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Lima-Perú, 11/03/2015 a las 04:03pm. por Lampadia

El escándalo de Petrobras evidencia agotamiento de modelo izquierdista

El Estatismo alienta la corrupción e ineficiencia

Brasil se halla en estado de shock. La conmoción se produjo al hacerse público el escándalo del Petrolao o Lava Jato a mediados del año pasado. El caso de corrupción más grande del país (en el que se habría desviado unos 10,000 millones de reales -US$ 3,850 millones- en sobrefacturación de obras y contratos de la gigante Petrobras) amenaza con arrasar el alicaído prestigio en los partidos políticos brasileños (en especial el del oficialista Partido de los Trabajadores de Lula da Silva), pero también el de las más importantes empresarios cariocas. El Petrolao ha contaminado a la política y a la economía sumiéndolas en un pozo de brea del que pocos saldrán fácil y limpiamente. De paso se está afectando gravemente el desarrollo futuro del gigante de América del Sur. 

El origen y las causas de esta trama corrupta se hallan, cuando no, en la ideología y principios que profesa y propugna la izquierda latinoamericana: el estatismo y proteccionismo. En primer lugar, Petrobras es una empresa estatal. La compañía produce más del 90% del petróleo de Brasil, posee todas las refinerías, opera más de 34,000 kilómetros de oleoductos, domina la distribución al por mayor de la gasolina y el diesel y es hasta el dueño de la mayor red de estaciones de servicio. Tiene cerca de 220 mil proveedores. Es obvio que una empresa de tal magnitud, de propiedad del Estado, no tenga las mejores prácticas de gobierno corporativo que son el estandard en el sector privado. Además, una compañía sin dueños o accionistas se presta para la contratación de partidarios y amigos, como empleados y proveedores, sin el afán de control interno que caracteriza al sector empresarial.

Si Petrobras fuera una corporación privada, difícilmente se involucraría en un escándalo de tamaña magnitud. En primer lugar, porque los controles serían mucho mejores y porque el propio Estado estaría encima supervisando sus operaciones. Es claro que en este caso, existe un evidente conflicto de intereses, en donde el Estado debe controlar al Estado (partidario a partidario). Peor aún, los funcionarios de la petrolera son nombrados a dedo y por conveniencia política. Es obvio entonces que se tapen, protejan y se cree el clima que permita la corrupción (en el arca abierta, el justo peca).

Difícilmente en una empresa privada se produciría la adquisición de un hueso como la refinería de Passadena en Estados Unidos. En el 2006 Petrobras (siendo presidente de esta empresa, Dilma Rousseff) adquirió por 360 millones de dólares la mitad del capital de esta refinería, que un año antes había sido comprada en su totalidad por 42.5 millones de dólares por la firma belga Astra Oil. Posteriormente, Petrobras fue forzada a desembolsar otros 820 millones de dólares para comprar la otra mitad a Astra Oil debido a una cláusula en el contrato que obligaba a la brasileña a adquirir el otro 50 % en caso de divergencias entre los socios. Una sobrevaloración de 36 veces.

Esta operación muestra la falta de transparencia y el afán de lucro de los funcionarios antes que el bienestar de la compañía. Esto es lo que ocurre en las empresas estatales, por esta razones, entre otras, suelen destruir la economía de sus países (vean PDVSA y PEMEX).

La opacidad de las adquisiciones y compras son la causa del Petrolao. Petrobras “licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas, en aplicación de la política “Compre Nacional”, puesta en marcha por la ahora presidenta Dilma Rousseff cuando era ministra de energía”, recuerda El País. Asi, las principales compañías constructoras brasileñas se asociaron indebidamente para hacerse con las licitaciones. Estas establecieron el pago del 3% de las obras para empresarios y políticos. Luego el dinero se reintroducía blanqueándolo a través de negocios como cadenas de gasolineras, hoteles y lavanderías.

Buena parte de este dinero se destinó para financiar a partidos políticos, sobre todo al PT.  Es por ello, que el Fiscal que ve el caso está acusando a 54 políticos brasileños, unos cien empresarios y 232 empresas, entre ellas las gigantes Odebrecht, Queiroz Galvao, Camargo Correa, Mendes Júnior, OAS, Iesa, UTC Participacoes y Engevix.

Lo trágico del asunto es que este escándalo se produce en medio de una agitada coyuntura económica que se alimenta, en parte, por el propio escándalo. Por eso señalaba El País “Mientras, el país y sobre todo la clase política viven en suspenso esperando el listado completo de involucrados (…), el Gobierno maniobra en dos frentes para tratar de detener la turbulencia política y la sangría económica. Para lo primero, Rousseff se ha reunido con los líderes de sus partidos aliados en el Congreso y en el Senado a fin de pedirles apoyo, recordándoles, entre otras cosas, los cargos que les ha otorgado. El miércoles, el Senado rechazó una medida de ajuste fiscal que el ministro de Economía brasileño juzgaba indispensable para salir del estancamiento. En la vertiente económica, el Gobierno lucha para que las agencias de calificación no rebajen la nota de Brasil, para que el dólar no se dispare aún más (superó la barrera de los 3 Reales por dólar cuando durante casi cinco años se mantuvo en 2.5) y han subido las tasas de interés (algo que prometió no hacer durante la campaña) para contener la inflación”.

Las medidas son urgentes, como ha indicado The Economist, en los últimos años la economía de Brasil ha decepcionado. Creció sólo un 1.2% al año, en promedio, durante el primer mandato de Dilma Rousseff (2011-2014), una tasa de crecimiento más baja que la mayoría de sus vecinos, y peor aún si se la compara con China o India. El año pasado el PBI apenas habría crecido (y puede que haya caído). Es casi seguro que se contraeráel 2015”.

Y toda esta situación por aplicar políticas que se alejan de la racionalidad y que siguen preceptos errados que no solo impiden el crecimiento, sino que como ejemplifica bien el Petrolao alientan la corrupción. Por eso no se entiende que en el Perú se aliente y hasta se exija que Petroperú se convierta en una Petrobras. Actualmente, a la petrolera nacional se la ha despojado de una serie de controles. No rinde cuentas al Fonafe, sus procesos de licitación no pasan por el aro del OSCE y no se rinden cuentas a la Contraloría. Un exceso inaceptable diseñado paraque algunos hagan lo que les de en gana.

Haciendo oidos sordos de realidades incontrastables, un pequeño grupo de miembros de la izquierda tradicional peruana, acaban de presentar al Jurado Nacional de Elecciones, 64,000 firmas para que se permita el crecimiento de Petroperú y se impida la participación del sector privado en su accionariado.

Y eso es lo que no se quiere entender, no solo crece la corrupción, sino que se desalienta la participación de los capitales privados (crowding-out) que es beneficiosa para la economía de cualquier país y que siempre puede ser debidamente controlada por el Estado. Lampadia

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