Jaime de Althaus
Para Lampadia
Necesitamos definir primero el marco orgánico general y desprender de allí las normas electorales
Vale la pena resaltar la noticia de que el Congreso viene avanzando los trabajos para una reforma política y electoral. Cuando se conformó, dentro de la comisión de Constitución, el sub grupo de reforma electoral presidido por Patricia Donayre, surgió el temor de que dicha Comisión se abocara solo a la reforma electoral y no a la reforma política, que es la que realmente importa. Pero el discurso pronunciado por el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, en la Audiencia Pública que se convocó el viernes 11 sobre reforma electoral, despejó todas las dudas: “Quiero poner de relieve que estamos ante una tarea de corto, mediano y largo plazo, que implica no solo modificar normas de cara a los próximos procesos electorales, sino de afirmar las bases para posibilitar las reformas institucionales, que produzcan un cambio significativo en nuestro sistema político, desde el diseño institucional, el sistema de partidos políticos y la cultura política del país”. Y agregó: “…tenemos instituciones poco representativas y partidos políticos muy débiles, con una aguda y creciente fragmentación política”. Resumió así los temas que se vienen planteando y sobre los que la comisión deberá debatir:
- Un “shock institucional” o una revolución institucional
- La democracia interna de los partidos políticos y su institucionalización
- El control del financiamiento privado en las campañas electorales
- El rediseño de los distritos electorales y la creación del distrito electoral para los peruanos residentes en el extranjero
- La promoción de partidos “light” o el “sistema de partidos por impuestos”
- Las reformas necesarias a realizarse para los comicios electorales más próximos
Patricia Donayre, por su lado, informó que en la primera quincena de diciembre presentará a debate en la Comisión de Constitución el proyecto de Código Electoral que contiene los derechos y deberes de la ciudadanía, los candidatos y los partidos políticos. Pero solicitará a la Comisión de Constitución del Congreso una ampliación de 120 días para concluir con el conjunto de reformas que permitirán al país contar con un adecuado sistema de elecciones. Ese conjunto de reformas incluye posibles cambios constitucionales en los siguientes temas:
- Bicameralidad
- Voto preferencial
- Voto voluntario
- Renovación por mitades o tercios
- Circunscripciones electorales (distritos uni o bi nominales)
- Reelección municipal y regional
Hay, sin embargo, en esta secuencia un problema metodológico que no podemos soslayar. Por razones de calendario se está avanzando primero con las reformas electorales, pues se quiere tener listo el nuevo ordenamiento para las elecciones regionales y municipales del 2018. Pero desde un punto de vista ontológico, primero es la reforma política y de ella se deriva la reforma electoral. Habría que tener claro primero el sistema orgánico político-electoral que queremos, para desprender de allí la normatividad electoral. De lo contrario, podemos caer en el mismo vicio de siempre: dar medidas aisladas e incoherentes con el conjunto orgánico.
La definición del sistema orgánico depende, a su vez, de definir bien los objetivos que queremos con la reforma política y electoral. A juicio nuestro, esos objetos son:
- Construir un sistema de pocos partidos estables, superando la altísima fragmentación y volatilidad actual
- Construir adecuados sistemas de representación, es decir, canales eficientes de relación y comunicación entre representantes y representados, de modo los ciudadanos puedan canalizar adecuadamente demandas y preocupaciones.
- Mejorar las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo a fin de afianzar la gobernabilidad
Es cierto que el debate del sistema orgánico es complejo y requiere tiempo. Quizá se pueda avanzar la normatividad indispensable para ordenar mejor el proceso electoral mismo del 2018. Pero vemos que el proyecto de código electoral que se está elaborando es muy comprehensivo. Incluye lo que ahora es la propia ley de partidos, por ejemplo.
Y así debe ser, pero, repetimos, eso requiere definir previamente el esquema general. Por ejemplo, tenemos que emitir normas para las elecciones venideras, pero si lo que queremos es fortalecer el sistema de partidos, debemos tomar decisiones acerca de los movimientos regionales o locales, que en cada elección han venido creciendo a costa de los partidos. Decisiones acerca de endurecer los requisitos para su inscripción, o la exigencia de que participen en varias regiones, por ejemplo. Sobre esto no parece haber nada en el proyecto de código electoral elaborado.
Sobre los partidos, debemos definir si queremos poner las barreras en el número de firmas para su inscripción o en el número de comités físicos activos, o más bien en que presenten candidatos a un mínimo de circunscripciones, por ejemplo.
De otro lado, los capítulos del proyecto de código electoral sobre los candidatos al Congreso y sobre los procesos electorales, suponen una definición previa acerca de la circunscripción electoral, es decir, si vamos a ir a un sistema de distritos uni o bi nominales por ejemplo, lo que podría requerir una modificación constitucional previa. Las propias cuotas de género o de comunidades dependen de esa definición.
En suma, sin dejar de avanzar las normas electorales indispensables para el próximo proceso, es indispensable concentrarse desde ahora en la discusión mayor acerca del sistema político-electoral que queremos, que es un sistema orgánico, para tener las definiciones necesarias que nos permitan desprender luego las reformas específicamente electorales. Pero eso requiere compromiso. Requiere que los partidos políticos presentes en el Congreso realmente tomen este asunto en serio y realicen discusiones internas sobre la base de propuestas bien elaboradas. Todos, comenzando por Fuerza Popular, cuyo aporte a la construcción institucional sería bien recibido.
Lampadia
