Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
Nuestro país atraviesa por una situación económica, social e institucional muy grave. Hemos perdido el tren del crecimiento económico; en vez de reducir la pobreza, nos empobrecemos cada día más; y nuestras instituciones públicas parecen una caricatura felliniana.
El gobierno central ha sido capturado por gente sin preparación en la gestión pública. Los ministerios y las agencias del Estado se llenan de personajes corruptos.
Los gobiernos regionales y locales, en gran medida, se han convertido en el ‘bocado de caramelo’ para gentes de mal vivir, que capturan las rentas del Estado para mal usarlas y aprovecharlas para sus fechorías.
Y para colmo de males tenemos una clase dirigente negligente y ausente. Las ideologías han reemplazado el quehacer por el desarrollo integral del país, han desenfocado a los políticos, a los medios de comunicación y a buena parte de los académicos. En medio de esta desestructuración de la sociedad civil, los líderes gremiales y empresariales, después de haber liderado la recuperación del Perú como Estado Fallido, han optado por el silencio y la ausencia.
La recuperación del Perú desde inicios de los años 90 con el reordenamiento económico y social auspiciado por la Constitución de 1993, ha sido formidable, bajando la pobreza y la desigualdad; generando inversión y empleo adecuado en las regiones (abandonadas por 30 años); y generando ingentes recursos fiscales para el Estado, que estaba llamado a mejorar los servicios públicos, pero defeccionó.
El acelerado crecimiento económico puso muchos recursos presupuestales en manos de los gobiernos regionales y locales, lo que atrajo a toda clase de mafias a asaltar esos recursos. Antes de los 90s, los gobiernos municipales no ejecutaban más del 4% de una inversión pública diminuta, con la recuperación de la economía los gobiernos subnacionales pasaron a controlar el 45% de presupuestos inmensamente mayores.
Todos nos preguntamos ¿cómo hemos podido desarticularnos y retroceder tanto?
Contundentemente: Por el fracaso de la descentralización.
Este proceso anhelado por tantos peruanos, y por mí mismo, como provinciano, fue muy mal diseñado y muy mal administrado.
Nació a trompicones en el gobierno de Toledo, y se agravó en el de García II, que regaló recursos y competencias a gobiernos subnacionales incapaces.
En verdad nunca se entendió que la descentralización es fundamentalmente económica, y que a inicios del siglo se estaba dando con el regreso de la inversión privada a las regiones, generando empleo, servicios privados de calidad y con reducción de precios y recursos fiscales.
Lo que el Estado tenía que hacer era desconcentrar su presencia y su enfoque de gestión.
A mí me tocó participar en el debate de la descentralización en el Congreso en representación (graciosa) de Confiep. Mi propuesta fue, dado el impacto descentralizador de la inversión privada en las regiones, desconcentrar el Estado llevando: las cúpulas militares a Arequipa, las cúpulas judiciales a Piura, la Cámara de Diputados a Iquitos, la Cámara de Senadores a Cusco, y el Tribunal de Garantías a Huancayo.
Lamentablemente, nadie se atrevía a pensar fuera de la caja.
Lo único que se hizo fue fracturar la gestión del Estado entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, sin articulaciones y controles mínimos.
- Absurdamente se crearon 25 regiones.
- A los gobiernos regionales y locales se le dieron atribuciones de gestión y recursos sin establecer estructuras de gestión desde el gobierno central.
- Se les dio capacidad discrecional absoluta.
- No se estableció para ellos, la segunda instancia. Las decisiones de estos gobiernos solo pueden ser contrastadas judicialmente, por lo tanto, adquirieron estilos dictatoriales, caprichosos y corruptos.
- Se les dio el control absoluto de la gestión de los servicios públicos, como en educación y salud.
Ante cualquier conflicto o situación discutida, los gobiernos subnacionales se ponen de costado, y si no aparece el gobierno central se hace pensar en la ausencia del Estado.
Todo esto ha llevado a que los peruanos tengamos una pésima calidad de servicios públicos, ya sea por incapacidad de gestión, por el mal uso de los recursos públicos, por no llegar a usarlos, y principalmente por corrupción.
Quienes postulan a los cargos de gobernadores regionales y alcaldes, como se puede comprobar por la cantidad de procesos de corrupción en ambos tipos de gobierno, son mayormente gente incapaz y corrupta que postula para manejar los recursos del Estado, sin controles adecuados, como explicamos líneas arriba.
Además, las ideologías y la corrupción, inhiben que los ciudadanos gocen de buenos servicios:
- Como en el caso de los servicios de agua y desagüe, entregados a los municipios y a Sedapal en Lima, haciendo que los pobres paguen en exceso por el agua en baldes y que los que están conectados a las redes, no tengan un servicio de 24 horas.
- Con dos ejemplos excelentes de servicios hospitalarios privados, de ‘bata blanca’, el Alberto Leopoldo Barton Thompson en el Callao y el Guillermo Kaelin en Villa María del Triunfo, las mafias de médicos del Estado y la ideología, han impedido multiplicar el modelo, en contra de los ciudadanos. Ver en Lampadia: Una obligación moral – Salud: APP+BATA BLANCA para el gran salto de servicio
- El Ministerio de Educación, en vez de trabajar junto con la educación privada y de adoptar sus mejores prácticas, la combate y debilita, en contra de los estudiantes. Ver en Lampadia: Las aulas vacías.
Todo al revés, pero nadie en la política ni en la clase dirigente asume el reto de explicar estos desatinos y llamar a una cruzada nacional por la reforma del Estado.
La desastrosa descentralización explica en buena manera el fracaso del Estado y la confusión política que lleva al país, al son del verbo estatal, a debilitar la inversión privada, que a diferencia del Estado sí cumplió su rol pro desarrollo y prosperidad. Lampadia
Ver en Lampadia:
– Un fracaso que sí importa – ¡Ahí está la explicación… ellos son la corrupción!