Hablamos mucho de Lava Jato, pero ha llegado el momento de hablar sobre el ‘Pos-Lava Jato’. Así como en el Perú hemos caído en la terrible corrupción venida desde el Brasil, ahora debemos seguir de cerca, no solo el proceso de persecución de los delincuentes, también debemos aquilatar y copiar las estrategias de los jueces y fiscales brasileños para implantar una profunda reforma judicial que vaya a las profundidades del eco-sistema pro corrupción que está instalado en las entrañas del sistema judicial.
Fuente: La República
Es digno de destacarse la estrategia de validar el proceso de reforma mediante un mandato claro de la opinión pública. Los promotores de ‘Las 10 Medidas’, previamente a llevar su propuesta de reforma, han recabado 2’000,000 de firmas de ciudadanos y han validado así un proceso que no debiera poder ser saboteado por los defensores del statu-quo.
Veamos con mucho cuidado el informe de Sebastiao Mendonca sobre ‘Las 10 Medidas’ contra la corrupción.
Reforma Anti-Corrupción
Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia
La corrupción se desarrolla y se institucionaliza en los países en que la legislación lo permite. Es decir, si hay altos niveles de corrupción en las élites políticas es porque la legislación del país, de alguna manera, brinda estabilidad a la corrupción e impunidad a los corruptos. En el caso de Brasil, la operación Lava Jato ha puesto en evidencia los niveles de corrupción existentes y las deficiencias de la actual legislación, y ha puesto a la orden del día la necesidad de una reforma anti-corrupción.
La necesidad de la Reforma Anti-Corrupción
Hace muchos años que la legislación brasileña es tolerante a la corrupción, generando un sofisticado laberinto de leyes que hace casi imposible condenar y castigar a los crímenes de cuello blanco. Ello es verdad para los corruptos en general, y es aún más verdad para aquellos políticos corruptos que cuentan con foro privilegiado: ministros, diputados, senadores, presidentes, altos funcionarios, etc. Las investigaciones de Lava Jato han puesto en evidencia para la opinión pública que la actual legislación brasileña ofrece a los corrutos una serie de mecanismos para lograr la impunidad y para ocultar los resultados del robo.
A pesar de ese marco legal, la Operación Lava Jato ha logrado avanzar. Sin embargo, de no corregirse ese marco legal, puede suceder que Lava Jato resulte siendo un evento efímero en la historia de la sociedad brasileña. Por ello, la asociación de fiscales federales, los líderes de Lava Jato y algunos movimientos sociales liberales están promoviendo una Reforma Anti-Corrupción conocida en Brasil como las 10 Medidas Contra la Corrupción.[i]
Para ayudar a grabar en la opinión pública, los promotores de la reforma anti-corrupción han agrupado los cambios legales alrededor de grupos de medidas, como una analogía a los 10 mandamientos.
La premisa de los promotores de las 10 Medidas Contra la Corrupción es que la corrupción es resultado, en primer lugar, del marco legal e institucional, y no es parte de un destino inevitable de los países.
Antes de presentarlas al Congreso de la República, los promotores de las “10 Medidas” realizaron una campaña nacional, estado por estado, explicando su necesidad y recogiendo firmas, recibiendo el respaldo de más de 2 millones de ciudadanos. Actualmente, ese paquete de normas está en la Cámara de Diputados, siendo objeto de una dura lucha entre los promotores de las medidas, los críticos a algunos de sus elementos y los defensores del actual statu quo legal.
Las 10 Medidas
Las 10 Medidas buscan crear mecanismos para desmontar los pilares de la impunidad de los crímenes de cuello blanco, incluyendo medidas preventivas, de caracterización de los delitos, de modificación de los procesos judiciales, de medidas para recuperar los bienes robados, de responsabilidad de los partidos políticos, etc. Sin bien, cada una de las medidas va contribuir a la reducción de un elemento de la corrupción, es la combinación entre sus diversos componentes lo que va ser efectivo.[i]
1. Prevención de la corrupción: Creación de programas entrenamiento de profesionales, en especial a funcionarios públicos, promoción de una cultura de intolerancia a la corrupción, promoción de una postura de denuncia a los casos de corrupción, evaluar la predisposición de los funcionarios públicos a cometer crímenes en contra de la administración pública, entre otras. Merece particular mención la exigencia al Poder Judicial y Ministerio Público de explicar públicamente las razones de los procesos que ultrapasen los plazos considerados razonables.
2. Criminalización del enriquecimiento ilícito: El enriquecimiento ilícito es uno de las motivaciones principales de los corruptos. Ellos siempre buscan apropiarse del total o de una parte de los resultados de la corrupción. El incremento no sustentado del patrimonio personal y/o familiar de los agentes públicos, es un indicador confiable de involucramiento en actos de corrupción. Sin embargo, los delitos de enriquecimiento ilícito tienen penas ligeras y difícil demostración. El resultado es que los corruptos y sus familiares disfrutan de una vida lujosa con el fruto de sus crímenes.[ii]
3. Aumento y endurecimiento de las penas: Actualmente a los delitos de corrupción les corresponden penas bajas (2 a 12 años) y casi nunca implican encarcelamiento efectivo. Las medidas proponen incrementar las penas a hasta 25 años en caso de montos superiores a US $2.50 millones. El cambio en la duración de las penas y el encarcelamiento efectivo de los corruptos va cambiar el actual sistema de incentivos.
