Jaime de Althaus
Para Lampadia
La lucha contra lo corrupción es, por supuesto, positiva si es algo más que justicia plebiscitaria e instrumento político, y está en duda si lo es. Por lo pronto, fue usada por el presidente Vizcarra en el CADE para centrar su discurso en torno a ella y evadir los temas que requieren acción del gobierno si queremos recuperar crecimiento para reducir la pobreza y la desigualdad. Temas que eran ineludibles en una cita de empresarios que hubieran podido ser persuadidos de que algo consistente se está haciendo para animarlos a volver a invertir.
La ministra de Economía, María Antonieta Alva, lo intentó en alguna medida, dejando ver que sin duda le dará un carácter propio y diferente a su gestión. Desde el título de su presentación en CADE: “Más competitividad para el cierre de brechas sociales”, expresó un nivel de compromiso con los problemas sociales e institucionales del país que no es común en los jefes de esa cartera. El programa económico debería tener, efectivamente, como fin último, eliminar la pobreza y reducir las brechas sociales, y está muy bien que la ministra lo tenga como objetivo final porque eso debería llevarla a realizar las reformas que se requieren para ese fin y a buscar la reactivación de la inversión privada, porque al final el crecimiento económico acelerado es el gran reductor de la pobreza y de las brechas sociales.
Institucionalidad
La ministra comienza su presentación, en ese sentido, con el apoyo a las reformas institucionales, que sin duda son indispensables para mejorar la competitividad y productividad del país. Anunció la prioridad dada a la “función justicia” en el presupuesto del próximo año, tal como podemos ver en el siguiente gráfico.
Son casi 1,000 millones de soles más para la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Contraloría. No conocemos el detalle que, sin embargo, es muy importante. Casi la mitad de esos recursos van, por ejemplo, a la Fiscalía: ¿para incrementar el equipo que promueve prisiones preventivas abusivas que luego deben ser revocadas por el Tribunal Constitucional? ¿Para continuar con la justicia plebiscitaria?
La corrupción, como sabemos, está íntimamente imbricada en el sistema judicial mismo. Para limpiar y transformar ese sistema tenemos que ir a la implantación de los expedientes digitales a todo nivel, a la oralización de los procesos civiles, a la creación de una carrera judicial meritocrática basada en evaluaciones. ¿Se está poniendo recursos para eso?
Pobreza y brechas sociales
En cuanto a la reducción de las brechas sociales, la ministra menciona la pobreza, la anemia y el acceso a agua potable, y anuncia la incorporación de 4 millones de peruanos al SIS. Pero solo menciona incrementos presupuestales para combatir el friaje y la violencia contra la mujer. ¿Cómo vamos a hacer para que un SIS desbordado, desfinanciado e ineficiente incorpore a 4 millones de personas más? La ministra mencionó el Decreto de Urgencia respectivo, que contiene, efectivamente, algunos lineamientos para mejorar la gestión, pero entre esos lineamientos no aparece lo fundamental: pagar por resultados (que se haya resuelto el problema de salud del paciente y que este se lleve todos sus medicamentos gratis), y no por número de atenciones como es ahora, que fomenta el sobregasto y la corrupción.
Tampoco anunció nada respecto a reconvertir Juntos en Juntos Productivo o expandir programas como Sierra Productiva, única manera de reducir radicalmente la pobreza rural de manera sostenible y no asistencialista.
Reformas de la inversión pública
¿Anunció la ministra reformas propiamente económicas? Sí, pero solo algunas vinculadas a la inversión pública que, dicho sea de paso, ¡cayó 15% en noviembre! Explicó el DU publicado el mismo viernes 29 que establece medidas para asegurar la ejecución de los 52 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura. Dichas medidas son, entre otras, su priorización, la exoneración de habilitación urbana y licencia de construcción para dichos proyectos, prioridad en atender trámites, permisos y licencias de obras, y la simplificación de liberación de interferencias.
Sin duda es bueno que se haya dado ese DU para que el Plan Nacional de Infraestructura, un avance importante, se ejecute y no se quede en el papel, aunque algunas de las soluciones propuestas ya existen desde años y no han dado mayor resultado según Gonzalo Prialé, ex presidente de AFIN. Veremos.
La ministra también hizo mención al DU orientado a la reactivación de 867 obras paralizadas en el Gobierno Nacional y Regional por más de S/ 16 mil millones (2,2% del PBI), y anunció el relanzamiento del bono por cumplimiento de metas para gobiernos sub-nacionales. Lo más interesante fue el anuncio de la reforma del marco legal de la contratación pública, incorporando el know how de los juegos Panamericanos. No entró en detalles, pero es claro que eso debería llevar a modificar completamente la ley de contrataciones, pasando a un modelo de confianza y comunicación que destierre la cultura de la sospecha y la presunción de corrupción. Habría que adaptar la ley de contrataciones del Reino Unido.
También anunció la conversión de Proinversión en una agencia especializada para la estructuración y adjudicación de proyectos, sin entrar en pormenores.
Simplificación regulatoria
En cuanto a “mejorar el ambiente de negocios para impulsar la inversión privada”, mencionó un “proceso permanente de mejora de la calidad regulatoria” y anunció la simplificación de 30 procedimientos. Debe haber habido un error. Quizá se refería al 30% de los procedimientos, porque 30 son nada. Según Zarella Sierra de la Secretaría de Gestión Pública, el proceso de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) ha llevado a eliminar más de 700 procedimientos administrativos o trámites y a ratificar o validar algo más de 1,400, de los cuales los 100 más complejos volverán a pasar un ACR. Sin embargo, en la DIGEMID, por ejemplo, no se ha logrado hasta la fecha reducir procedimientos o trámites importantes -algo vital para que la población acceda a medicamentos de calidad y baratos-, debido a la resistencia burocrática.
El gobierno como tal no parece muy consciente de estos avances, ni los publicita. La ministra tampoco anunció nada respecto de la aplicación al conjunto de normas del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), un instrumento más poderoso aun que los ACR para facilitar la inversión y reducir la corrupción, porque elimina no trámites sino las normas mismas que regulan la actividad económica.
Sí se refirió a incluir los TUPA estandarizados en el Plan de Incentivos Municipales. Eso está bien, pero a la fecha sólo se ha estandarizado el TUPA para la licencia de funcionamiento. Aún falta el relativo a la licencia de Construcción. Ya lleva casi un año de retraso, pero se dice que saldría el primer trimestre del 2020.
Nada sobre reformas económicas y laborales
En cuanto a la producción misma, reiteró que se impulsará el proceso de diversificación productiva a través de las mesas ejecutivas en los sectores priorizados que son el forestal, el acuícola y el turismo. Estas mesas ya vienen funcionando, y sin duda son una buena idea.
Pero no hubo anuncio alguno para sacar por DU diversas reformas que propone el propio Plan Nacional de Competitividad aprobado por el gobierno el 28 de julio. Por ejemplo, la ley para crear régimen único tributario, eliminando el RUS, el RER y el Mype Tributario para crear una sola escala gradual y progresiva que elimine el incentivo al enanismo y a la evasión y permita, junto con la masificación de comprobantes electrónicos, incorporar a la base informal a la formalidad.
Menos aún las reformas laborales, ni siquiera las inocuas que fueron incorporadas en dicho plan como la ley del teletrabajo y la de modalidades formativas.
El presidente, una vez más, desperdicia su capital político a costa del país. Lampadia
