EDITORIAL DE LAMPADIA
El gobierno acaba de publicar un decreto legislativo sobre los contratos entre los colegios privados y los padres de familia, abiertamente atentatorio contra la propiedad privada, la libertad de empresa y la Constitución. En efecto, el DL 1476 interviene groseramente los mencionados contratos obligando a las partes a modificarlos y estableciendo que si los padres no aceptan los nuevos términos tienen derecho a exigir la devolución de una serie de pagos que se hicieron incluso con años de anterioridad, lo que sin duda llevará a la quiebra a muchas instituciones y dejará sin escuelas a aquellos a quienes pretendía beneficiar. El zarpazo intervencionista es tal que, de mantenerse, este DL puede ser el fin de la inversión privada en la educación.
Con cargo a realizar un análisis más detallado del DL, lo que salta a la vista es la abierta violación del artículo 62º de la Constitución:
“La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.
El gobierno viola además el derecho constitucional a la libertad de empresa y a la reserva tributaria. Es cierto que la situación de los padres y los colegios es muy complicada, pero esa misma situación ya había llevado a renegociar en la mayor parte de casos. La renegociación tiene que ser voluntaria. Y si bien la cuarentena escolar permanente hasta fin de año generó una situación de tensión y desconfianza entre los padres de familia y los colegios, la verdad es que esa desconfianza fue alimentada en cierta medida por Ministerio de Educación (Minedu). Ello ocurrió con amplia difusión en medios y con la siempre cordial colaboración del INDECOPI, que desde el primer día no tuvo mejor idea que enfrentar a los padres con los colegios.
Por supuesto que los padres tienen problemas serios. Los colegios también. Pero el MINEDU se había demorado, incluso incumpliendo los propios plazos de sus normas, en dar los lineamientos que le correspondía. El Gobierno ha ido alargando la cuarentena de a pocos. Sin embargo, desde el primer día se demandó a los colegios que bajen los precios en porcentajes imposibles, pagando a sus profesores sin cobrar, pero sin tener idea clara de cómo iba a ser la nueva realidad.
El Presidente Vizcarra anunció el 22 de abril que el año escolar iba a ser virtual, probablemente hasta fin de año. Pero la norma con los nuevos lineamientos para el 2020 recién se publicó el sábado 26 de abril por la noche, dando 7 días, que incluían dos feriados -que se cumplieron el sábado 2 de mayo-, para presentar el nuevo plan de recuperación.
Para los colegios era realmente muy difícil, sin esa norma, plantear un nuevo plan de pensiones a los padres. Se han pasado todo el mes de abril trabajando incesantemente para ajustar su servicio a distancia y rehacer sus costos, cada uno desde su perspectiva y particular realidad. Hay colegios con y sin fin de lucro, religiosos y laicos, de bajas y altas pensiones, nacionales y extranjeros, etc. Cada colegio se ha ido manejando con sus padres de la mejor manera posible. Ninguno quiere perder alumnos y todos quieren poder funcionar el 2021.
Pero el MINEDU, INDECOPI, las asociaciones de protección al consumidor (que viven de las multas de INDECOPI) hicieron lo imposible por desprestigiar a la educación privada e incitar a los padres de familia. Populismo clásico. Han cuestionado a los colegios de bajo costo por no dar un servicio a distancia de “calidad mínima”, como si “Aprendo en Casa” fuera suficiente o siquiera comparable al trabajo en tiempo real que están haciendo muchos privados. Y a los colegios más costosos por no sentarse a negociar con los padres, como si se tratara de sindicatos.
Si los padres no están a gusto con el servicio y no pagan, el servicio no puede ser suspendido, como sucede desde hace años. Los padres tienen también la alternativa de pasar sus hijos a un colegio público, que es lo que alienta la gran campaña mediática que está desarrollando el MINEDU. Esperemos que aquellos burócratas que están detrás de estas acciones y cuyos hijos estudian en los colegios más caros de Lima, los trasladen a la escuela pública que es tan buena y superior a la privada.
En esta última década han ido desfilando, uno tras otro, ministros de educación, ocho para ser precisos, cada uno con una visión diferente y con su propio equipo asesor y directivo. Resultado: absoluta discontinuidad e inexistencia de una política educativa clara y definida. Pero lo que no cambia es la animadversión y el acoso a los colegios privados, en particular a los de bajo costo. Se sostiene que son malos y que están por debajo de los públicos, a pesar de que, por ejemplo, los resultados PISA no avalan esta afirmación 1. El COVID-19 les ha dado la oportunidad de acelerar el proceso y la están aprovechando.
Pero es irresponsable: van a recibir miles de traslados a través de su plataforma virtual, pero cuando volvamos a lo presencial no van a tener donde ubicar a esos alumnos ni presupuesto para afrontar este mayor gasto.
Es comprensible la situación de los padres de familia, seriamente afectados en sus ingresos, pero es lamentable como algunos se han dejado llevar por esta prédica populista sin percatarse de lo que hay detrás, convirtiendo de la noche a la mañana al colegio que escogieron tan cuidadosamente en un tramposo. De un día al otro se perdió totalmente la confianza. Gran logro de MINEDU e INDECOPI.
Ya consiguieron demoler prácticamente a los colegios de menos de S/ 300 (alrededor de 60%), dejando sin trabajo a miles de personas. ¿Quiénes siguen ahora? Los colegios de pensiones más altas, ese otro 40%, sean de la naturaleza que fuera.
Nadie desde el gobierno ha reconocido el enorme esfuerzo de directivos y profesores de los colegios privados y hasta el Presidente se ha permitido llamarles la atención. Ahora nos encontramos ante un Decreto Legislativo que terminaría de sepultar la inversión en el sector. Triste final. Lampadia
1 https://www.lampadia.com/analisis/educacion/publicos-y-privados-aliados-por-la-educacion