Apenas asumió Enrique Peña Nieto la Presidencia de México, el 2 de diciembre del 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRDN) y el Partido Verde Ecologista firmaron el Pacto por México, con el objeto de transformar de raíz la sociedad y acercarse a su potencial de desarrollo. Los políticos mexicanos pusieron por delante el futuro del país y las diferencias se guardaron en las gavetas partidarias. En una sociedad que se consideraba recelosa para realizar reformas debido a los ecos estatistas de la Revolución mexicana, y el poder del Sindicato de Educación, hoy algunos proyectos trascendentales están a punto de aprobarse: las reformas en Educación, Telecomunicaciones, Energía y Petróleo y tributaria.
El Pacto por México le permite al gobierno lo que parece imposible: reformar la Constitución mexicana abriendo los candados estatistas y derribando los muros que impiden la participación del sector privado, por ejemplo, en el tema petrolero. Es decir, las reformas que Peña Nieto impulsa serían inviables sin el mencionado pacto. Además, el acuerdo señalado otorga al presidente un respaldo político impensado para llevar adelante las reformas. Aquí se grafica con absoluta claridad la importancia de los pactos y los acuerdos para la gobernabilidad de una sociedad. México, y la historia de España y Chile, por ejemplo, nos dejan lecciones clarísimas.
Como parte de este proceso, el Congreso mexicano aprobó la reforma educativa para crear el Sistema de Servicio Profesional Docente y elevar a rango constitucional el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es decir, se establece un sistema de evaluación, nombramiento y promoción de docentes basado en la meritocracia. Semejante propuesta busca quebrar el control y la dictadura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), uno de los gremios más poderosos y corruptos del mundo que, de alguna manera, siempre tuvo voz y voto en los pasillos del Palacio de Gobierno y decidía quién era maestro, director o funcionario educativo. Hoy los activistas del SNTE quieren incendiar las calles aztecas con protestas y desmanes para bloquear la reforma, pero el Pacto por México es una muralla que la respalda.
La iniciativa del gobierno para reformar el sistema de telecomunicaciones que fomenta la competencia en la televisión, radio, telefonía fija y móvil, servicios de datos y telecomunicaciones, también se respalda en el Pacto por México. La promoción de la competencia en el sector afectará a diversos grupos que, tradicionalmente, expandían sus negocios sobre la base de contactos en el Estado. Como se aprecia, las reformas en México van restando poder a diversos tipos de grupos mercantilistas, ya sean sindicatos o grupos empresariales.
Con respecto a la industria petrolera, el presidente envió en agosto una propuesta de modificación constitucional que viabiliza la inversión privada en este sector-por primera vez desde 1960- para poner fin a la prohibición se puedan celebrar contratos para extraer petróleo y gas. En México la producción petrolera viene reduciéndose sostenidamente y el gobierno quiere terminar con el monopolio de Pemex, que no tiene ni los recursos ni la experiencia, para aprovechar las reservas de petróleo del Golfo de México. Igualmente, la reforma planteada en el sector eléctrico apunta a que las empresas privadas puedan invertir en generación, aunque la distribución seguirá bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad.
En materia fiscal el gobierno de Peña nieto plantea audaces medidas tanto en el manejo del gasto como en lo tributario. En el primer caso, propone modificaciones importantes a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer una regla de balance estructural para la economía mexicana que otorgue mayor fortaleza a la conducción macroeconómica. De esta forma, se busca una mayor calidad y eficiencia del gasto público. Otro aspecto destacable es la creación de un Fondo de Ahorro Soberano que sirva para cubrir contingencias estructurales de mediano plazo en los ingresos o gasto públicos. En el segundo caso, la reforma tributaria incluye aspectos positivos como la eliminación de impuestos anti-técnicos como el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto sobre Depósitos en Efectivo (IDE), y ahora serán gravados con el IVA (que es de 16%) otro tipo de bienes o servicios que antes estaban exonerados.
Finalmente, el gobierno ha establecido los primeros pasos para transformar el enfoque asistencial de los beneficios sociales por el reconocimiento de derechos universales para los ciudadanos. Así, se busca mejorar la calidad de vida de los mexicanos, a través de “una red de protección social universal, que incluye un sistema de Seguridad Social Universal, y la propuesta de una pensión universal y un seguro de desempleo para los trabajadores formales.
El documento Criterios Generales de Política Económica 2014 del gobierno mexicano remarca que se prevé un incremento en el flujo de capitales hacia México como consecuencia de las reformas estructurales impulsadas. Como se puede apreciar, México está reorganizando la sociedad y el estado, con algunas reformas mejor diseñadas que otras, pero poniendo por delante los intereses nacionales y el futuro con un pacto histórico. Si bien México todavía tiene reformas que ejecutar, sobre todo en lo relacionado a instituciones, seguridad, corrupción y narcotráfico, es evidente que los mexicanos han decidido, como se dice, agarrar el rábano por las hojas para recuperar el carro de la competitividad. Una clara enseñanza para el gobierno peruano y los partidos políticos que hoy dialogan e intentan desarrollar acuerdos.
Como era de esperar, a más reforma, más resistencia. Pero hasta ahora el gobierno y los firmantes del pacto, están resistiendo las presiones. ¡Suerte a México, ya es hora de que los latinoamericanos vayamos incorporando más racionalidad y menos romanticismo en los asuntos públicos!
