Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón, Peter Cárdenas Schulte y Óscar Ramírez Durand son nombres de cabecillas de las dos organizaciones más sanguinarias que ha conocido nuestro país, el MRTA y Sendero Luminoso. Son, también, los cuatro terroristas que la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima ha decidido que deben ser trasladados de la Base Naval del Callao (la prisión más segura que tiene el Perú) hacia otro penal donde las condiciones carcelarias sean más flexibles y cómodas.
Tanto el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como la Defensoría del Pueblo y el presidente del Poder Judicial han salido inmediatamente a criticar la sentencia, pues la Base Naval del Callao es el único centro que cuenta con las estrictas condiciones de seguridad que se requieren para recluir a los monstruos en cuestión. Y este último calificativo, por cierto, se queda corto para describir a estos sujetos. Estamos hablando de algunos de los criminales que más sangre han hecho correr en nuestra historia, que mayor riesgo de fuga suponen (todos recordamos, por ejemplo, cómo en 1990 Polay y 46 integrantes del MRTA escaparon del penal Castro Castro mediante un túnel de 320 metros que construyeron y que desembocaba en una casa abandonada de la zona) y que podrían perfectamente seguir dirigiendo operaciones terroristas desde una cárcel que, a diferencia de la base naval, no cuente con todas las medidas para evitarlo.
Toda esta situación, por otro lado, se muestra aún más negra cuando tenemos en cuenta que la mencionada resolución judicial es un precedente que otros de los actuales inquilinos de la Base Naval del Callao podrían invocar para que a ellos también se les dé un tratamiento similar. Nos referimos, especialmente, a Abimael Guzmán y a Vladimiro Montesinos. De hecho, Alfredo Crespo, el abogado de Guzmán, sostuvo hace unos días que la resolución judicial que ordena que Polay y los otros tres terroristas sean trasladados a un penal distinto también podría aplicarse a su cliente pues “si salen cuatro internos, no habría razón para que se quede el resto. No tendría sentido ni sería legal”.
Repasemos por un momento las condiciones de seguridad de Piedras Gordas, la cárcel a la que aparentemente tendrían que mudarse los terroristas, para darnos cuenta del tamaño del despropósito que es la sentencia en cuestión.
Más de un delincuente ha logrado transformar este penal de un centro de reclusión a un centro de operaciones, aprovechando la falta de control interno, el acceso a redes Wi Fi sin clave de inmuebles vecinos y la inoperancia de los sistemas de bloqueo de celulares. Por poner algunos ejemplos recientes, a principios del año pasado el cabecilla de Los Malditos de Río Seco organizó y pagó desde ahí la fuga de su sobrino Alexander Pérez Gutiérrez (alias ‘Gringasho’) de Maranguita. En febrero, varios medios informaron que el asesinato del vicepresidente regional de Amazonas se habría planeado desde esa cárcel.
En junio, se conoció que, desde su celda en ese penal, el recluso Eduard Horna Casamayor extorsionaba a médicos y empresarios de Chimbote a los que pedía dinero para no atentar contra sus vidas y las de sus familias. El pasado diciembre, por otro lado, se denunció que 8 policías servían como sicarios al cabecilla de la banda de extorsionadores El Nuevo Clan del Norte, que dirigía sus operaciones desde el penal, entre ellas el asesinato de varios policías. Y ahí se quiere reubicar a los cabecillas del MRTA y Sendero.
No podemos olvidar que en el pasado el terrorismo creció, en parte, gracias a que un sector de la sociedad subestimó o fue indulgente con sus miembros y su pensamiento radical. Algunos minimizaron su peligrosidad (recordemos cuando los consideraron “abigeos”) y otros (aunque hoy lo nieguen) los defendieron o se hicieron de la vista gorda frente a sus atrocidades por empatía ideológica. Eso facilitó que el monstruo creciese, devorase parte de nuestra sociedad y nos costase tantas vidas y años de paz y desarrollo. Y, luego de derrotado, no han faltado individuos y organizaciones –presuntamente democráticas– que han abogado por que cese su condena aquí y en el extranjero, como si se tratase de inocentes borregos maltratados en vez de sanguinarios lobos justamente perseguidos.
Nunca más debemos cometer el error de dejar que el virus del odio y del terror se vuelva a esparcir. No podemos ceder un centímetro a estas bandas de asesinos. Por eso, y pensando en la seguridad del país, se debe anular la sentencia y el gobierno tiene que tomar todas las medidas necesarias para que la base naval cumpla con todos los requerimientos que la regulación penitenciaria demanda y para que la ausencia de alguno de estos no pueda ser utilizada como excusa por este grupo de asesinos para pedir una reubicación.
Publicado en El Comercio, 23 de marzo de 2014.
