Las cosas están claras: La economía está en medio de un frenazo que hará patinar nuestras perspectivas de crecimiento. Las estimaciones de expansión del país se reducen mes a mes. Según el BCR, el PBI se apenas llegará a un modestísimo 3.1% en el 2014. Una cifra paupérrima que evidencia que la parálisis de la inversión privada y pública es aguda. La hora de los diagnósticos y lamentaciones ha pasado. Es el momento de actuar. Como hemos propuesto en Lampadia semanas atrás, “nuestra economía necesita que se viabilicen por lo menos siete (7) proyectos de envergadura que rompan la inercia y muestren que cuando los peruanos queremos hacer algo, lo hacemos; y que cuando tenemos problemas, todos podemos colaborar” (Ver en Lampadia (L): 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos).
Uno de sus proyectos que debiera agilizarse es el de Tía María. Ubicado en el distrito de Cocachacra, (Arequipa), Tía María representa una inversión de US$ 1,400 millones y en sus 18 años de vida espera explotar dos yacimientos a tajo abierto de cobre: La Tapada y Tía María, de los que se extraerán diariamente unas 100,000 toneladas métricas de óxidos de cobre para producir 120,000 toneladas de cátodos de cobre anualmente.
La puesta en marcha de este proyecto es de enorme importancia. No solo por el tamaño y la inversión que representa (lo cual contribuirá decididamente al desarrollo de Arequipa y del sur del país), sino porque demostraría que cuando se quiere se puede. Como se recordará, el 2011 antimineros radicales, a los que se sumaron incomprensiblemente las autoridades regionales arequipeñas, se opusieron a que este proyecto se realice alegando falazmente que emplearían aguas destinadas a la agricultura, cuando está comprobado que el agua del río Tambo y de toda la cuenca se pierde en el mar año a año, gota a gota.
En abril del 2011, una absurda y apurada Resolución Directoral (Nº 105-2011-MEM-AAM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) declaró “inadmisible” el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto, lo que significaba su paralización, pues obligaba a que se detuviera toda actividad en los yacimientos. La empresa, incluso, tuvo que retirar sus campamentos de la zona. Una paciente labor de los funcionarios de Southern, el empleo de su imaginación para buscar soluciones alternativas aunque fueran más onerosas (como las de tomar agua de mar y construir una planta desalinizadora), lograron que el 5 de noviembre del 2013 se presente un nuevo EIA.
El MEM lo evaluó y tras las subsanaciones de rigor y realizar los talleres informativos y la audiencia pública, finalmente, el EIA de Tía María fue aprobado en agosto último (2014). Es decir, tres años de retraso. Si el proyecto se hubiera aprobado en el 2011, ya estaría en funcionamiento, aportando empleos directos e indirectos, impuestos y canon al país. Veamos algunos diagramas del proyecto en las siguientes láminas (es muy importante que los ciudadanos conozcamos nuestros proyectos):
Aún le falta mucho a este proyecto para que inicie su producción. Por lo pronto, debe hacer gestiones con el MEM, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Dirección de Capitanía de Puertos (Dicapi) que depende del Ministerio de Defensa. Nuestra enrevesada burocracia obliga a que la empresa tenga que obtener casi en simultáneo la autorización de uso de agua para la construcción y la licencia de agua para las operaciones (extracción del mineral), así como el derecho de uso de área acuática (para construir el ducto para tomar agua de mar y la planta desalinizadora).
Un proyecto que ya tiene su EIA aprobado con lupa, debe obtener luego la Concesión de Beneficio, la cual otorga el derecho a extraer mineral de un yacimiento mediante diferentes procesos físicos, químicos y/o físico – químicos, para ello Southern debe seguir actualmente los siguientes trámites:
- Obtener de la ANA la aprobación del Estudio de Aprovechamiento Hídrico (4 a 8 meses).
- Obtener la certificación ambiental (a pesar de tener EIA aprobado) por el MEM (1 mes).
