La gestión del alcalde Luis Castañeda en la municipalidad de Lima le está dejando varias bombas de tiempo no solo al alcalde entrante, Jorge Muñoz, sino, más grave aún, al país en su conjunto al poner en peligro el esquema de concesiones para obras de infraestructura. Es el caso, del que no se ha hablado, de los problemas que deja en la concesión Rutas de Lima (RDL), que incluye la Panamericana Norte entre el Ovalo de Habich y Ancón, la Panamericana Sur entre en trébol de Javier Parado y Pucusana, y la carretera central desde el inicio de la Ramiro Prialé hasta el puente Los Ángeles, en Chosica. Esta última parte sencillamente no se ha podido ejecutar hasta ahora.
El problema más inmediato es el relativo al reciente aumento del peaje de 5 soles a 5.50 para los vehículos ligeros y de 4.50 a 5.50 soles por eje en los de transporte pesado.
Contra esos aumentos, la municipalidad ha planteado indebidamente una cautelar ante un juzgado, lo cual sentaría un precedente muy grave si tal cautelar se otorga, porque la seguridad de las inversiones en las Concesiones o APPs quedaría seriamente en cuestión.
El asunto es así: este aumento del peaje es el tercero de tres, convenidos para pagar obras que el propio Castañeda había solicitado. El incremento total sería de algo menos de dos soles. Los dos primeros se dieron en las fechas establecidas. El tercero debió aplicarse el 20 diciembre 2017, pero la municipalidad le pidió a la Concesión que no lo hiciera en ese momento. Se haría entonces en marzo del 2018, pero en febrero la municipalidad envía carta argumentando que Rutas de Lima no puede aumentar el peaje porque no ha culminado de obras a las que estaba comprometida.
Pero, según nuestras fuentes, en el contrato no se establece que los aumentos en el peaje de aplican contra culminación de obras.
Pese a que la municipalidad, según esto, carecía de razón, la concesionaria posterga hasta noviembre el alza del peaje. Antes de producirse, la municipalidad remite una tercera carta reclamando que no se efectúe el aumento. Pero de todos modos Rutas de Lima subió el peaje, amparada en el contrato.
Ante ello, la municipalidad, interpuso una medida cautelar en un juzgado, lo que sin duda es muy peligroso desde el punto de vista de la seguridad jurídica en las inversiones. No solo eso: anunció ante qué juez lo había hecho, como medio para presionarlo y mover a la gente. Inaudito en una autoridad responsable.
Lampadia consultó a Jaime Villafuerte, Gerente general de Protransporte, acerca de las razones por las que no se aceptó el tercer aumento y su respuesta fue: “No se ha aceptado el último incremento del peaje porque está vinculado a la culminación de las obras obligatorias de la concesión y como es de conocimiento público, la concesionaria no ha terminado de ejecutar obras como la Ramiro Prialé, el Derby, bypass de Olguín, puentes peatonales, paraderos, entre otros. Por estas razones la MML no autorizó este último incremento unilateral y arbitrario”.
Según nuestras fuentes, “los incrementos, en actas firmadas los meses de diciembre 2015 y julio 2016, se pactaron para hacerse efectivos en fechas fijas. Dichos incrementos no estaban sujetos a la terminación de las obras del proyecto. De hecho, los incrementos pactados en las actas señaladas son como consecuencia de ajustes a las obras originales que pidió la actual gestión. Incluso, el acta de 2016 -que venía ejecutándose regularmente según sus propios términos- fue firmada por el propio Jaime Villafuerte”.
En efecto, estos tres aumentos del peaje son la compensación económica por obras anteriores y sobre todo por nuevas obras que el propio alcalde Castañeda solicitó al comienzo de su gestión. Entre ellas, efectivamente, el intercambio de El Derby, el bypass de Holguín y el viaducto de la Av. Benavides.
Lampadia también le preguntó a Villafuerte por qué se ha planteado una cautelar contra el aumento en lugar de ir a arbitraje cómo está establecido cuando hay diferencias, y su respuesta fue: “no solo se ha planteado una cautelar, sino también un arbitraje para defender los intereses de los usuarios de la vía concesionada”.
Sobre esto, nos comentan que “esta estrategia revela una clara inconsistencia y la mala fe con la que viene actuando la MML. Si un tema está en controversia, mediante arbitraje, no corresponde plantear una cautelar al Poder Judicial fuera de proceso, a menos que la única intención sea presionar judicialmente para que se otorgue una cautelar durante lo que queda de la gestión actual, cautelar que, en instancia superior, sería revocada, considerando el arbitraje existente. Es decir, si el juez otorga la cautelar ilegalmente, el incremento se revertirá. Para cuando se corrija esta ilegalidad y se suba nuevamente el peaje (con las repercusiones sociales que ello trae), ya estaría en ejercicio la gestión entrante. Es decir, otro problema heredado”.
