En un reciente artículo publicado por el presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, en el diario El Comercio, con el objeto de justificar el regreso de esa empresa estatal a las actividades de exploración y explotación petrolera, sostiene que el 85% de las reservas petroleras del planeta están bajo control de empresas estatales. Agrega que 15 de las 20 compañías más grandes de hidrocarburos del mundo también son públicas.
El señor Campodónico dice la verdad, pero es la verdad del orden del petróleo mundial que ha emergido sobre dictaduras, sangre y corrupción en el planeta. El régimen fundamentalista de Irán y todas sus barbaridades contra los derechos humanos es posible por la estatización de las empresas inglesas tras la instauración de la teocracia islamista. Detrás de la satrapía de Saddam Husein también estaba la Compañía de Petróleo de Irak. Detrás de la dictadura de Gadafi en Libia también hubo una entidad estatal del petróleo. Lo mismo sucedía con la dictadura de Ben Alí en Túnez y con el régimen autoritario de Mubarak en Egipto. Estos últimos fueron derribados por las protestas de la Primavera Árabe que exigían mayor libertad y menos corrupción.
En América Latina, la reelección indefinida de Hugo Chávez y las denuncias de corrupción en Venezuela parten de la captura por parte del gobierno de la empresa PDVSA que, debido a la ineficiencia en la gestión, entre 1999 y el 2011 bajó su producción en un tercio del total mientras que su planilla aumentó en más de 180%. El manejo estatal del petróleo venezolano le ha permitido a Chávez desarrollar una política clientelista y de cooptación, dentro y fuera de Venezuela. Los entendidos señalan que sin el petróleo Chávez no habría tomado el poder absoluto y menos desarrollado su proyecto bolivariano continental.
En síntesis, el actual orden del petróleo mundial, en el que los estados deciden controlar ese recurso natural tan escaso sustrayéndolo de las políticas de mercado, es fuente de dictaduras, genocidios y corrupción generalizada. Que el Perú se haya apartado de la ruta estatista y de la tentación totalitaria, debería ser motivo de orgullo nacional.
LOS CASOS DE PETROBRAS Y ECOPETROL
- La empresa estatal brasileña Petrobras y la estatal colombiana Ecopetrol son empresas de capital mixto.
- El 50 de las acciones de Petrobrás son del sector privado, sus acciones se cotizan en la bolsa y mantiene un alto nivel de gestión corporativa.
- Ecopetrol también ha colocado una parte importante de sus acciones en bolsa. Sin embargo para mostrar balances positivos, incluye el valor de las reservas petroleras entre sus activos.
El presidente de Petroperú, algunos articulistas de izquierda, y más recientemente el movimiento Ciudadanos por el Cambio, plantean que Petroperú participe en la construcción del Gasoducto y la Petroquímica del Sur Andino e, inclusive, en una alucinada compra (¿está en venta?) de la Refinería de La Pampilla. ¿De dónde pecata mia?
¿De dónde pecata mía?
Según la propia Petroperú, en el 2011 esta empresa tuvo utilidades por 532 millones de soles., sin embargo el BCR señala que en verdad hubo pérdidas por 174 millones de soles. ¿Juego de cifras? Aun así, cómo podría invertir en una «cartera de negocios» de 4,000 millones de dólares? ¿Quién pagará la aventura? ¿Los contribuyentes?
Para la modernización de la refinería de Talara los montos a invertir van y vienen. Primero se habló de $800 millones y luego de $1,300 millones. Después se habló de US$ 1,700 millones y hasta de US$ 2,500 millones. Para Kuntur, se ha solicitado que Petroperú financie US $ 1,200 millones. ¿Danza de petrodólares?
Petróleo: ¿Negocio seguro?
El señor Campodónico argumenta que la participación de Petroperú en la exploración y explotación es negocio seguro. ¿Cómo así? Según él, un lote que se concesionaría sería ofertado a la empresa privada en base a un plan de inversión y las correspondientes regalías. Las regalías que recibiría el fisco, en este caso, servirían para los aportes de capital de Petroperú en la inversión hasta por un monto del 49%. Es decir, en vez de que el Estado reciba dinero contante y sonante, la empresa recibiría acciones.
Además, las regalías serían menores puesto que los inversionistas tendrían que compensar el costo del “free ride” (las acciones sin respaldo de inversión) de Petroperú.
Con el argumento de las » empresas públicas estratégicas» el bolsillo de todos los peruanos financiaría la aventura empresarial de Petroperú, tal como sucedió hace algunas décadas en que las empresas públicas eran la causa de todos los forados fiscales y la inflación desbocada que destruyó la clase media y la economía peruanas. Según el estudio «Eficiencia del gasto en América Latina – Perú» (IPE, mayo 2008), las pérdidas acumuladas por las empresas estatales hasta 1990 llegaron a US$ 17,738 millones (Dólares de 1998), monto equivalente al 67% del PBI de dicho año. Un desastre. ¿No es suficiente ese altísimo costo para que los peruanos sepamos lo que no se debe hacer?
Frivolidad petrolera
Los recursos del Estado no están para derroches. ¿Es posible distraer recursos públicos y que se asuman riesgos de inversión cuando – a pesar de los avances económicos y sociales de los últimos años – tenemos aún un 27.8% de la población en situación de pobreza, un 6.3% en extrema pobreza, 15.2% de niños en estado de desnutrición y un déficit de infraestructuras de decenas de miles de millones de dólares?
El status extraordinario
Por si fuera poco, Petroperú fue convertida en la «caja chica» de los últimos gobiernos, habiéndose utilizado sus recursos en gastos como, por ejemplo, re-amoblar Palacio de Gobierno. Estos hechos confirman que las empresas estatales pueden ser utilizadas como instrumentos de concentración de poder y de corrupción.
Si no veamos el status de Petroperú, que ha sido sustraída del ámbito del FONAFE (Fondo Nacional del Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), entidad titular de las acciones en todas las empresas en las que participa el Estado y que norma y dirige el funcionamiento de las empresas públicas.
Esta decisión fue aprobada mediante la ley 28840 el 23 de julio de 2006 (Ley de Fortalecimiento y Modernización de la empresa Petróleos del Perú), que también exoneró a Petroperú de someterse al SNIP (Sistema de Inversión Pública) y al CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado).
¿Qué hay detrás de las propuestas para revivir el monopolio estatal petrolero?
