que es absurdo que el Estado imponga la permanencia de un trabajador que no trabaja bien. Y si, en lugar de eso, el despedido recibe una indemnización justa, eso es mucho mejor que no recibir nada que es lo que ocurre en el mundo de la mayoritaria informalidad. Ni siquiera es la indemnización más alta la que tiene más preferencia.
Las mayorías que viven en la precaria informalidad laboral desearían la estabilidad absoluta, por supuesto. Pero saben que es imposible.Y saben que más realista y mucho mejor que su situación actual sería una indemnización adecuada. Es por allí que tendría que ir una campaña de comunicación.
Es decir, cuando la pregunta plantea las opciones concretas ante una situación concreta, y no usa los términos del mito, del discurso político, la respuesta cambia por completo y más que se invierte. Ese 23% que prefiere la definición operacional de la estabilidad laboral absoluta, es incluso algo menor al porcentaje de trabajadores formales en nuestro país.
No solo eso, la encuesta permite desmontar otros mitos en torno a la legislación laboral. Como podemos ver en el siguiente cuadro, la población, por ejemplo, estaríalargamente de acuerdo con que las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad sean pactadas libremente entre empresas y trabajadores, en lugar de que sean obligatorias y fijadas por ley. Lo curioso aquí es que la proporción de los que están de acuerdo con esto es aún mayor en los niveles socio económicos inferiores, donde las gratificaciones, por supuesto, no existen en la práctica.
Fuente: Ipsos
Lo mismo ocurre cuando se pregunta si estaría de acuerdo con una legislación que proponga que el número de días de vacaciones sean pactados libremente por empresas y trabajadores. La gran mayoría prefiere eso seguramente porque querría vendersus vacaciones.
Fuente: Ipsos
Podríamos decir que lo mismo ocurre con los políticos: una mayoría de los congresistas de Fuerza Popular y de las demás bancadas, salvo por supuesto las dos de izquierda, saben que la legislación laboral es hondamente excluyente y necesita ser reformada, y que es necesario que el Tribunal Constitucional cambie su interpretación del artículo 27 de la Constitución, o que el propio Congreso precise ese artículo en el sentido de que la indemnización constituye protección adecuada al despido. Lo saben, y saben que es un tema que debe ser resuelto, pero no lo abordan por temor político.
La manera de disipar ese temor es exponiéndoles una campaña de comunicación que logre presentar la reforma en los términos que señalan las preguntas que hemos analizado y que la gente aprueba, y que explique bien las ventajas que todos obtendrán de una reforma como esa.
Algo así ya se hizo con ocasión del tratado de libre comercio de Estados Unidos. La opinión mayoritaria era contraria. Pero se organizó una campaña bien estructurada que incluyó televisión, prensa, publicidad, comunicación social y conferencias en universidades, entrevistas en radios, etc., y al final la opinión pública se volteó ampliamente a favor.
Lo mismo debe hacerse ahora, incluyendo esta vez las redes sociales. He conversado con un empresario líder en el área de comunicación y me dijo que a él le encantaría dirigir una campaña así, y lo haría ad honorem. Muchos podrían sumarse ad honorem, como una contribución a una causa social y nacional de gran trascendencia. Podría ser asumida por una universidad o un grupo de universidades y centros de investigación que, de paso, organicen debates al respecto.
Es hora de la movilización de las fuerzas interesadas en el desarrollo del país y en la inclusión legal y económica de las grandes mayorías. Alguien tiene que tomar la iniciativa.
