EDITORIAL DE LAMPADIA
Vizcarra y el Congreso: dame que te doy
El presidente Vizcarra arremetió ayer contra el Congreso acusándolo de haber traicionado al pueblo por no haber alcanzado 87 votos para eliminar la inmunidad parlamentaria y no haber puesto en agenda el impedimento a postular al Congreso a todo aquel que tenga sentencia en primera instancia. El Congreso entonces decidió devolver el golpe y aprobó anoche por 110 votos una ley de reforma constitucional que le quita inmunidad al Presidente (Art. 117 de la Constitución), pues podrá ser acusado por delitos contra la administración pública durante su mandato, y le quita a los ministros el antejuicio por “infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado” (Art. 99).
Presidente, ministros y congresistas necesitan protección constitucional
Esto puede tener efectos muy nocivos para la gestión pública, pues si los ministros no van a tener esa protección, ninguna persona de prestigio va a aceptar una cartera porque no va a poder gestionar y va a salir de cargo con decenas o centenas de juicios. Lo mismo en el caso del Presidente de la República. Pero los congresistas también necesitan una protección, porque de lo contrario pueden ser amedrentados y anulados. La reforma aprobada elimina la inmunidad (la Corte Suprema ve directamente cualquier acusación por delito común), pero sí mantiene una protección al establecer que los parlamentarios no pueden ser procesados por las acciones legislativas o fiscalizadoras “u otras inherentes a la labor parlamentaria”. Tendría que precisarse los alcances de esta protección para que no sea usada para cubrir el tráfico de influencias, por ejemplo.
Asimetría, excesos presidenciales e infantilismo congresal
Sin embargo, se ha creado una asimetría a favor de los congresistas: al Presidente y a los ministros se les elimina la protección constitucional por delitos de función, pero a los congresistas no: se les mantiene la protección del art. 99. Lo que hemos tenido aquí es un doble exceso presidencial (al apelar al manido recurso confrontacional cuando el Congreso ya iba a reconsiderar los temas, y al convocar a referéndum para aprobar la reforma de la inmunidad parlamentaria, algo que no está entre sus atribuciones), respondido con infantilismo congresal, pues la respuesta es muy destructiva. Aunque todavía falta la segunda votación, por cierto. Ojalá se retome la cordura.
Presunción de inocencia
De otro lado, el Presidente anunció que enviaría un proyecto de ley para que quien tenga sentencia en primera instancia por delito doloso no pueda postular a ningún cargo electo. A nuestro juicio tal proyecto hubiese sido inconstitucional, pues afectaba el derecho fundamental a la presunción de inocencia, derecho que no debe ser recortado en un país donde muchas personas condenadas en primera instancia luego son absueltas en segunda instancia, y donde los jueces pueden estar al servicio de intereses delictivos o políticos. No obstante, el Congreso aprobó por 111 votos una modificación constitucional en ese sentido, y sin ninguna limitación. Todavía falta segunda votación también, pero si se aprueba podrá ser usada para sacar de carrera a políticos incómodos o rivales.
Salida política
Si el Presidente realmente piensa que “Ningún país en el mundo puede salir de la pobreza con instituciones débiles”, como dijo, debería centrar sus arengas en que se elimine el voto preferencial -por donde se cuelan las mafias- y aprobar las reformas de gobernabilidad como la bicameralidad y la de elegir el Congreso junto con la segunda vuelta. Pero ni las mencionó. Como siempre, su anuncio de referéndum y su requerimiento al Congreso fue también una salida política para escapar del tema del coronavirus, donde no le están saliendo las cosas al punto que hasta el alcalde Jorge Muñoz ha pedido un cambio de gabinete, para retornar a la arena que siempre le fue rentable: confrontar al Congreso. Ojalá lo hiciera por las leyes populistas que se aprueban.
Lampadia
