Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Para la correcta marcha, entendimiento y logro de resultados de cualquier organización, es esencial que se tenga claro, cuáles son los roles que le competen a cada institución de la misma. Que se tenga claro que el equipo que asuma la dirección y gestión, le plantee a su máximo organismo (Junta de accionistas o Congreso de la República, en representación del Pueblo), sus objetivos principales dentro del marco de su constitución, las metas anuales y proyectos a construir o ejecutar. Este marco regulatorio y plan de acción, son la piedra angular sobre la que se sustenta, no sólo el presupuesto anual, sino la ejecución de tareas y metas mensuales o trimestrales de avance de ejecución física y el reporte pormenorizado de la ejecución financiera, producto de estas tareas.
Los informes contables trimestrales y reportes pormenorizados de las principales actividades y obras de cualquier corporación listada en una bolsa de valores, están sujetos a revisión de auditores, los que, junto a sus acciones operativas, indicadores de eficiencia y avance de proyectos, con indicadores de seguridad y cumplimiento de metas parciales, físicas y financieras, se exponen al escrutinio de sus mandantes.
La Constitución del Perú, en su artículo 77°, da una gran importancia al Presupuesto General de la República, el 79° restringe la iniciativa de gasto a los congresistas, el 80° responsabiliza al MEF de sustentar el pliego de ingresos del presupuesto y a los demás ministros, de los egresos de su respectivo sector, igual que a los representantes de la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La Constitución es muy precisa respecto a los plazos para aprobar el presupuesto por el Congreso (30 de noviembre), caso contrario, el Ejecutivo aprueba por DL el proyecto que presentó. Igualmente indica, que la Cuenta General de la República, con informe de auditoría, se debe presentar al Congreso hasta el 15 de noviembre del año siguiente al de su ejecución, para su revisión, con un plazo de 90 días para pronunciarse (14 meses después de concluido el período presupuestal y que ya a nadie interesa), de forma que el Ejecutivo, promulgue el DL con dicha Cuenta General de la República, para el archivo, pero no se especifica que, el Ejecutivo, tiene la obligación de reportarnos el cumplimiento trimestral de las tareas a que se comprometió.
Como se puede observar, el propósito, los procedimientos y los plazos, son sumamente laxos y tienen más, un propósito burocrático, que uno de planeamiento, gerencia del Estado y de control de gestión. Mientras, los miembros del Ejecutivo se “van de alivio” y, para colmo, hacen campañas periodísticas en contra del Congreso por no producir leyes, como lo hizo Vizcarra en su momento, o la de estos días en el periódico “El Puka”, aliado del inefable ex PCM, olvidando que su jefe es “El Pueblo”, representado por el Congreso, cuyo objetivo central es fiscalizarlo y no funcionar como una fábrica de leyes.
Lo antes descrito, permite que tengamos ya prácticamente un trimestre, sin que alguien del Ejecutivo haya presentado un plan de trabajo pormenorizado, con metas precisas, con responsables identificados, tiempo de ejecución y presupuestos debidamente establecidos. No sólo eso, sino que, en ese lapso, el Ejecutivo “se dio un crédito suplementario de S/. 2,900 millones”, por DU y sin someterlo a la aprobación del Congreso, único responsable de tal acto y sin seguir las pautas del Consejo Fiscal.
Estando ya en octubre, tampoco hay propuestas claras para el año 2022, que detallen las tareas para completar y reforzar la vacunación, sin abandonar las otras responsabilidades sanitarias para con nuestra población, reactivar la inversión productiva e incrementar las oportunidades de trabajo decente, bien remunerado y acompañado de un adecuado plan de recuperación y fortalecimiento de las finanzas públicas. Hasta la fecha, ni una palabra del reinicio de proyectos de infraestructura paralizados, los que debieran completarse antes de iniciar obras nuevas y mucho menos, se trabaja en la convocatoria firme y seria a la inversión privada, que tanta falta nos hace.
Si los miembros del Ejecutivo fueran miembros de una empresa, ya todos hubieran sido debidamente despedidos por falta de capacidad, empezando por la cabeza.
Propongo que el gobierno se maneje con el mismo nivel de exigencia al que están sujetas las empresas serias:
- Presentar anualmente un Plan estructurado.
- Metas físicas y financieras cuantificables.
- Presentación pública de estos planes y programas.
- Revisión de auditoría trimestral.
- Reporte público trimestral de cumplimiento y explicación de las desviaciones.
- Adecuada gobernanza, control y sanción inmediata de faltas a la constitución como cambios en el presupuesto, sin la debida autorización.
- Separación y sanción de funcionarios, ante conflicto de intereses.
- Cierre anual de cuentas y reporte auditado al cierre de marzo de cada año.
- Identificación de los responsables de la falta de cumplimiento e inmediata destitución.
- La labor del Congreso debe estar centrada en la labor de fiscalización, tanto del gobierno central, como de los regionales y municipales.
No es posible que tengamos proyectos paralizados por varios años y que no se haya sancionado a los responsables, que el sistema de control a nivel nacional, no esté completamente en manos de la Contraloría y que ella no tenga capacidad sancionadora.
No es posible tampoco, que algunos miembros del Ejecutivo se hayan propuesto hacer creer a la población y trafiquen con la idea de que, su capacidad para hacer uso de la “cuestión de confianza” es ilimitada, yendo no sólo contra la lógica más elemental, puesto que no corresponde hacer “cuestión de confianza” sobre temas que no son de su incumbencia, como; cambios a la constitución o temas de responsabilidad exclusiva y excluyente de otros poderes. Se olvidan finalmente que, el Ejecutivo es el sujeto a fiscalización por parte de sus mandantes y no al revés.
Esto ya parece ¡los patos disparando a las escopetas! Lampadia
