No debe delegarse facultades al Gobierno

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

La Comisión de Constitución del Congreso me pidió opinión sobre el proyecto de ley del Gobierno (N° 5632/2023-PE) en el que solicita facultades delegadas para legislar en materia de seguridad.

Pretenden cambiar más de 30 leyes con decretos elaborados por los ineptos funcionarios del Ministerio del Interior, los responsables del desborde delincuencial que vive hoy el país. Un auténtico despropósito. Este es el texto que envié, acompañado de cuatro anexos donde se sustentan algunos temas.

Opinión sobre la delegación de facultades en materia de seguridad

El incremento de la ola delictiva no se explica por la falta de leyes y no se va a resolver con nuevas leyes. Pretender eso es intentar distraer al Congreso y la opinión pública sobre la falta de una política de lucha contra la delincuencia y la carencia de decisión para enfrentar con firmeza y energía el avance de la criminalidad.
Esto se ha evidenciado en el tiempo que lleva este Gobierno, con tres ministros del Interior y ninguna estrategia clara.
El problema en el Perú no reside en la falta de leyes –hay en exceso- sino en que esas leyes, en muchos casos, no se cumplen.
La Policía Nacional (PNP) tiene numerosas carencias que no tienen que ver con las normas, sino con la ineptitud y la corrupción de quienes han tenido el poder de decisión en los últimos años, en los que ha existido enormes presupuestos para inversión y han sido derrochados o malgastados.
Es indispensable dotar a la PNP de comunicaciones adecuadas, de patrulleros, de material anti motines (carros rompe manifestaciones, por ejemplo), de laboratorios de criminalística, de instalar en Lima una verdadera central de emergencia (C4, centro de comando, control, cómputo y comunicaciones), etc. Eso no tiene que ver con leyes sino con decisión para actuar con rapidez, eficiencia y honestidad.
En los últimos años la calidad de la formación policial se ha degradado por una deficiente educación y un pésimo reclutamiento, que ha permitido que, muchas veces, personal no calificado ingrese a las escuelas y se convierta en policía. Para mejorar ese aspecto hay que concentrar las escuelas policiales –no más de 4 o 5- y fortalecer los filtros para el ingreso. El principal problema no es de cantidad de personal sino de calidad. (Es vergonzoso que la Escuela de Oficiales de Chorrillos haya sido derruida hace años y siga así, sin ningún avance, mientras los cadetes están arrumados en la escuela de sub oficiales de Puente Piedra. Ese no es un problema de leyes sino de ineptitud y corrupción).
Los casos de corrupción que ha denunciado la fiscalía y los que se han hecho públicos incluyen desde altos mandos hasta sub oficiales, venta de ascensos, venta de traslados, vinculaciones con el narcotráfico, bandas de policías extorsionadores, etc. Nuevamente, ese no es un problema de normas, se trata tanto de ministros y jefes policiales inadecuados como de las deficiencias que se arrastran desde el reclutamiento y la formación. El actual Gobierno, en lugar de explicar cuál es la situación en este aspecto y que está haciendo para resolverlo, propone una lista interminable de decretos legislativos, que redactarán lo mismos que no son capaces de resolver los más elementales problemas de la PNP hoy día.
Una modificación legal que sí se requiere es la de devolver a la PNP la investigación preliminar, dejando la dirección jurídica en manos de la fiscalía. Ese cambio que sobrevino con el nuevo Código Procesal Penal ha resultado perjudicial, lo que ya ha sido ampliamente demostrado en la realidad y establecido en muchas opiniones de expertos. En este caso, existe un proyecto de ley (819/2021-CR) presentado por el congresista Alfredo Azurín que podría ser debatido y aprobado a la brevedad.
Un asunto muy importante es el del sistema penal: cárceles insuficientes y sobrepobladas, controladas por los propios delincuentes, que son escuelas del delito y a la vez lugares desde donde se planifican y dirigen todo tipo de crímenes. Es indispensable, primero, controlar las cárceles actuales, y segundo, construir nuevos penales donde se pueda diferenciar a reos primarios de delincuentes avezados, etc. Otra vez, es un problema de gestión, no de normas.
Específicamente, sobre las modificaciones a la ley N° 30299, ley de armas de uso civil, aprobada por el Congreso en enero de 2015, hay que tener en cuenta que fue una norma ampliamente debatida en el Parlamento de aquel entonces, que recogió muy diversas opiniones de expertos. Esa ley, considerada la mejor, o una de las mejores, de la región no debería ser modificada, en mi opinión, menos aún por los responsables de su pésima aplicación. En efecto, como muestro en los anexos, por responsabilidad de las autoridades del Ministerio del Interior y Sucamec se ha permitido que individuos y empresas inescrupulosas adquieran armas y municiones de manera inapropiada para terminar luego en material contrabandeado a otros países o en manos de delincuentes. Ese problema no es, obviamente, de la ley sino de las autoridades encargadas de aplicarla que ahora, para eludir su responsabilidad, pretenden culpar a ley de sus propios errores. En suma, hoy día, con una creciente ola delincuencial cada vez más violenta, el propósito de las autoridades enquistadas en el Mininter, es desarmar a los ciudadanos honrados –o reducir y obstaculizar sus posibilidades de obtener un arma legal-, favoreciendo con eso a la delincuencia. De ninguna manera debería otorgarse facultades para legislar en esta materia a los mismos responsables de los problemas.
En conclusión, mi opinión es que no debe otorgarse facultades legislativas al Gobierno en materia de seguridad ciudadana.
1. Primero, porque el problema de la seguridad no es un tema de normas sino de acción, de decisión de enfrentar al crimen con energía y firmeza.
2. Segundo, porque el Gobierno ha demostrado hasta ahora no tener una política para enfrentar la ola delincuencial y, creo, pretende distraer con el viejo y manoseado discurso de que la lucha contra el delito es un tema de leyes y no de acciones.
3. Tercero, en todo caso debería discutirse punto por punto el pedido de facultades y en ningún caso otorgarse poderes para cambiar toda la legislación a un Gobierno que no ha demostrado tener ni ideas ni aptitud en esta materia.
4. Cuarto, sugiero que en lugar de otorgar al Gobierno facultades legislativas, que se le pida que explique qué está haciendo, por ejemplo, para luchar contra la corrupción en la PNP; que ha hecho –o que tiene planeado hacer- en cuanto equipamiento; como piensa mejorar la calidad y el reclutamiento de la PNP; cuáles han sido sus acciones para recuperar el control de las cárceles, etc.
5. Quinto, por las razones expuestas en el párrafo 10 y sustentadas en los anexos incluidos a continuación, opino que no solo no se deben delegar facultades para modificar la ley de armas de uso civil vigente (N° 30299), sino que el Congreso debería investigar con la mayor celeridad posible a los funcionarios de Sucamec y el Mininter responsables del posible desvío de armas para fines delictivos.