El escándalo político nacional que desató la elección en el Congreso del Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional (TC), causado, principalmente, por la voluntad obsesiva de Gana Perú y el oficialismo por controlar el TC, con la complicidad de Perú Posible, del fujimorismo y del devaluado PPC, de pronto, parecería ser parte de un juego maquiavélico que busca desprestigiar a la clase política, al Congreso y a las instituciones para generar el caos público e interrumpir el sistema democrático y la economía de mercado.
¿Alarmismo injustificado? De ninguna manera. Ya se conoce que sectores nacionalistas han comenzado a recolectar firmas para “cerrar el Congreso” en Chiclayo. En un reciente comunicado de Patria Roja en el que se convoca a una revuelta nacional para este 27 y 28 de julio, se sostiene que “frente a la crisis del Estado neoliberal se hace urgente y necesaria una nueva Constitución para refundar la república sobre nuevas bases”. Algo más. Nicolás Lynch de Ciudadanos por el Cambio, en un reciente artículoen La República, escribe lo siguiente: “una reforma política inmediata que la sociedad organizada le exija al Congreso y una Nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente, que se elija el 2014…”.
Como se ve, por la boca muere el pez. Alguna mano negra o algún seguidor de Montesinos pretende sacarle partido al caos político desatado por el oficialismo palaciego y la torpe comparsa congresal. Al margen de la especulación de si todo esto fue causado adrede para interrumpir la democracia, es evidente que se quiere aplicar a pie juntillas el Manuel Bolivariano que pasa, precisamente, por generar crisis políticas y de representación, convocar a una Asamblea Constituyente e instaurar un autoritarismo que se perpetúa en el poder mediante reelecciones indefinidas. Así pasó en Venezuela, Bolivia y Ecuador.
En el colmo del delirio, Lynch agrega: “Hay que regresar al último acuerdo de paz entre los peruanos que es la Constitución de 1979…” ¿Cuál acuerdo de paz? ¿El de esa constituyente regimentada por las botas militares? ¿Se refiere a la hiperinflación incontrolable, las colas y escaseces motivadas por el control de precios? O, quizá se refiera al hecho de que Sendero Luminoso controlaba una tercera parte del territorio nacional, asesinaba a autoridades locales, hacía volar edificios y casas en los pueblos más alejados y Tarata y Palacio de Gobierno. ¿A eso se refiere Lynch? Tanto delirio y tanta irresponsabilidad son difíciles de entender.
Los representantes del proyecto bolivariano usando el deterioro de la clase política (algo evidente y que nadie puede negar) pretende acabar con la democracia y la única institución que ha funcionado en el Perú: el mercado. Su enemigo real es la libertad económica consagrada en la Constitución de 1993, pero terminar con ella, solo es posible enterrando a la democracia. De allí la esencia autoritaria del proyecto bolivariano.
Tratar de comparar la Constitución del 93 con la de 1979 es como comparar el cielo con el infierno. Antes de los noventa no solo nos azotó la hiperinflación y el terrorismo, sino que nuestras reservas internacionales eran negativas, hoy suman US$ 68 mil millones (ver artículo Quieren bajarle la llanta a la prosperidad). Otro dato para estremecernos: cerca del 60% de los peruanos era considerado pobre en tanto que hoy solo el 25%. La inflación promedio era de 1,187% mientras que ahora solo es de 2.5%. ¿Cuál acuerdo de paz? La maniobra bolivariana es más que evidente.
El modelo político y económico peruano se ha caracterizado por un impresionante crecimiento económico, reducción de la pobreza y la desigualdad, pero ese desarrollo no ha sido acompañado por una eficiente gestión pública de los políticos y de las instituciones. Se puede decir, entonces, que el mercado ha funcionado, pero los políticos han fallado.
Necesitamos, pues, una reforma política para que el espacio público acompañe y potencie todos los círculos virtuosos del desarrollo y del bienestar general. Pero de ninguna manera podemos dejar pasar la maniobra bolivariana. Queda claro, pues, que la indignación de los peruanos contra la clase política también tiene que ser contra los animadores del proyecto bolivariano que pretende resucitar el viejo velasquismo que convirtió a la mayoría de peruanos en mendigos.
Deberíamos aprovechar esta crisis para reflexionar sobre los ajustes que requieren nuestras instituciones públicas, empezando por los partidos políticos (Ver: La Trampa del Corto Plazo) y la estructura del propio Parlamento. En un momento de dificultad, la gente de buena voluntad, tiene que saber sacra lo mejor de cada uno. ¡Ojalá estemos a la altura de las circunstancias! L