Demoras
Por lo demás, las demoras no son atribuibles a la concesionaria, sino a la municipalidad que no culmina con las expropiaciones y retiro de interferencias. Es el caso del intercambio del Derby, por ejemplo, donde recién se expropió en setiembre del año pasado, todavía no se ha removido un poste y un canal de regadío. Esta obra fue reiniciada en enero y culminaría en marzo del 2019. Pero el bypass de Holguín no se ha iniciado por interferencias existentes y el viaducto Benavides tampoco por la misma razón: hay una tubería que no ha sido retirada.
El forado del peaje de Chillón
Pero más graves aún son otros dos problemas que deja Castañeda en esta concesión. El segundo es la secuela del incendio del peaje de Chillón, que le dejó a la Concesión un forado del 25% de sus ingresos. Ya han pasado casi dos años desde que se produjera tal evento, y la municipalidad no ha sido capaz de llegar a un acuerdo para ver la manera de reponer esos ingresos, sea construyendo un nuevo peaje, o sea mediante una combinación de medidas tales como subir en alguna medida los demás peajes de la concesión, alargar el plazo de la concesión y disminuir el número de obras a ejecutarse, por ejemplo. Se han producido 19 reuniones entre los representantes de la Municipalidad y de la concesionaria, y no se llegó a nada. Rutas de Lima envió entonces una carta ejecutando la garantía contenida en la cláusula 10.4 del contrato según la cual si un peaje es anulado la municipalidad debe compensar el dinero que el peaje hubiera recaudado, pero la municipalidad se negó a pagar y entonces el Concesionario llevó el tema a arbitraje en Uncitral, organismo de las NNUU. Esto tiene para un año y medio más.
Preguntamos a Jaime Villafuerte por qué no se llegó a un acuerdo para reponer los ingresos del peaje de Chillón, y su respuesta fue: “Respecto al tema de chillón, nos encontramos en un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), la MML tiene elementos necesarios para defender su posición y hoy se sabe que odebretch aportó US$3 millones a la revocatoria del NO”.
En realidad el arbitraje no es ante el CIADI sino ante Uncitral, de las Naciones Unidas. Nos dicen que “no se entiende la relación del aporte de campaña con este tema. Es muy importante destacar que la iniciativa privada fue adjudicada con fecha anterior al proceso de revocatoría. El proyecto ya estaba adjudicado y se habían aprobado las condiciones esenciales del contrato para cuando se inició la revocatoria. Este es un tema que recurrentemente se usa para desacreditar al proyecto”.
Por supuesto, el menor ingreso derivado de la anulación del peaje de Chillón va en detrimento del mantenimiento de los tramos de la Panamericana Norte y Sur que corresponden a la Concesión. Lo paradójico acá es que el peaje fue quemado pese a que las obras en la parte de la Panamericana Norte ya estaban culminadas, y sí existía un desvío interior si es que no se quería pagar el peaje (el recorrido pasaría de 31.7 km a 38km y el tiempo se alargaría de 56 min a 1h 17m). Faltó sin duda explicación y control policial de los núcleos del Movadef que lideraron el ataque. En cualquier caso, tampoco es necesario que la obra esté terminada para empezar a cobrar peaje, porque este sirve para no solo para recuperar inversión sino para el mantenimiento.
La Ramiro Prialé hasta Los Ángeles, abandonada
El tercer problema es el de la construcción de la doble pista desde la Ramiro Prialé hasta el puente Los Ángeles, una obra absolutamente prioritaria considerando la saturación asfixiante de la Carretera Central. Rutas de Lima logró avanzar 7 km de afirmado desde Huachipa hasta Ñaña, invirtiendo 140 millones de soles. Pero faltan 13 kilómetros hasta Los Ángeles que están abandonados por la sencilla razón de que la municipalidad no ha efectuado las expropiaciones correspondientes.
Lampadia preguntó a Jaime Villafuerte por qué no se ha expropiado los terrenos, y su respuesta fue: “Se ha expropiado más del 90% de los predios del tramo entre la Av. Las Torres y el Puente Los Ángeles. Sin embargo, los recursos que la concesionaria aportó como obligación contractual, se agotaron en el 2016 y ahí teníamos 2 opciones: i) aporta la MML o ii) aporta la concesionaria con cargo a mecanismos de compensación. Al ser una Iniciativa Autofinanciada, en 2016, se tomó la segunda opción; sin embargo, estalló el tema de lava jato en Brasil y la empresa no pudo levantar los fondos, mientras tanto todo el 2017 intentamos arreglar dos temas: Chillon y expropiaciones y al ver que no habían acuerdos, la MML decidió constituir un fideicomiso para aportar los recursos faltantes para el pago de las interferencias y expropiaciones de este proyecto y la concesionaria nos emplazó con un arbitraje”.
