Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ecuador era un país relativamente tranquilo hasta que hace pocos años la violencia criminal estalló con guerras territoriales entre bandas criminales. El 2021 ya tenía 14 asesinatos por 100 mil habitantes, mientras el Perú tenía 6 (el 2020). La pregunta es inquietante: ¿en el Perú estamos en camino de que nos pase lo mismo?
Hay algunas diferencias. Primero, Ecuador no es productor de drogas sino intermediario, tierra de tránsito, como México. Exporta principalmente la cocaína colombiana. Eso puede haberles llevado a bajar los brazos. Segundo, en Ecuador fueron creciendo unas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y a las extorsiones hasta alcanzar un tamaño muy grande. Según un informe publicado en El Comercio a partir de investigaciones de InSight Crime, el grupo más poderoso y temido es Los Choneros, fundado en 1990 y aliado del cartel mexicano de Sinaloa, con presencia en casi todo el país. La segunda banda más grande es Los Lobos, escindida del anterior y vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según el portal Código Vidrio. Esta organización tiene 8 mil hombres solo en las cárceles. Hay una tercera banda llamada Los Tiguerones, con presencia en el Perú, que también trabaja con Jalisco Nueva Generación.
En el Perú las bandas vinculadas al narcotráfico son más pequeñas. Según el General José Ludeña, jefe de la Dirandro, funcionan más en torno a clanes familiares o vínculos coterráneos, no pasan de 50 integrantes y están localizadas. Son proveedoras de los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y se presume que también de Cartel de Tijuana, que tienen agentes en los puertos que coordinan los embarques. Otros clanes proveen a organizaciones como Comando Vermehlo de Brasil en la selva.
Es muy importante que esas organizaciones se mantengan pequeñas, para evitar las guerras territoriales. La tarea de la policía debe ser desarticularlas para que no crezcan, más aun considerando el efecto que podría tener el levantamiento del veto norteamericano para la interdicción aérea. Como sabemos, próximamente EE.UU. brindará a nuestro país radares, inteligencia, financiamiento, comunicaciones, mantenimiento, capacitación, así como apoyo logístico y técnico para la interdicción aérea. Eso, como ocurrió en los 90, debería reducir significativamente el área sembrada (que ha crecido exponencialmente) y, por lo tanto, el monto general del negocio. Una muy buena noticia. Pero también podría incrementar la presión para salir por los puertos de la costa y por el Amazonas.
Como podemos ver en el siguiente gráfico, la policía calcula que en este momento el 42% de la coca sale por los puertos del Perú, y un 46% vía puente aéreo. Si la interdicción aérea se aplica de manera efectiva, se desactivaría potencialmente casi la mitad de las exportaciones de droga.
Ello, como decimos, sería muy bueno porque reduce la magnitud del negocio, pero podría potenciar la presencia ya preocupante del brasileño Comando Vermelho y otras bandas, en Loreto y Ucayali, cuyas áreas sembradas se han incrementado notoriamente. En Ucayali han pasado de 2,600 hectáreas el 2018 a 12,000 el 2022. Según el general Ludeña, la Dirandro trabaja muy coordinadamente con la Policía Federal del Brasil. “Tenemos agentes en Río de Janeiro, Manaos, Tabatinga y Río Branco, y acá en DIRANDRO hay agentes de la Policía Federal”. Pero es claro que los esfuerzos realizados no logran hasta ahora contener el avance de esos ejércitos criminales.
Si bien los grupos locales no pasan de ser clanes familiares, las bandas internacionales ya están presentes, pues, en nuestro territorio. Y son muy peligrosas. El Tren de Aragua, dirigido desde la cárcel de Tocorón en Venezuela, es en este momento la organización criminal más grande en el Perú. Y está en varios países de América Latina. Es el principal responsable del crecimiento exponencial de las extorsiones en nuestro país que, según reporta Rubén Vargas, pasaron de 1.637 casos denunciados en el 2019 a 13.694 en el 2022. Tiene que ver con el incremento notorio del sicariato y los asesinatos, que también estarían reflejando en parte pequeñas luchas territoriales. Y si bien su rubro principal no es el narcotráfico, podría virar hacia esa actividad.,
La Policía peruana está enfrentando las extorsiones. Ha lanzado dos campañas comunicaciones llamadas “Que no te ahogue el gota a gota” y “Yo no pago, yo denuncio”. Lo ha hecho en mercados con megáfonos, con trípticos, por redes y medios. Según el general Arriola, estas campañas están funcionando y la gente está denunciando. Muchos han sido detenidos y fruto de ello las extorsiones han empezado a bajar, asegura.
Es una prioridad derrotar completamente al Tren de Aragua. La Policía peruana tiene una cierta ventaja comparativa sobre las otras policías: sabe investigar. Desarrolló ese aprendizaje con excelencia en la lucha contra Sendero y el MRTA. Pero está trabada por limitaciones estructurales. Primero, no tiene autonomía para investigar pues depende demasiado de la presencia o autorización del fiscal, que puede demorar mucho, de modo que se pierden pistas y oportunidades valiosas. Segundo, el sistema judicial carece de capacidad para procesar a la gran cantidad de detenidos que son liberados porque no se ha establecido un proceso inmediato en locales distritales que integren a policías, fiscales y jueces y una carceleta para penas cortas. Y, tercero, carece de laboratorios de criminalística, lo que lleva a soltar también a los detenidos porque el Nuevo Código Procesal Penal es “garantista” y exige pruebas para detener de manera preliminar, y sin laboratorios no hay pruebas. Entre otras limitaciones, por supuesto.
Las facultades legislativas solicitadas orientadas a resolver estas dificultades deben ser aprobadas. Es absolutamente crítico detener la ola de extorsiones, desactivar las bandas internacionales presentes en nuestro territorio e impedir que crezcan los grupos dedicados al narcotráfico. Si no queremos entregar el país al crimen organizado. Lampadia
