Víctor Shiguiyama
Para Lampadia
Es tentador pensar en eliminar impuestos para reducir los precios de productos de necesidad básica, como ha ocurrido recientemente. Sin embargo, es necesario evaluar con objetividad algunas preguntas al respecto:
- ¿La reducción de impuestos se traduce en beneficio para el consumidor final?,
- ¿los productos seleccionados por el gobierno son los esenciales, aquellos que consume la población más pobre?,
- ¿la población que capitaliza el mayor beneficio de estos subsidios pertenece a las familias más necesitadas?,
- ¿el beneficio es superior al costo del subsidio (gasto tributario)?
Hay diversos análisis que demostrarían la poca efectividad de este tipo de medidas para aliviar el presupuesto de las familias más pobres[1], aun cuando el costo fiscal puede alcanzar los S/ 400 millones al mes.
Cuando el subsidio proviene desde la oferta, como siempre hemos hecho, el beneficio es indiscriminado, más aún en una sociedad tan informal y una economía con altas dosis de actividad ilegal. El subsidio termina favoreciendo mayoritariamente a las cadenas comerciales (intermediarios) y a las familias con mayor poder de consumo. Eliminar impuestos al combustible no se traduce en una reducción del pasaje, que es lo que paga la gente.
Vale mencionar que, en el caso de pollos, la norma diseñada tendría fallas al no incorporar el pollo vivo, que representa casi el 90% del consumo total, lo que significa en la práctica que sólo se beneficiarían quienes compran pollo en supermercados y restaurantes (lo que resulta contrario al objetivo de apoyar a las familias más pobres). Y eventualmente, al no tener la posibilidad de recuperar el total del IGV, los productores tendrán que incorporar parte de este tributo en el costo, lo que al final incrementaría el precio pagado por el consumidor final.
Hoy no hay dudas que la economía y los modelos de negocio vienen siendo impactados y transformados profundamente por la tecnología digital. Empresas digitales son capaces de formular ofertas y trato absolutamente personalizado, empleando toda la información y metadata que se genera antes, durante y después de cada transacción (que se traduce en un preciso conocimiento de su demanda).
- ¿Por qué desde el Estado no se busca una estrategia similar?,
- ¿Por qué no empezar a diseñar estrategias de subsidio gobernados desde la demanda?,
- ¿Acaso no es posible diseñar subsidios personalizados en función de los perfiles de cada familia?
Tenemos muchos problemas que enfrentar, como la tremenda informalidad existente en una inmensa cantidad de transacciones económicas, sobre todo aquellas que realizan millones de familias de menores recursos. Por esta razón, debemos generar el entorno adecuado para que esto cambie, como lo dictan las teorías económicas modernas.
Un camino que debiéramos explorar es el uso del comprobante de pago electrónico (CPe) interconectado con las billeteras móviles (BM), dos instrumentos ya en uso masivo en el país. Operativamente conectadas, se pueden generar los CPe al momento del pago, lo que lograría una transacción simplificada, al no requerir datos adicionales del comprador como ocurre actualmente (facilitando la vida al comprador y al vendedor).
A partir de esta información, se podría construir el perfil de gasto de los hogares y diseñar estrategias de devoluciones directas a la misma BM empleada (que se podrían realizar con frecuencias diarias). Para generar un cambio en el comportamiento del mercado, probablemente se debería empezar desde la base actual, es decir con un beneficio generalizado, y en el tiempo se podría construir devoluciones personalizadas e ir restringiendo el beneficio a los que realmente lo requieren (o en su defecto crear incentivos como créditos a cuenta del impuesto a la renta, fondos para salud o educación).
Para productos y servicios como combustibles, energía, comunicaciones, medicinas, educación el camino es simple, porque existen pocas fuentes primarias de abastecimiento formales. Incluso en ciertos alimentos como el pollo, es perfectamente factible.
La aplicación generalizada del IGV en toda transacción y la devolución directa al consumidor final facilita la administración del tributo, simplifica los sistemas de facturación y control en las empresas, pero lo más importante, garantiza que el esfuerzo fiscal alcance realmente a la población objetivo, incentivando la actividad formal de dicha cadena.
Poner el incentivo de la devolución en el consumidor, genera un fuerte incentivo hacia la compra formal, que obligará también a la formalización de los intermediarios, garantiza el traslado del 100% del subsidio al consumidor, transparenta las redes de distribución (con un eventual beneficio en el impuesto a la renta), simplifica la contabilidad de todos y reduce distorsiones en las estructuras de costos.
En casos como combustibles o alimentos claves como el pollo (que es la proteína más consumida en Perú), la producción informal es totalmente marginal. En estos casos, como la producción o fuente inicial provienen de pocos lugares y la cadena comercial es corta (del productor a consumidor final suelen ser de 2 a 3 intermediarios), se hace factible una buena trazabilidad.
Por otro lado, para quienes valoran su privacidad, siempre podrán optar por pago a través de otros instrumentos como tarjetas de débito o crédito, o pago en efectivo. Aunque en estos casos, la persona también estará al margen de los mecanismos de subsidio. Lo que también sucedería con fuertes consumidores de combustible para ciertas actividades fuera de ley en sectores como tala, minería, pesca y narcotráfico.
El CPe y la BM son dos herramientas que permiten rediseñar las políticas públicas en una visión transaccional, donde la información viaja en línea y las reglas que las gobiernan pueden ser personalizadas en función de los actores, lugar y productos transados. Por suerte, las instituciones que tendrían que actuar para un cambio como el planteado son el BCRP, la SUNAT y la SBS, que deben ser de las más modernas y técnicas con las que cuenta el Perú. Lampadia
