Difundirlas en redes
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Con frecuencia se critica al empresariado por no asumir su papel de clase dirigente, por no interesarse en formular propuestas de desarrollo. Pues bien, esta vez CONFIEP ha publicado la segunda versión de un documento titulado “Propuestas para impulsar el crecimiento económico y bienestar del Perú”, que contiene lineamientos para una serie de temas que han sido agrupados en tres ejes:
- Cierre de brechas y aumento de la productividad,
- Lucha contra la inseguridad y generación de empleo,
- Competitividad y reforma política
Una de los más acabados es el relativo a la seguridad, que desarrolla lo que planteara la mesa de organizaciones empresariales y sindicales. Se insiste en los centros de flagrancia, en la calidad de la información, en obras por impuestos para mejorar la capacidad tecnológica y operativa de la policía, entre otras medidas. Se demanda acelerar la instalación de escáneres en puertos para detección de droga y reactivar los vuelos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para interceptar avionetas con cargamentos de cocaína y oro ilegal.
Y se reitera la necesidad de crear una mesa de trabajo liderada por la presidenta de la República e integrada por el sector privado, sindicatos, Ministerios del Interior, Defensa, Justicia, Economía y Fiscalía, con reuniones, al menos, una vez al mes para monitorear los resultados de los acuerdos tomados. Algo que la presidente ofreció y no ha cumplido.
En Salud, se reitera la reforma de la gobernanza de Essalud, empoderando al directorio. Y se recomienda que el Congreso apruebe el proyecto de ley 4883, que el presidente ejecutivo de Essalud es elegido por el directorio. Sería un cambio extraordinario.
También se propone “Implementar la libre elección del prestador”, aunque este punto no se desarrolla. Esto sería revolucionario. Obligaría a los establecimientos estatales a mejorar su atención para poder competir. Y para mejorarla podrían adoptar el modelo de las asociaciones público-privadas (APP), algo que el documento, sin embargo, solo propone para los hospitales de Essalud.
Aunque no queda muy claro en la redacción, se estaría proponiendo concesionar a una APP la compra y distribución de medicamentos, algo que sería vital para que los pacientes tengan acceso a medicinas gratuitas en los establecimientos de salud. Como se sabe, aquí no hay un problema de presupuesto sino de gestión y corrupción.
En educación se pone mucho énfasis en medios para ajustar la oferta educativa a la demanda laboral, y la introducción de tecnologías en el aula, pero no hay propuesta alguna en términos de gestión de la educación básica regular, algo en lo que el sector privado podría aportar, sea en asociaciones público-privadas, sea en servicios por impuestos. Menos aún se avanza a proponer un sistema de vales o vouchers para elegir el centro educativo que se desee.
En Vivienda se proponer reforzar el Bono Familiar Habitacional (BFH) y el Bono del Buen Pagador (BBP), habilitar terrenos y considerar al tráfico de tierras como delito de crimen organizado, pero sería clave que el sector bancario propusiera productos para incorporar a la construcción formal al enorme mercado de autoconstrucción informal existente.
Y en el tema de saneamiento, no se propone fórmulas de gestión privada de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) municipales que, como sabemos, prestan pésimos servicios y son un hueco negro presupuestal.
En agricultura se propone, entre otras cosas, aprobar una nueva ley del sector agrario y modernizar el Senasa. En Pesca, erradicar las plantas y centros de producción ilegal de harina aceite de pescado, así como asegurar el control de flotas extranjeras que afectan nuestras pesquerías. Hay propuestas para la acuicultura y para el desarrollo de la pesca de atún y de la biomasa del sur del país
En Minería hay una serie de propuestas para reducir la permisología, pero no hay nada para mejorar la gobernanza minera, clave para asegurar la viabilidad del desarrollo minero.
En hidrocarburos se pone énfasis en la necesidad de que los contratos sean más competitivos en relación con países de la región a fin de atraer inversiones, aunque no se entra en detalle. Esto es fundamental porque el país tiene un enorme potencial petrolero abandonado y desaprovechado.
Respecto de la formalización, se reclama simplificar procedimientos para la Mypime de una manera continua, “revisar los regímenes de contratación formal y crear un régimen promotor para que todas las personas que hayan trabajado siempre en la informalidad puedan ingresar al mercado laboral formal con un esquema más flexible. Esto sería la primera piedra en la escalera hacia la formalidad”. Lamentablemente no se entra en detalles.
También se propone fortalecer al Ministerio de Energía y Minas para que, de manera temporal y extraordinaria, se encargue de la culminación los procedimientos vinculados a la formalización minera, e implementar intervención conjunta de Osinergmin, OEFA, Sunafil y Sunat, fortalecer la fiscalización a plantas de beneficio, trazabilidad, así como otras medidas. La ley MAPE que debe aprobarse este año es clave para que se incorpore a la legalidad a este vasto sector y dejar sin espacio a la minería ilegal.
El capítulo de modernización del Estado se reclama incorporar a más servidores públicos en el régimen del servicio civil, algo que está detenido por falta de financiamiento. De otro lado, sería bueno que se especifique qué se entiende por “unificación de agencias gubernamentales con mejores competencias y donde se evite la duplicidad de trámites”. Se plantea “implementar mecanismos de análisis de calidad regulatoria y de evaluación periódica de efectos de las regulaciones”. En realidad, esto ya existe. Lo que debería montar la CONFIEP es un mecanismo de fiscalización para asegurar que se haga.
De manera interesante, aborda la necesidad de reformar la descentralización.
Se propone “generar mecanismos que permitan a autoridades de ámbito nacional encargarse de proyectos prioritarios que no estén avanzando bajo gobiernos regionales o municipalidades…, e implementar un mecanismo formal a través del cual el Gobierno Nacional sea capaz de recuperar funciones transferidas a los gobiernos subnacionales”. Esto es muy importante y debería empezar a trabajarse con más detalle y debate.
Asimismo, “realizar un diagnóstico y caracterización de los servicios que los ciudadanos demandan al Estado, creando un inventario de estos servicios, diseñando sus respectivas cadenas de valor y estimando los costos unitarios con el objetivo de distribuir las responsabilidades”, y “debería existir una entidad que pueda determinar claramente las competencias de cada nivel de gobierno”.
También se propone algo fundamental: “aumentar la escala de los gobiernos locales reduciendo la fragmentación municipal”. Tiene que empezar a introducirse en el debate nacional.
Se demanda fortalecer la gobernanza de Petroperú, pero no se propone la necesidad de introducir gestión y capital privados. Para CORPAC, en cambio, si se pide “evaluar otorgar la gestión de Corpac a empresas privadas con experiencia probada”.
Aquí solo hemos podido reseñar y comentar algunas de las 90 propuestas. Creemos que este documento es todavía un borrador, un punto de partida. Hay propuestas cuya redacción debe ser mejorada y aclarada, y muchas de ellas deberían ser el punto de partida para una mayor explicitación de su contenido. Este debería ser un documento vivo que pueda desarrollarse, además, con debates. Y las propuestas más importantes deberían empezar a difundirse en redes, para alimentar la idea de que las cosas pueden mejorar en el país y que hay caminos claros para ello. Lampadia
