Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Según el diccionario, prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público, dé una disposición arbitraria a sabiendas de que tal resolución es injusta y/o contraria al texto expreso de la ley.
Por estos días la prevaricación se ha convertido en el delito más común entre nuestras autoridades de gobierno, la fiscalía, el poder judicial y el JNE, entre otros. Vemos cómo, según estimados de la Contraloría General de la República, la corrupción entre los gobiernos regionales, municipales y gobierno nacional, ha perjudicado al país por 22 mil millones de soles, en el año 2020. Tenemos regiones donde el impacto de la corrupción alcanza a más de 26% del presupuesto asignado, mientras que en los más “honestos”, este perjuicio alcanza al 11% del presupuesto.
“Gracias” a la paralización económica del 2020 y, con ella, la paralización de obras públicas (principal fuente de corrupción), nos han robado 1 mil millones de soles menos que en el 2019, en que la pérdida se estima en 23 mil millones de soles. Por supuesto que los departamentos con mayor corrupción, son aquellos donde hay mayor pobreza y/o cacicazgo político local y regional. Es curioso el caso de Puno, departamento que, para fines prácticos, se ha liberado de la carga tributaria y legislación laboral, lo que le permite una gran actividad comercial (contrabando), turística y productiva, pero de pequeñas y numerosas empresas locales que no pagan impuestos, lo que significa menor dependencia del gasto público y, en consecuencia, la pérdida por corrupción es de “sólo 8.6%”, la menor del Perú.
Según lo publicado por GESTIÓN, en el 2020 se encontró 6,698 funcionarios públicos responsables de faltas administrativas y delitos de corrupción causantes de esas pérdidas, pero lo trágico es que, si bien la Contraloría General de la República gestionó ante el Congreso la legislación que le permita sancionar a los funcionarios que sean encontrados responsables de tales actos y el Congreso aprobó la ley, el Ejecutivo la ha observado. Esto no hace más que retroalimentar el concepto de que, en el Estado se puede cometer faltas y delitos, pero nada pasará, puesto que no habrá una sanción inmediata (más de tres años), como consecuencia de los hallazgos de la gestión de la Contraloría y una acción de control “sin dientes”, no sirve para nada.
Por supuesto, este sentimiento “empodera” a los malos funcionarios para continuar tomando decisiones contra la ley, no sólo en obra pública, sino también en organismos reguladores y supervisores u otras entidades de la administración pública, cuyo impacto económico nadie mide. En esos casos, al “administrado” no le queda más que judicializar su reclamo y, aun teniendo la razón, el sistema judicial se lo reconocerá varios años después, cuando el daño a la economía del país ya no tiene remedio, ni se identificará al causante del daño.
Otro grupo de prevaricadores está en el JNE, ONPE y RENIEC, donde, tal como se ha observado en este proceso electoral, han actuado y resuelto contra la ley, al extremo de haber permitido que varios terroristas sentenciados y liberados lleguen al congreso, acumulando además cuando menos 45 actos de prevaricato que, al final están inclinando la balanza electoral en contra de la voluntad ciudadana.
El ejecutivo, además de haber obstruido la posibilidad sancionadora de la Contraloría, tiene también lo suyo, pues desde el año 2000, entre Valentín Paniagua y Diego García Sayán, indultaron por Resolución Suprema a por lo menos 34 terroristas sentenciados, que en los años posteriores se infiltraron en la administración del Estado y desde ahí han socavado las bases de todo lo positivo que se pudo realizar en la década de los 90s. Luego de dos décadas de destrucción de la educación pública, creación de trabas a la gestión pública y crecimiento de una burocracia parásita, hemos llegado a una situación de control del aparato del Estado y de la educación por parte de la izquierda.
En el sistema judicial, las cabezas del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, al igual que la Junta Nacional de Justicia, por supuesto que acompañados de ciertas ONG y muchos representantes de la prensa, actúan con un evidente “doble racero”. Por ejemplo, en el caso de corrupción de los “Dinámicos del Centro”, a quienes la Fiscal Bonnie Bautista identificó ejecutando actos de corrupción en el GRJ, les encontró maletas de dinero, producto de tales actos y les acumuló varios miles de llamadas telefónicas que los incrimina, así como WhatsApp con coordinaciones ilegales respecto a la conducción en las mesas de votación, los han liberado. Lamentablemente, el Fiscal Superior Omar Tello, jefe de las Fiscalías Anticorrupción, con anuencia de la Fiscal de la Nación, pospuso el allanamiento y detención de 38 investigados por un lapso de dos semanas, dándoles tiempo suficiente para huir y desaparecer pruebas. No obstante, se encontró todo lo antes mencionado. Además, el juez superior de Junín, Ever Bello, quien tendría que ver con el caso de Vladimir Cerrón y sus secuaces, es amigo y ex asesor de Cerrón en el GRJ.
A las ONG (persecutoras de la corrupción “dizque”), que normalmente filtran toda información de sospechas de delito, en este caso les han comido la lengua los ratones y paralelamente, la jueza de Junín, July Baldeón, ha liberado a esa gavilla de delincuentes “por falta de elementos de convicción” para decretar una prisión preventiva de 36 meses, sin el más mínimo resuello de esas ONG.
Como se puede observar, podemos denominar al año 2021, el “año de los prevaricadores”. Lampadia