4. Agilización de las apelaciones: Actualmente las apelaciones permiten retrasar los juicios por corrupción hasta los extremos de prescripción de los delitos. Lo que es un derecho, para evitar juicios eternos, está siendo usado como un artificio para lograr la impunidad. Las apelaciones, habeas corpus y recursos especiales a los embargos permiten que los corruptos sigan disfrutando de los bienes obtenidos con medios ilícitos, y que las autoridades judiciales no lo puedan impedir. Las 10 Medidas buscan que los inculpados no puedan manipular el derecho en función de sus intereses criminales.
5. Simplificación y agilización de los procesos jurídicos: La complejidad y lentitud de los procesos judiciales genera condiciones favorables para corromper el mismo proceso y para obtener la prescripción de los juicios. Está en discusión la posibilidad de que los procesos por corrupción tengan un límite máximo de tiempo para que los jueces emitan sentencias. Como lo explica Leonardo Pauperio,[iii]
El sistema de recursos brasileño necesita recuperar su seriedad y permitir que los juicios ocurran. Por más obvia que pueda parecer esta afirmación, el proceso es para llegar a un juicio [sentencia]. No es posible que el juicio de un proceso sea un premio de difícil alcance (Pauperio, 2016, p. 2).
6. Extensión de plazos y reforma del sistema de prescripción: La prescripción es actualmente uno de los principales recursos de los corruptos para lograr la impunidad. El mal uso de los recursos, entorpece los procesos y hace posible que los crímenes de corrupción prescriban antes que los corruptos sean efectivamente condenados, obteniendo así la impunidad. En la legislación penal brasileña predomina un enfoque conceptual y una práctica judicial de híper-garantía de los derechos que, en la práctica, favorece la impunidad. Las 10 Medidas Contra la Corrupción prevén una reforma del sistema de prescripción para evitar que los corruptos utilicen las garantías de los derechos como recursos para el logro de la impunidad y poder seguir con sus prácticas criminales en forma intergeneracional.[iv]
Debemos estar atentos a una impunidad específica, que es la presente en los procesos de cuello blanco [corrupción], en que los estudios de abogados se aprovechan de instituciones previstas en la ley (y que deben ser extirpadas) para procrastinar los hechos hasta [lograr] la prescripción. Es de esto que se trata (Cheker, 2016, p. 20).
7. Ajuste de las causas de nulidad: El recurso de nulidad es actualmente utilizado por los inculpados de corrupción para eliminar pruebas que pudieran incriminarlos más allá de cualquier duda. En Brasil, el derecho al debido proceso, tomado de la legislación americana, ha recibido un tratamiento formalista y selectivo, haciendo que colecciones enteras de pruebas sean anuladas por un solo error policial formal de importancia menor, aunque ese error no implique la violación de ningún derecho del investigado.[v] Los cambios propuestos buscan definir criterios de aplicación de los recursos de nulidad para evitar que terminen favoreciendo a la impunidad de los delitos de corrupción.
8. Asignación de responsabilidad a los partidos políticos: Muchos de los actos de corrupción en Brasil se orientan a financiar alianzas políticas (Mensalão), actividades regulares y campañas electorales de los partidos políticos (Petrolão). Sin embargo, en la legislación brasileña actual solo los individuos son penalizados por los delitos de corrupción. El caso del Petrolão, dos tesoreros del Partido de los Trabajadores (PT) están presos por actos de corrupción cuyo propósito principal era beneficiar al partido en el terreno en sus campañas. Pero su partido, el PT, se mantiene más allá de los delitos cometidos por sus líderes. Las 10 Medidas Contra la Corrupción proponen que los partidos políticos sean punibles por los actos de corrupción cometidos por sus líderes, cuando queden claros los propósitos institucionales de los delitos.
9. Uso cautelar de la prisión preventiva: Los corruptos de cuello blanco alcanzan acumular montos millonarios con sus actividades criminales, y cuando son descubiertos se dedican a ocultar su patrimonio mal-habido y/o a utilizarlo para financiar costosos estudios de abogados, con el propósito de lograr la impunidad. Lo que se busca es un cambio en el código del proceso penal para posibilitar la prisión preventiva de los inculpados con dos propósitos: (a) asegurar la recuperación de los beneficios del delito, y (b) evitar que dichos recursos sean utilizados para financiar una fuga o para la defensa del investigado o acusado.
10. Recuperación de los bienes obtenidos con la corrupción: La recuperación de los bienes y beneficios obtenidos por medio de la corrupción (coimas, sobre-precios, etc.) es una tarea de difícil realización. Los corruptos utilizan instituciones financieras y medios digitales globalizados para transferir sus recursos a empresas off-shore y paraísos fiscales, y para ocultarlos a través de parientes y testaferros. Las 10 Medidas Contra la Corrupción proponen utilizar nuevas figuras jurídicas (existentes en los Estados Unidos y en varios países europeos) y ampliar los recursos ya utilizados en el combate al lavado de dinero, para bloquear y confiscar los bienes y valores de origen criminal.
