Hugo Díaz Diaz
Expresidente del Consejo Nacional de Educación
Para Lampadia
Especialmente desde que empezó el gobierno del profesor Castillo la implementación de la Carrera Pública Magisterial ha sido objeto de medidas que atentan en contra de la meritocracia y del objetivo que los estudiantes aprendan lo que necesitan para vivir en una sociedad con mayores complejidades, desafíos e incertidumbres.
La Carrera fue concebida como un proceso en el cual ningún docente ingresa, permanece, asciende de escala y es promovido de cargo sin previa evaluación de sus méritos. Es una exigencia diferente a las que establecía la antigua Ley del Profesorado en donde el principal factor de ingreso y progreso era la antigüedad.
Cuando comenzó la implementación de la Carrera Pública Magisterial se abrieron para el docente oportunidades de mejores remuneraciones y de desarrollo profesional.
Al principio fueron pocos los que se animaron a postular al ingreso debido a que la nueva Carrera les generaba ciertos temores e inseguridades, naturales en una profesión que había caído en calidad de postulantes y de formación. Sin embargo, esas dudas fueron venciéndose, al comprender la mayoría de los docentes que evaluar periódicamente su trabajo era favorable para él y sus estudiantes.
La prueba está en que las convocatorias para el ingreso atraían a cerca o más de 200 mil postulantes y las de ascenso a más de 100 mil. Para concursar los maestros tienen que prepararse. No hay estimaciones de la inversión que realizan por cuenta propia en capacitación, pero posiblemente superan las que hace el Estado.
¿Se debe aceptar el ingreso a la Carrera sin ser evaluado? Con las imperfecciones que puede haber tenido su proceso de implementación es evidente que hacer respeto riguroso de los principios que sustentan la Carrera; en especial, los relacionados con el mérito y la evaluación resultan claves en un sistema educativo que clamorosamente necesita elevar y mejorar la calidad de sus resultados.
Es por esta razón por la que no dejan de sorprender las medidas que especialmente el Congreso de la República viene dando.
Un ejemplo es la reciente aprobación por insistencia de una Ley que permite a docentes que en su momento desaprobaron o no se presentaron a la evaluación, ingresar a la Carrera siempre y cuando aprueben un examen que no tendría los niveles de exigencia que normalmente se aplican. No solo es un pésimo precedente para el resto del magisterio nacional, sino que también queda la duda del destino de los estudiantes que estén a cargo de esos profesores. Es verdad que los logros de aprendizajes dependen de varios factores, pero uno determinante es el docente: el probadamente competente llevará a sus alumnos a progresos más allá de los esperados; el no competente podría arruinarles la vida.
Demandar la derogatoria de la norma ante el Tribunal Constitucional o prolongar por largo tiempo la reglamentación de la Ley son opciones que el gobierno tendrá que evaluar.
¿Se planifica eficientemente la creación de plazas docentes?
La estadística oficial del Ministerio de Educación publicada en www.escale.gob.pe, informa que entre los años 2008 y 2023, la matrícula pública de la educación básica regular creció en 248,800 alumnos y que los docentes se incrementaron en 99,100; es decir, por cada 2.5 nuevos estudiantes se creó una plaza docente. Normalmente se crea una plaza docente por cada 25 a 30 nuevos alumnos. La incorporación de nuevos docentes en el período analizado ha hecho que la relación de alumnos/docente sea mejor que las de muchos países de la OCDE y descienda en ocho puntos en inicial, siete en primaria y cuatro en secundaria. No obstante, la relación alumnos/docente puede ayudar a mejores resultados, pero estos dependen nuevamente de la calidad del docente y liderazgo en su especialidad, en lo humano, social, la capacidad de relacionamiento con sus estudiantes…
Será conveniente evaluar si debe seguir insistiéndose en esa política de incrementar el número de docentes sin los sustentos sólidos y sin una visión de lo que será la escuela del futuro; por ejemplo, se vislumbra que será más multiprofesional y que el currículo daría más importancia a los aprendizajes transversales. El impacto del bono demográfico todavía se mantiene y la tendencia es hacia una estabilización de la matrícula en la educación básica, sobre todo porque las tasas de escolarización en primaria ya son prácticamente universales y porque en inicial y en secundaria se va por ese camino. Indudablemente hay que reemplazar a los que se retiren, incrementar plazas en las áreas formativas estrictamente necesarias y en aquellas ofertas desatendidas; por ejemplo, la educación de jóvenes y adultos, la formación técnico profesional, la educación especial.
¿Qué porcentaje de contratados debería haber en el sistema educativo? Desde hace aproximadamente una década, las políticas de creación de plazas docentes han dado preferencia a la modalidad de contrato. Fue una situación que llevó en el año 2022 a contar con casi 200 mil docentes contratados (47% del total). La desventaja es que son docentes expuestos a una alta rotación, que no saben si al año siguiente seguirán trabajando en la misma escuela y con los alumnos que atendía.
La principal aspiración del docente contratado es ser nombrado. Es la razón por la que la gran parte de ellos intenta cada año un nombramiento, y de no ser posible, renovar su contrato. Hasta antes de iniciarse la pandemia, el porcentaje de docentes que ganaba un nombramiento era muy bajo: alrededor del 5% en los cuatro concursos organizados entre los años 2015 y 2019. El concurso iniciado el 2023 y que culminó recientemente el 2024, benefició con el nombramiento al 38% de los postulantes. Las razones por las que la tasa de nombrados se multiplicó por entre siete y ocho veces hay que investigarlas; es de esperar que no sea por haberse reducido el nivel de exigencia de la evaluación.
Lo que demanda el sistema educativo es que para los nombramientos y para los contratos existan políticas sustentadas en las necesidades reales y con visión de futuro. Decisiones sin esas fundamentaciones pueden incidir en una elevación de la partida de remuneraciones en el presupuesto público de educación que terminen reduciendo los recursos para otros gastos también importantes. En la estructura del presupuesto de educación el 85% del presupuesto se destina a remuneraciones, obligaciones sociales e inversión en infraestructura y equipamiento; únicamente 15% a calidad educativa, cierre de la brecha digital y acciones pedagógicas. Salvo casos muy excepcionales, el sistema no requiere profesores contratados en la educación inicial y en primaria; pero si en la secundaria y en otras modalidades y niveles del sistema educativo. La pregunta que mercería una respuesta es si en el Ministerio de Educación hay claridad sobre estas necesidades, si existe sustento suficiente en un anuncio como el realizado por el presidente del Consejo de Ministros en su presentación ante el Congreso de la República respecto a que 50,000 plazas para el ingreso a la carrera magisterial se pondrán a concurso este año.
En conclusión: Como todo proceso disruptivo, la Ley de Carrera Pública Magisterial está sujeta a muchas mejoras, pero en ningún caso a retrocesos. Los esfuerzos por crear conciencia en el magisterio estatal de seguir sus principios no pueden echarse por la borda. Más bien es recomendable comenzar con una revisión de su marco normativo que ha estado sujeto a muchas modificaciones y a perfeccionar los procedimientos de evaluación. Lampadia