- Presentar solicitud de Concesión de Beneficio al MEM y publicación de avisos con un Resumen de la mencionada solicitud (1 a 2 meses).
- Aprobación de Anteproyecto de Derecho de Uso de Área Acuática ante Dicapi (6 a 8 meses).
- Con todos los procedimientos anteriores aprobados se debe solicitar a la ANA la Autorización de Ejecución de Obras con fines de Aprovechamiento Hídrico (3 a 6 meses).
- Una vez obtenido la Autorización anterior se solicita ante el MEM la Autorización de construcción de Planta de Beneficio (1 a 2 meses).
- El ANA debe otorgar Autorización de Uso de Agua para Construcción (3 a 6 meses).
- Es decir, en el mejor de los casos, en un año se empezarían las obras de infraestructuras necesarias para explotación de Tía María las cuáles durarían unos 24 meses.
- Terminada las obras se debe presentar al MEM el Informe Técnico de culminación de obras del proyecto minero metalúrgico. En simultáneo se presenta al ANA el Informe Técnico de culminación de obras de aprovechamiento hídrico.
- ANA otorga licencia de uso de agua con fines mineros (3 a 6 meses) y autorización de vertimientos de aguas residuales (3 a 6 meses).
- Finalmente, el MEM otorga la autorización de funcionamiento de la Planta de Beneficio (1 a 2 meses).
Si todo sale bien, el proyecto podría arrancar la construcción después de 18 a 24 meses. Luego, para iniciar la operación, podrían irse otros 14 meses. Y es que en nuestro país, no existe predictibilidad en los trámites que se tienen que realizar. Un ciudadano común y corriente, así como una persona jurídica debiera saber de antemano que requisitos y diligencias debe cumplir para obtener de la autoridad correspondiente un permiso, licencia o derecho. Además, debe quedar perfectamente establecido hasta cuanto tiempo se puede tomar un funcionario para dar respuesta. Nada de eso existe. Hay una absoluta discrecionalidad, las autoridades cada día incrementan porque “se le ocurrió” nuevos trámites y requisitos sin que nadie ordene esta situación. Todo esto antes de lo que pueda suceder después de la COP20.
Es así, como la tramitología crece, se refuerza y complica. Ricardo Briceño, en el último Simposium del Oro y la Plata advertía : “En minería, hemos pasado del ´Texto Único Ordenado´ de los años 90 y dos instancias oficiales, que permitieron la gran inversión en la minería moderna y responsable, a 180 regulaciones en muchas instancias distintas y en diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, local y “social”). ´Hemos pasado de un Gantt a un plato de espaguetis´” (ver en L: El Perú renuncia al desarrollo y al bienestar general).
Este plato de espaguetis debe ser ordenado. Una forma de hacerlo es uniformando y modernizando perfectamente los TUPAS de los distintas instituciones para que no se deje al libre albedrío de un funcionario trabar las inversiones. La nueva Ley 30230 (que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país), no podrá cumplirse en mucho de sus términos (como denunciar a un funcionario por trabas burocráticas) si es que no hay un ordenamiento de los TUPAS. Y allí debiera jugar un rol vital la Presidencia del Consejo de Ministros.
Tal y como lo ha planteado Lampadia, un equipo (o varios) de expertos podrían dedicarse a establecer los problemas que enfrentan los grandes proyectos, públicos y privados, para viabilizarse. Asimismo, podría encontrar soluciones legales para agilizar las inversiones (Decretos de Urgencia, Declaraciones de Interés Nacional y otros). La idea es que todo esto se realice con la mayor transparencia y comunicando a la ciudadanía para que entienda los procesos y al Presidente de la República, para que pueda dirigir las acciones adecuadas. Así el Presidente podría apoyarse en la opinión pública para tomar decisiones difíciles pero necesarias para salvar al país de la parálisis final a la que nos dirigimos sin pausa y con mucho miedo.
De no salvarse esta situación podríamos terminar en alguno de los indeseables escenarios descritos en nuestro artículo citado líneas arriba: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos. Lampadia
