Jaime de Althaus
Para Lampadia
El Estado peruano no puede cumplir siquiera con la razón de ser de un Estado, que es garantizar el orden y el imperio de la ley, para no hablar de servicios básicos como salud, y al partido Victoria Nacional del candidato puntero George Forsyth no se le ocurre mejor cosa que agregarle más funciones y proponer que se aclare el principio de subsidiariedad del Estado en la Constitución para que pueda asumir funciones que le den viabilidad social a la inversión en recursos naturales. En su página 38 postula lo siguiente:
“…redefiniremos la finalidad del Banco Central de Reserva por la de preservar la estabilidad macroeconómica, incluyendo la estabilidad monetaria, el nivel de actividad económica y de empleo, y aclararemos el principio de subsidiaridad del Estado en las inversiones, para fortalecer la viabilidad social de la inversión en sectores sensibles vinculados al aprovechamiento de recursos naturales, en los que el Estado podría contribuir a generar valor compartido, paz y desarrollo multisectorial en asociación con la inversión privada, a través de la constitución de fondos de fideicomiso”. (p.39)
¿Qué sentido tiene modificar la constitución en el tema definitorio del modelo económico solo para permitir la constitución de fondos de fideicomiso? ¿Acaso se requiere dicha modificación para conformarlos? Más bien esa pueda ser la puerta entreabierta por la cual se cuele el estatismo empresarial. Podríamos terminar regresando al Estado empresario cuando ni siquiera el Estado peruano ha sido capaz de cumplir sus funciones más elementales, salvo la de asegurar la estabilidad macroeconómica, gracias precisamente al capítulo económico de la Constitución.
Pero la propuesta de Victoria Nacional pone en riesgo también ese logro, cuando pretende agregarle al BCR el objetivo de preservar no solo la estabilidad monetaria, sino también el nivel de actividad económica y de empleo. Algo que en la práctica el BCR también hace cuando aplica medidas contracíclicas como las que implementó por medio de los Reactiva en la crisis de la pandemia. Es riesgoso modificar lo que funciona bien.
Sí es correcta, en cambio, esta propuesta:
“También estableceremos como rol del Estado su actuación como facilitador, promotor, fiscalizador y vigilante de la libre competencia, dándole al Indecopi reconocimiento como organismo constitucionalmente autónomo” (p. 38).
Ese es el tipo de función que el Estado debe cumplir: garantizar la libertad económica, la libre competencia, la igualdad de oportunidades. Forma parte esencial de esa función garantizar la seguridad y el orden público. Thomas Hobbes explicó hace cuatro siglos que la razón de ser del Estado es impedir la guerra de todos contra todos, que es lo que ocurre cuando no hay autoridad. Lo vimos en Ica: bastaron 5 días de anarquía, en las que el Estado renunció a existir porque decidió no impedir los bloqueos, para que se desencadenaran ataques a las empresas formales y se derogara por la fuerza una ley que había sido tremendamente benefactora. Un sector se ha arruinado por ausencia del Estado en su función esencial. Por anarquía.
Si Forsyth quiere el desarrollo nacional y recuperar tasas altas de crecimiento, antes que pensar en crear empresas públicas o darle más funciones al Estado, debe empezar por proponer un plan para que el Estado cumpla su principal razón de ser: impedir la guerra de todos contra todos, establecer el imperio de la ley, el estado de derecho y la seguridad jurídica. Sin eso no habrá inversión de ningún tamaño y todo será el robo de unos a otros. Lampadia
