Jaime de Althaus
Para Lampadia
El crecimiento económico que hemos tenido en el Perú en los últimos 30 años logró muchos avances, pero ha encontrado también limitaciones y ha empezado a debilitarse. Por eso, como veremos, el modelo económico debe ser repotenciado y mejorado.
Luego de la profunda crisis económica en la que nos sumió el estatismo proteccionista de los 70 y 80, la apertura de la economía y la privatización de la mayor parte de las empresas previamente estatizadas a partir de los 90, le permitió al Perú crecer de manera sostenida y a tasas relativamente altas, con estabilidad macroeconómica.
- Por primera vez en la historia, gracias a los fondos privados de pensiones, el Perú logró acumular un ahorro nacional sustantivo que permitió y permite financiar la inversión pública y privada.
- Y se avanzó hacia una estructura tributaria progresiva y redistributiva, en la que la participación de los impuestos directos ha sido y es bastante mayor a la que existía en la época del estatismo proteccionista, supuestamente redistributivo.
- Al mismo tiempo, el modelo regeneró también la estructura productiva reorientándola en cierta medida hacia el interior.
- Los campesinos recuperaron su mercado interno y apareció una nueva industria mucho más competitiva y exportadora, más articulada a nuestros recursos.
- Las exportaciones no tradicionales crecieron más en volumen que las tradicionales.
Como consecuencia de estos cambios, la pobreza se redujo extraordinariamente de un 60% a un 20% -aunque haya aumentado el 2020 a un 27% a consecuencia de la pandemia-, el ingreso del interior del país y del sector rural creció proporcionalmente más que el ingreso de Lima y se redujo también la desigualdad social medida por el índice de Gini. Surgió una nueva clase media emergente que debería ser el fundamento de una democracia de ciudadanos plenos.
Sin embargo, el crecimiento económico que hemos tenido no ha logrado reducir la informalidad de manera apreciable. El empleo adecuado se más que dobló, pero esto no se tradujo en la formalización de esos empleos. La informalidad laboral, que expresa una exclusión de beneficios y palancas para el crecimiento, solo se redujo de un 79% a un 72%.
De otro lado, el propio crecimiento se ha ralentizado en los últimos 8 o 9 años, y se observa que sectores industriales y algunas exportaciones no tradicionales han empezado a perder competitividad y terreno en ese mismo periodo.
Esos dos fenómenos tienen una causa común: el peso regulatorio del Estado. No es la única causa, por supuesto, pero es la más importante. Según el índice de competitividad del Foro Económico Global, el Perú está en el puesto 128 entre 141 países en peso de la regulación gubernamental. Los emprendimientos –sobre todo los pequeños y medianos- no pueden soportar el peso de las excesivas regulaciones, y por eso operan en la informalidad o contratan personal informalmente. Y eso les resta competitividad a sectores sensibles a la competencia externa. Por eso han dejado de crecer.
La causa última es el Estado patrimonialista, capturado por grupos o gremios que lo usan para poner peajes a la producción y a los servicios y beneficiarse con poder y con pagos necesarios para acelerar los trámites. Y justificado con la ideología de la protección de los trabajadores, que encubre privilegios e impide una gestión basada en el mérito, y que sirve también de justificación a las leyes de corte clientelista que aprueban los políticos en el Congreso.
Esta es también la causa de otra debilidad estructural que nuestro crecimiento no ha logrado resolver: la mala calidad de los servicios públicos. No ha habido un problema de falta de recursos. El presupuesto del sector salud, por ejemplo, se multiplicó por 7 en términos reales –en soles constantes- en los últimos 20 años, pero el servicio mejoró relativamente poco. Con frecuencia los recursos fueron desviados a bolsillos particulares por una gestión patrimonialista organizada en redes de corrupción.
En todo esto, el empresariado no ha jugado tampoco el rol fiscalizador y propositivo que debió jugar. Al fin y al cabo, el sector privado transfiere al Estado todos los años un capital muy grande que es malgastado. Es responsabilidad del sector privado exigir resultados y formular propuestas de reforma a partir de su propia experiencia empresarial.
La conclusión es que el modelo necesita ser repotenciado y mejorado. Para ello se requiere adoptar las siguientes medidas:
- Podar la maraña normativa mediante un programa intensivo a Análisis de Impacto Regulatorio de las normas existentes y de las que vayan a salir.
- Digitalización del Estado
- “Combo formalizador”: reemplazar los regímenes especiales tributarios y laborales por una escala gradual y progresiva en cada caso.
- Formalización perfeccionada de la propiedad, catastro y reforma del saneamiento legal.
- Restablecer la indemnización como compensación a la desvinculación laboral.
- Colaboración público-privada en Mesas Ejecutivas para relanzar sectores estancados y sacar adelante nuevos motores de la economía, y para profundizar un cluster minero-industrial potente.
- Empoderamiento tecnológico de las mypes y difusión masiva de las tecnologías de Sierra productiva en la economía campesina
- Implantar la meritocracia en el Estado: servicio civil. Reforma meritocrática y de gestión de rendimiento en Salud y Educación. APPs en la gestión de servicios públicos.
- Impulso a la ciencia y tecnología
- Reforma de la ley de contrataciones y de la gestión en infraestructura
- Reforma de la descentralización
- Gobernanza minera
El Plan de Gobierno de Fuerza Popular contiene un diagnóstico que coincide en términos generales con el que hemos formulado en este artículo, y plantea como eje central facilitar la recuperación y formalización de los pequeños simplificando regulaciones, titulando y concentrando la acción de apoyo al desarrollo de las mypes e introduciendo APP en la gestión de algunos servicios públicos. Se plantea una reforma tributaria para formalizar, pero no una reforma laboral.
Si Keiko Fujimori llega a la presidencia, necesitará una coalición parlamentaria que respalde estas y otras medidas, lo que supone convicción y decisión política de las bancadas.
Y para que este camino sea sostenible, se requerirá una reforma política que le de gobernabilidad a la democracia peruana. Y una reforma Judicial y policial que instale el imperio de la ley.
Un eventual gobierno de Castillo, en cambio, iría en muchos casos en el sentido contrario de las medidas enumeradas, agravando los problemas y terminando de destruir la capacidad de crecimiento del país. Lampadia
