Jaime de Althaus
Para Lampadia
Escribo este artículo luego de conversar con varios gestores educativos. Resulta que después de más de un año de múltiples mesas de diálogo con las diferentes asociaciones para consensuar las modificaciones necesarias sobre el funcionamiento de las escuelas privadas, el gobierno ha promulgado el 8 de enero último, en forma sorpresiva y olvidando todo lo coordinado con las asociaciones, el Decreto de Urgencia n° 003-2020. No importa que sea el peor momento, presupuestos ya definidos y colegios organizados para enfrentar el 2020 de acuerdo a los lineamientos que el propio MINEDU dio hace unos meses
El mencionado DU sustenta su necesidad en que es indispensable tener una norma que permita el cierre inmediato de los centros educativos ilegales. Pero en sus casi cinco páginas solo hay tres párrafos dedicados a los establecimientos ilegales, lo que hace evidente que la intención ha sido regular inconsultamente a un sector ya sobre regulado.
Sobre regulación junto con falta de oferta estatal
Se afirma que las normas vigentes no aseguran condiciones mínimas para ofrecer servicios educativos y así lo vienen repitiendo autoridades del MINEDU en los medios. Pero es al revés. Hay tantas normas y tan absurdas algunas de ellas, que provocan sea la ilegalidad, sea la informalidad de incumplimiento en colegios autorizados. Sería bueno que los funcionarios hicieran una pasantía en colegios no estatales para que sepan lo que es operar en medio de la selva normativa. Es heroico. Lo que sucede es que cuando el Estado sobreregula y además no construye nuevos colegios para atender la demanda, los particulares lo suplen de cualquier manera. La realidad termina desbordándose, exactamente igual a lo que ocurre con el transporte público o la minería ilegal.
Matando la inversión
Como parte de la solución al problema, ahora se le ha ocurrido al MINEDU que, al recibir un expediente solicitando algún tipo de autorización, vencido el plazo, considera la solicitud denegada. Es decir, silencio administrativo negativo. El Estado propone los requisitos para el trámite, propone el plazo para revisar el expediente, se vence su propio plazo y el administrado recibe una negativa sin que siquiera su expediente haya sido visto. ¿Quién va a invertir así? Es obvio que las personas que hacen estas normas jamás han arriesgado dinero de su bolsillo para dar trabajo.
Ni autonomía ni calidad
La elaboración de los planes de estudio se sujeta a lo que diga el MINEDU. Es decir, cero apoyos a la creatividad e innovación. Sólo el Estado, que ni siquiera puede administrar sus colegios, es competente para decir cómo se deben hacer las cosas.
De otro lado, se ha perdido la oportunidad para permitir que especialistas con bachillerato de una especialidad no docente puedan ser profesores. Es hora de reconocer que su formación es superior a la de los maestros en general, en particular respecto a los formados en institutos pedagógicos. El MINEDU no se atreve a poner a los estudiantes y a la calidad de la educación como el objeto principal de su labor.
Ataque a los colegios de sectores medios y populares
Durante las mesas de diálogo con las asociaciones, las autoridades del MINEDU siempre reconocieron, muy compungidas, el serio problema de los colegios de sectores medios y populares que no pueden cobrar las pensiones, ya que una demagógica ley prohibió suspender el servicio, pero decían que se requería de precisamente de una ley y ellos no eran el Congreso. Pues bien, este DU era el instrumento que necesitaban para arreglar el problema, pero en lugar de ello han consagrado la cultura del no pago, así como la prohibición de retener las libretas.
Lo mismo respecto a la escala de multas, la cual está pensada para los cinco colegios más caros del Perú. Siempre de espaldas a la realidad, sobre todo a la realidad más necesitada. El 99% de colegios cobra menos de S/ 1,000 de mensualidad. El tema de la morosidad es gravísimo en los NSE C y D, que conforman más del 60% de la oferta privada y cobran en promedio menos de S/ 200 al mes, justamente aquella oferta que cubre la demanda que el Estado no es capaz de atender. Estos colegios han demostrado en las últimas ECE y PISA que sus resultados son mejores a los del sector público (ver artículo de José Urbina en Lampadia: Públicos y privados aliados por la educación:
- En el caso de Lectura, las instituciones educativas privadas han alcanzado 457 puntos, mientras que las que pertenecen al sector público apenas 381. Si solo se consideraran los logros del sector no estatal a nivel de la región, nuestro país ocuparía el 1° lugar en Latinoamérica, por encima de naciones líderes en esta área como Chile (452), Uruguay (427) y Costa Rica (426).
- Lo mismo ocurre en Ciencias, con 452 puntos para los colegios privados y 388 para los públicos
- Así como en Matemáticas, con 450 puntos para los privados y 383 para los públicos, respectivamente.
No importa, igual hay que atacarlos y ponerles vallas infranqueables.
El ministerio de Educación gobierna los aprendizajes. Pero tendría que comenzar por adquirir un aprendizaje fundamental: que no se puede dar normas sin consultar y sin conocer la realidad. Es increíble que después de tantos años no se aprenda esta lección tan elemental. Lampadia