Sin embargo, nuestras fuentes nos dicen que esto es “Falso: la naturaleza de autosostenible de la concesión no significa que la MMLl se libere de sus obligaciones, en su calidad de entidad concedente, de cumplir con la liberación de los terrenos para las obras y el aporte de los recursos que sean necesarios para tal fin, tal como ocurre en todas las concesiones y contratos APP. El acuerdo para que rutas de lima consiga los recursos faltantes, con cargo a mecanismos de compensación, que la MML propuso inicialmente, fue dejado sin efecto por la MML misma, mediante oficio. Es importante destacar que, pese a que el contrato de concesión establece que las obras de Prialé sólo debían iniciarse luego de liberado el 100% de los terrenos, RDL, a pedido expreso de la MML y en el marco de la buena fe, decidió avanzar con algunas actividades, invirtiendo 140 millones de soles en dicho tramo, confiando en que la MML liberaría las áreas para la continuación de las obras, hecho que a la fecha no ocurre”.
Pero, ¿la municipalidad dejó sin efecto esa opción debido a que RDL no pudo levantar los fondos?, le repreguntamos. Su respuesta fue:
“No. En noviembre de 2016 se firma un acta para que RDL salga al mercado a levantar los recursos faltantes para las expropiaciones a cargo de la MML. Como compensación por ello, la MML otorga, entre otros, la eliminación de la regalía (4% de ingresos) que iba a recibir una vez culminadas las obras. Cuando esta acta se cuestiona en el concejo metropolitano de Lima (básicamente por la eliminación de la regalía) y sale a medios, la MML cambia de opinión y en febrero de 2017 nos manda un oficio, dejando sin efecto el acta de acuerdos, arguyendo como causal que no estaríamos en capacidad de levantar los fondos. Lo cierto es que, para cuando recibimos el oficio, nosotros seguíamos realizando las gestiones para el crédito sindicado, a pesar de que en enero (un mes antes), el alcalde unilateralmente y de manera ilegal eliminó el peaje espejo de chillón, afectando los flujos del proyecto. En síntesis, ellos firman el acta (noviembre) para que levantemos los fondos, en enero eliminan un peaje del sistema, y en febrero nos dicen que el acta queda sin efecto porque no pudimos acreditar la obtención del financiamiento”.
“Sobre el fideicomiso, sé que hicieron gestiones por su lado para conseguir los fondos y creo que tienen un fideicomiso con algunos recursos. El tema era crítico porque, en Prialé, liberaron áreas con promesas futuras de pago sabiendo de la insuficiencia de los recursos, y la gente afectada empezó a tocarles la puerta para que cumplan con pagarles. Y lo del arbitraje no lo entiendo. El único que hay actualmente es el de Chillón por la eliminación del peaje, que iniciamos nosotros”.
¿A cuánto ascienden los fondos necesarios para expropiaciones e interferencias? Se trataría de 193 y 40 millones de soles respectivamente, considerando todos los proyectos, no solo el de Prialé. ¿Cuál es la solución para conseguirlos? Según nuestras fuentes, “Hoy la MML está obligada a buscar los recursos para cumplir con su obligación. No obstante, el contrato establece que, previo acuerdo de partes y establecimiento de las compensaciones respectivas, el concesionario puede coadyuvar a levantar los fondos. Esta posibilidad, en el contexto actual de no reconocimiento de ajustes de tarifa y eliminación de una unidad de peajes, la veo poco viable. Es una opinión personal”.
En cuanto a la inversión misma, la concesionaria se encarga de financiarla, y luego recupera la inversión en el tiempo por medio de un peaje. Pero cabe preguntarse si los bancos aceptarán otorgar un préstamo para ese fin si el peaje puede ser siniestrado o impedido de instalarse, sin que ello sea compensado de otra manera, como viene ocurriendo con el peaje de Chillón.
Inversión total
Rutas de Lima ha invertido ya 2,000 millones de soles en obras, y ha recaudado 917 millones de soles en 5 años. De esos, 500 millones se destinaron a tareas de mantenimiento y algo menos de 400 millones al pago de intereses de los bonos. Todavía no se paga el principal.
Aun falta invertir 500 millones en la Prialé hasta Los Ángeles y otros 500 en otros proyectos, y el gasto total en mantenimiento en 30 años se estima en 5 mil millones de soles. O sea, la recaudación anual es del orden de 180 millones de soles, 100 millones corresponden al mantenimiento, y, aproximadamente 80 millones anuales deben servir para recuperar la inversión de 3,000 millones.
En otras palabras, aquí hay inversión importante y mantenimiento garantizado. Todo eso debe ser recuperado mediante los peajes. Si se pone en cuestión la operación de los peajes sea por su destrucción sin compensación, sea por medio de acciones cautelares dictadas por el Poder Judicial, el Perú se condena a no poder desarrollar su infraestructura de comunicaciones y menos aún a poder mantenerla. Podríamos regresar a la Edad Media. Lampadia