Los Promotores de las 10 Medidas Contra la Corrupción ya han elaborado propuestas de cambios legales específicos para cada una de ellas, y las han presentado al congreso para su discusión y aprobación. (quienes quieran conocer los proyectos de ley específicos pueden revisar el documento citado).[vi]
La experiencia de Hong Kong ha demostrado que un país corrupto puede romper el ciclo vicioso, si es que concibe una estrategia efectiva y la implementa en forma coherente. La condición será la voluntad política en los gobernantes y el soporte combinado de las élites y de los movimientos sociales con valores liberales. Ver en Lampadia nota sobre la reforma de la policía de Hong Kong.
La Lucha por la Reforma Anti-Corrupción
Sin embargo, la visibilidad de los escándalos de corrupción ha generado un sentimiento de indignación social que puede ser tomado como una oportunidad para impulsar reformas legales que cambien las reglas del juego en contra de los corruptos. Los logros de Lava Jato, con la prisión y condena de poderosos empresarios y políticos ha generado una actitud de optimismo hacia las probabilidades de éxito de dicha reforma legal (ver esquema de Daron Acemoglu). Hoy en la opinión pública se ha fortalecido la confianza de que el cambio es posible.[i]
La presentación al Congreso de las 10 Medidas Contra la Corrupción ha desencadenado una lucha política intensa entre una mayoría de congresistas defensora del status quo legal versus una minoría congresal favorable a la reforma. Lo que hace esa lucha más intensa es que la minoría pro-reforma cuenta con el respaldo decidido del movimiento social liberal (Vem Pra Rua y Movimento Brasil Livre) que ya ha movilizado a millones de personas en apoyo al Impeachment de Dilma Rousseff y a la Operación Lava Jato.
Es ese respaldo social lo que alimenta la esperanza de que una versión, aunque mediatizada, de las 10 Medidas pueda ser aprobada por el actual Congreso. Cuán mediatizada o no será la reforma legal aprobada por este Congreso será resultado de una batalla política.
En el caso de que el Congreso y el gobierno se opongan a los elementos centrales de las 10 Medidas, el movimiento social y los medios de comunicación reaccionarán, incrementando los elementos de inestabilidad política del país.
Conclusión
Independientemente de lo que decida el Congreso brasileño en los próximos meses, los escándalos del Petrolao y de Odebrecht, y los logros de Lava Jato han hecho del tema de la corrupción un elemento central en el debate nacional. Si este Congreso no hace las reformas esperadas, las elecciones del 2018 modificarán la composición de la fuerzas políticas representadas en las cámaras legislativas, y las posibilidades de éxito de las 10 Medidas se incrementarán.
Lo que está quedando claro es que las fuerzas que quieran realizar una reforma anti-corrupción en el país necesita desarrollar una estrategia de cambio, aprovechando la indignación social para afectar las leyes que protegen a los corruptos, identificando con objetividad los actores dispuestos a sostener una presión social que contribuya a que los agentes políticos apuesten por el cambio.
La experiencia brasileña está demostrando que operaciones contra la corrupción, como Lava Jato son posibles. Que esas operaciones pueden ganar respaldo social, y pueden generar un sentimiento social que, bien canalizado, constituye una oportunidad para realizar cambios instituciones con impactos de largo plazo. Lampadia
[1] Wikipedia ofrece un buen compendio de las 10 Medidas: https://pt.wikipedia.org/wiki/10_Medidas_contra_a_corrup%C3%A7%C3%A3o
[3] http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/apresentacao/artigos/crime-de-enriquecimento-ilicito-pedro-jorge.pdf
[4] Pauperio, L. (2016). Recursos penais e impunidade no Brasil. Ministério Público Federal. Obtenido en:
[5] Cheker, M. (2016). Modelo prescricional brasileiro: Um incentivo à impunidade. Ministério Público Federal. Obtenido en:
[6] De Mattos, D. (2015). A seletividade penal na utilização abusiva do habeas corpus nos crimes do colarinho branco. (tesis de maestria). Documento obtenido en: http://www.uenp.edu.br/pos-direito-teses-dissertacoes-defendidas/dissertacoes-defendidas-1/5710-diogo-castor-de-mattos/file
[7] Propuestas de cambios legales elaboradas por el Ministerio Público Federal. Obtenible en: http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/campanha/documentos/medidas-anticorrupcao_versao-2015-06-25.pdf
[8] Ministerio Público Federal. Sumario das 10 Medidas anti corrupçao. Obtenible en: http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/campanha/documentos/sumario_ejecutivo_version_espanola.pdf
[9] Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2005). Handbook of economic growth. P. Aghion and S. Durlauf (editors), volume 1, Amsterdam, The Nederland: Elsevier B.V.
