No alcanza para reducir la pobreza y el déficit fiscal
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Si bien el Banco Mundial ajustó al alza su proyección de crecimiento para el Perú de este año a un 3.1%, calculó solo un 2.5% tanto en 2025 como en 2026, el año electoral. Eso es muy poco, y no alcanza para reducir la pobreza.
Considerando la apertura del puerto de Chancay, el alto precio del cobre y del oro y otros motores acelerables, deberíamos crecer a tasas mucho más altas. ¿Qué lo impide? El avance de la criminalidad y las extorsiones, la degradación de la política y la falta de reformas estructurales.
Una consecuencia de esos factores preocupantes es lo que el Consejo Fiscal llama un “incremento descontrolado del déficit fiscal” que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del Perú, lo que a su vez impactaría negativamente en el crecimiento, en un círculo vicioso. Llevamos ya 4 meses seguidos con un déficit fiscal del 4% del PBI, muy por encima de la regla fiscal de 2.8% para este año. El Consejo Fiscal enumera riesgos fiscales tales como el continuo apoyo financiero a Petroperú, el creciente endeudamiento de la Municipalidad de Lima, y una serie de decisiones del Ejecutivo y del Congreso.[1]
Pero también incluye “la aprobación de la reforma del sistema previsional sin un estudio técnico adecuado sobre su costo actuarial”. En este punto habría que decir que el Consejo Fiscal peca de miopía, pues esta reforma tiene el potencial de incrementar a mediano plazo la recaudación debido al efecto formalizador que tendría el que todos demanden comprobantes de pago para hacer efectivo el 1% del consumo a su cuenta previsional.
En el análisis que hizo Lampadia, se mostraba que ampliando la contribución basada en el IGV a 5%, con ajustes por nivel socioeconómico, se llegaba incluso a generar una ganancia fiscal como producto de los efectos formalizadores de la universalización del sistema pensionario.
Ver en Lampadia: Pensiones para nadie – El gobierno persiste en el error.
La pensión por consumo es la gran novedad de esta reforma, que permitiría incorporar a todos los peruanos a un sistema que ahora excluye al 70%. Es la única reforma estructural de envergadura que ha aprobado el Congreso y debería ser felicitado por ello.
Incluso sin contar ese efecto formalizador, el costo fiscal de esta reforma es mínimo. En el siguiente gráfico, muy ilustrativo, de Macroconsult, podemos ver como al mismo tiempo que, con la reforma, la cobertura llega al final al 100% de la población, el costo fiscal apenas se incrementa en 0.16% del PBI hacia el 2030 y 0.19% del PBI hacia 2050.
Es decir, un incremento mínimo perfectamente financiable incluso si crecemos a una tasa apenas algo más alta que ese 2.5% que el Banco Mundial pronostica. El BCRP predice 3.1% para el 2025 y un promedio de 3% para el 2026-2028. Con eso alcanzaría. Pero evidentemente necesitamos crecer mucho más para reducir la pobreza de manera apreciable y retornar al equilibrio fiscal.
En esa línea, hay que destacar que sorpresivamente Moody’s Ratings mejoró la perspectiva del Perú de negativa a estable debido a las reformas políticas aprobadas por el Congreso (bicameralidad principalmente) que pueden ofrecer una “estabilidad institucional” a largo plazo. Pero el Congreso también ha aprobado desastres, como haber eliminado el filtro que tenía la ley PASO para que solo pasaran a la elección general pocas agrupaciones. Ahora ya van 36, camino a 40 o 45, sin que el Congreso discuta una ley para incentivar las alianzas y para posibilitar el financiamiento privado que permita contrarrestar el financiamiento de fuentes ilegales.
Lo que nos lleva a la lucha contra la criminalidad que avanza. Aquí lo positivo ha sido que el gobierno promulgó la ley que devuelve la investigación preliminar a la policía, otro aporte del Congreso. Se trata ahora de entrenar a los policías para que preparen buenos informes policiales. Pero hay que concentrar recursos presupuestales restándoselos a programas inútiles para financiar mucha más inteligencia policial, tecnología, instalar las unidades de flagrancia a nivel nacional y ampliar y construir penales, incluso para delitos menores. Y la presidenta debe declararse en reunión permanente con todos los responsables, incluyendo la sociedad civil, para que el sistema judicial-policial funcione de manera afiatada.
Y en cuanto a las reformas estructurales, es necesario simplificar de una vez la permisología en minería y otros sectores, desregular profundamente, aprobar la propuesta del “combo formalizador”, avanzar en la flexibilización de las normas laborales, e introducir gestión privada en los servicios públicos, para que funcionen.
Para volver a crecer a tasas altas y reducir la pobreza. Amen. Lampadia
[1] Según el Consejo Fiscal “el Congreso de la República también genera importantes riesgos fiscales mediante iniciativas legislativas que socavan la recaudación tributaria o que incrementan el gasto público a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Por ejemplo, entre 2021 y 2024 el Congreso aprobó leyes que generan gastos por S/ 56 mil millones (aproximadamente 5,2% del PBI). La mayor parte de estas presiones de gasto están pendientes de ser incorporadas en el presupuesto público y siguen generando presiones fiscales”
