Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Tanto el mensaje presidencial, como los reiterados informes de la Contraloría General de la República (CGR), coinciden en resaltar la paralización de obras públicas y los altos niveles de corrupción en el manejo de las mismas.
Por otro lado, esto coincide con que, entre las principales causas del malestar ciudadano, están; para los más pobres, la ausencia o mala calidad de los servicios públicos y para los que pagan impuestos, la falta de equidad entre lo que se aporta por impuestos y lo que el Estado brinda en contraprestación.
No es de sorprendernos, puesto que la CGR reconoce oficialmente que por cada S/100 de inversión S/14 se pierden en corrupción, esto significa un agregado de S/ 24,000 millones al año. Mientras tanto, la propia CGR anuncia que, al 30 de junio, tenemos en el Perú 1,826* obras públicas paralizadas, por un total de S/ 24,090 millones, faltándoles una ejecución de S/ 11,776 millones. Esto significa que, entre corrupción y obra pública paralizada, tenemos un total de S/ 48,000 millones.
Para quienes no se han percatado, el presupuesto del sector público del año 2022, que alcanzó a S/ 197,002 millones, incluía para Gastos de Capital, un total de S/ 46,942 millones, suma agregada de gastos de capital del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. En consecuencia, entre pérdida por corrupción y obras paralizadas, tenemos un monto superior a lo presupuestado para inversión en ese último año.
Si entramos a más detalle, encontramos que 1,344* obras, esto es 73.6% del total, están en manos de gobiernos locales (S/ 5,991 millones), 284* obras o 15.6% del total están a cargo del gobierno nacional (S/ 9,627 millones) y 198* obras o 10.8% del total, están a cargo de los gobiernos regionales (S/ 8,472 millones). Pero si comparamos los importes de las obras paralizadas con los presupuestos correspondientes del 2022, encontramos lo siguiente: A nivel de gobierno nacional está paralizado el equivalente a 19.7%, el equivalente a 97.9% de gobiernos regionales y el equivalente a 76.4% de los presupuestos de los gobiernos locales.
El detalle antes mencionado, muestra a las claras que nuestro proceso de regionalización y la forma como se maneja y administra los fondos del Estado, ha fracasado completamente y requiere de una recomposición radical. Esto equivale a un “pitufeo” de ineficiencia y robo. Y como ya hemos mencionado en anteriores oportunidades, la corrupción atomizada es absolutamente incontrolable, no sólo porque se da autoridad para tomar decisiones a mucha gente que no tiene la preparación académica y técnica requerida y, consecuentemente, no se desarrollan adecuadamente los expedientes técnicos y la ingeniería, se contratan pequeñas obras con pequeños contratistas (muchas veces recién constituidos para la obra), sin la calidad adecuada y por eso quedan destruidas en poco tiempo. Siendo un gran número de obras, perdemos demasiado en formulación de contratos, gestión presupuestal y finalmente en supervisión, resolución de múltiples controversias y control de gestión.
Para manejar esos presupuestos de inversión, los gobiernos regionales tienen un gasto corriente equivalente a 3.1 veces el gasto de capital, mientras que los gobiernos locales tienen un gasto corriente equivalente a 1.7 veces el gasto de capital que manejan. En resumen, una absoluta ineficiencia y pérdida de control, sin mencionar que el Perú se ha burocratizado y llenado de dependencias que no crean ningún valor para el ciudadano (S/ 40,900 millones en burocracia regional y local, para “gestionar” S/ 16,400 millones en obras, mayoritariamente inconclusas).
Debemos pues invertir el orden de las cosas, los gobiernos regionales y locales deben hacer el levantamiento de las necesidades de las poblaciones.
Por ejemplo: falta de planta de tratamiento de agua potable, instalar determinado kilometraje de tuberías de agua, de desagüe, planta de tratamiento de aguas residuales, para una población que a la fecha alcanza a tantas familias y personas, con una proyección de crecimiento poblacional dada. Igual para redes de distribución eléctrica, determinando número de casas, establecimientos comerciales y centros industriales o artesanales. Otro tanto para comunicación telefónica e internet, detallando colegios y centros de salud. Un inventario de centros educativos y de salud, con identificación de antigüedad, características e identificación de nueva construcción requerida de centros de salud y educativos, con indicación de población demandante.
Por otro lado, no podemos darnos tampoco el lujo de que, cada cuatro años, que hay cambio de gobiernos regionales y municipales, con cambio dramático de funcionarios “de la nueva administración”, se tenga que reiniciar el proceso de aprendizaje de estos, o simplemente se abandone los proyectos en proceso, porque fueron parte de las banderas de campaña de su adversario y no las propias.
Los requerimientos debidamente censados y verificados, serían “empaquetados” y licitados, para ser ejecutados por compañías con experiencia en EPCM (engineering, procurement, construction and management), mediante un contrato manejable en tamaños adecuados y sin desperdicio de esfuerzos redundantes. De esta manera reduciríamos los riesgos de mala calidad de obra, paralizaciones indebidas, incumplimiento financiero y de garantías, además de contar con un adecuado y expeditivo esquema de resolución de controversias.
En principio podríamos tener una importante reducción de la carga burocrática existente, daríamos tiempo a que técnicos de SERVIR se involucren, aprendan y puedan proyectarse a un manejo integral a futuro.
Sólo así podremos beneficiar más a nuestros ciudadanos. Lampadia
*Fuente diario Gestión e información de la CGR
