Por Benedict Mander. Corresponsal del Cono Sur
Financial Times
(El Comercio – Portafolio, 25 de febrero de 2015)
Michelle Bachelet, presidenta de Chile, regresó al poder en 2013 debido a sus promesas de combatir la desigualdad y terminar con los fuertemente enraizados privilegios que disfruta la élite tradicional del país.
Así que la credibilidad de su gobierno sufrió un serio golpe cuando Sebastián Dávalos, el hijo mayor de esta madre soltera, fue acusado a principios de mes de usar su influencia para asegurar un préstamo bancario. El revuelo fue tan grande que se vio obligado a renunciar la semana pasada como director de una fundación caritativa normalmente dirigida por la primera dama de Chile.
Lamentando este “momento amargo”, Dávalos admitió que el escándalo podría dañar no solo al gobierno, sino a la misma presidenta, cuya popularidad se ha hundido a bajas récord en medio de una desaceleración económica motivada por la baja en precio del cobre, la principal exportación chilena.
En juego está la ambiciosa agenda de reformas dirigida contra la inequidad, que se ha mantenido alta a pesar de un crecimiento económico excepcional en las últimas décadas. Los elementos más controvertidos de su agenda, especialmente en educación, han sido rebajados por la facción moderada de su coalición de centroizquierda, cuyo apoyo necesita para impulsar nuevas leyes en el Congreso.
“Con este escándalo, los moderados probablemente adquirirán más fuerza, ya que Bachelet no va a ser capaz de mover legítimamente la coalición más hacia la izquierda”, dice Patricio Navia, un politólogo en New York University.
“La familia de Bachelet estaba usando el mismo tipo de acceso privilegiado que ella criticó tanto en su campaña”, explicó.
Para muchos chilenos, la habilidad de Dávalos para asegurar un préstamo por US$10,4 millones para el negocio de su esposa del Banco de Chile, después de reunirse con su vicepresidente Andrónico Luksic – que es uno de los hombres más ricos de Chile y cuya familia controla el banco – es un ejemplo elocuente de la extensión del privilegio en el país. El préstamo se aprobó el día después de que Bachelet ganara las elecciones presidenciales.
El escándalo es un bono para la alianza opositora de derecha en Chile, que se ha lanzado sobre el llamado “nueragate”. No solo quedo débil la oposición después de haber sido aplastada por la coalición de Bachelet en las elecciones presidenciales del 2013, sino que también ha sido golpeada por un dañino escándalo sobre sus propias finanzas de campaña.
Pero Navia añade: “La verdadera oposición a Bachelet no es la alianza de derecha, sino los Demócratas Cristianos en el senado”.
Dice que el grupo más moderado de la coalición en el poder ha tenido éxito en asegurar que las reformas de Bachelet sean “mucho menos radicales de lo prometido”.
De hecho, con su cómoda mayoría en el Congreso, la oposición ha sido incapaz de impedir que la coalición en el poder, Nueva Mayoría, empuje importantes reformas en el Congreso. El año pasado fue aprobada una reforma tributaria que habilitará al estado a recolectar US$8 mil millones más al año, principalmente de negocios, mientras que las reformas de educación, que son un elemento clave de la agenda de Bachelet, están cerca de ser aprobadas.
Ahora, los negocios en particular tienen su mirada en las reformas laborales controversiales, que deberán debatirse en el Congreso más adelante en el año. Los críticos dicen que las reformas propuestas simplemente reforzarán el poder de los sindicatos, que solamente representan cerca del 15% de los trabajadores. Lejos de mejorar el empleo y la productividad, las reformas arriesgan aumentar el desempleo y los conflictos laborales, dicen.
“Sería muy difícil hacer las reformas que el gobierno está tratando de implementar sin encontrar problemas y generar incertidumbre”, dice José de Gregorio, anteriormente director del banco central. Aunque el gobierno ha tenido que luchar para calmar los miedos de los inversionistas, especialmente acerca de la reforma tributaria, “hoy muchas de esas dudas se están disipando”, insiste.
El optimismo de Gregorio es compartido por instituciones de Wall Street tales como Standard & Poor’s y JPMorgan, quienes han argumentado recientemente que la economía está a punto de mejorar. JPMorgan subió su predicción de crecimiento para 2015 de 2,3% a 2,7%, conforme los precios más bajos del petróleo ayudan a compensar la caída de los precios del cobre, después de un crecimiento del 1,8% el año pasado.
Sin embargo, Felipe Larraín, ministro de finanzas en el anterior gobierno de Sebastián Piñeira, señala que la economía ha sufrido un “aterrizaje duro” después de haber promediado 5,3% de crecimiento de 2010 a 2013.
“En este complicado escenario, la reforma laboral es solo una cosa más. Con la reforma tributaria, todo marcha en la misma dirección”, dice, argumentando que el aumento en los costos del empleo y producción está actuando como un desincentivo para la inversión, que ha estado cayendo en los últimos seis trimestres. “Creo que Chile puede hacerlo mucho mejor”, dijo.
