Con este artículo abrimos una nueva sección en nuestro ‘Repositorium’: “El Estado del Siglo XXI”. Ad portas del proceso electoral para elegir a un nuevo presidente del Perú, Lampadia decide abrir esta sección destinada a debatir y proponer las reformas que se requieren para construir el Estado para el Siglo XXI que necesitamos, una tarea impostergable si queremos recuperar la gobernabilidad que nos permita seguir creciendo y reduciendo la pobreza. Ver planteamiento y temática de esta sección en: El Estado del Siglo XXI: La Gran Reforma Institucional.
Para el desarrollo de la temática planteada contaremos con el aporte de Jaime de Althaus, quien desarrollará cada uno de los temas en base a investigaciones, análisis y entrevistas con los personajes vinculados a este tema tan trascendental.
Además, recogeremos de la media los análisis y propuestas que permitan enriquecer nuestro aporte.
¿Se inicia la modernización en el Ministerio Público?
Corrupción
Cuando José Luis Echevarría, nuevo gerente general designado por el Fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, entró a hacerse cargo de sus funciones en febrero de este año, lo que encontró fue de pavor: 200 millones de soles en deudas; una oficina de logística que presionaba a la Tesorería con cartas fianza de Coopex (la cooperativa de Rodolfo Orellana), llegando al extremo fraudulento de adulterar un comunicado de la OSCE agregándole un párrafo final extraído de una cautelar de un juez del Santa que amparaba a dicha cooperativa; servicios sin contratos –como el de seguridad, por ejemplo, que llevaba ya 80 millones de soles acumulados en pagos pendientes-, para no hablar del contrato de limpieza con las empresas de Oropeza y su madre. Había empleados que cobraban por dar la conformidad a los servicios brindados, y otros que sustraían bienes del almacén.
La administración de la institución encargada de acusar a los delincuentes, era un nido de ladrones.
El problema en ese momento era salvar el día a día, pero poco a poco la nueva administración se empezó a organizar. Identificó a los elementos perniciosos y no les renovó el contrato. Salieron más de 100 empleados de la gerencia de logística. Resolvió el contrato con Sergerosac, la empresa de Gerald Oropeza, proveedora única del servicio de limpieza, y la reemplazó por 11 proveedores.
Cuando le tocó adecuar la infraestructura para la implementación del nuevo código procesal penal en Junín, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, descubrió que la costumbre había sido entregar a dedo las obras sin contrato ni papel alguno de modo que una vez terminadas el contratista informaba cuanto había gastado y se le pagaba. El objeto era robar, simplemente. En esta ocasión las cosas se hicieron bien, con contratos sustentados en expedientillos y con varios contratistas.
Plan de racionalización y modernización
Luego de capear varios temporales, la nueva administración se abocó a diseñar un plan de ordenamiento, racionalización y modernización. Una reforma. La primera tarea es reducir y simplificar la estructura orgánica, saturada de gerencias, oficinas y organismos como consecuencia del hecho de que cada nuevo Fiscal de la Nación sentía que trascendería en la medida en que creaba uno o varios nuevos órganos para distintos fines. Hay, por ejemplo, una cuna jardín que tiene 40 empleados para atender 150 niños en una institución que tiene 17 mil empleados. Pablo Sánchez –afirmó Echevarría- pasará a la historia no como el que creó más entidades, gerencias y subgerencias, sino como el que redujo su número.
Echevarría calcula que alrededor de un 30% de la estructura actual tiene que desaparecer para volver al MP una institución más productiva y eficiente. El plazo para presentar la propuesta de una nueva estructura orgánica vence la última semana de octubre del 2015.
Lo segundo es conectar la administración con las fiscalías. Es decir, diseñar procesos que permitan que la administración atienda los requerimientos de las fiscalías, porque lo que se tiene ahora es que ambas áreas funcionan con lógicas y tiempos distintos y las gerencias no pueden atender las emergencias que las fiscalías deben cubrir sino luego de largos procedimientos y papeleos, cuando ya es demasiado tarde. Es decir, no hay correspondencia entre los procesos logístico-administrativos y los de las fiscalías. Y no solo en el plazo inmediato, sino a mediano y largo plazo tampoco. El sistema fiscal ha crecido sin recursos, infraestructura ni tecnología. Nunca ha planificado su desarrollo en forma estratégica.
Meritocracia
Un instrumento para dicha planificación es el sistema de medición de la productividad de los fiscales, implantado hace un año y medio, que debería servir no solo para evaluar el desempeño de los fiscales sino también para identificar distritos fiscales en los que hay sobre carga y necesitan ser reforzados, y otros en los que sobran fiscales, para optimizar la distribución de fiscales en el territorio.
El problema es que, por el momento, el sistema de medición de la productividad de los fiscales que es relativamente rudimentario, porque no distingue entre tipos de casos y circunstancias. Mide cuántos casos recibe el fiscal y cuántas acusaciones hace, y extrae una relación entre ambas cifras. Este índice sirve para que los fiscales se emulen entre ellos, esforzándose más, pero no sirve, por el momento, para tomar buenas decisiones respecto a aumentos o reducciones de personal, por ejemplo, ni para una efectiva evaluación del desempeño del juez. Un caso complejo, por ejemplo, no puede ser medido con la misma vara que uno simple. Habría que distinguir por tipos de delitos también. Esta es una tarea pendiente.
En cuanto al personal administrativo, lo lógico sería incorporarlo –así como el del Poder Judicial- a la ley de Servicio Civil, algo que no ha sido contemplado todavía. Es decir, establecer una carrera administrativa meritocrática en estas instituciones.
Planificación de los recursos humanos
Para planificar adecuadamente el crecimiento del número de fiscales y su distribución Echevarría ha decido trasladar la oficina de medición de la productividad de los fiscales a la gerencia general, no solo para buscar un instrumento más fino, que mida mejor la complejidad, sino a fin de poder analizar qué otros factores concomitantes pudieran estar influyendo en el rendimiento de los fiscales y tomar las decisiones correspondientes. Y para que cualquier decisión venga acompañada de asignación de los recursos correspondientes. Hasta ahora la Fiscalía decidía incrementar el número de fiscales sin los recursos correspondientes, porque los procesos de la fiscalía y de la gerencia no conversaban entre sí.
“La idea es que podamos tener indicadores de productividad tales que allí donde se certifique la necesidad de más fiscales, por ejemplo, esto active respuestas logísticas tales como personal, máquinas o espacio físico”, explica Echevarría.
“Tenemos que mapear las fiscalías a nivel nacional y estandarizar procesos; para lo cual, a su vez, tenemos que tener todo en base de datos, con los nuevos sistemas informáticos que vamos a desarrollar”, apunta Echevarría.
Digitalización: interconexión, expediente digital y data center
Por eso, lo tercero es la digitalización. Hasta hace poco la gerencia general asignaba expedientes administrativos a mano, con una libretita. El sistema informático del nuevo código procesal penal no es el mismo en los distintos distritos fiscales. Incluso dentro de los propios distritos fiscales. Aquellos que ingresaron primero al nuevo Código se quedaron con las versiones anteriores, que no han sido renovadas. La información de la policía o de los expedientes viene con inconsistencias. Se requiere uniformizar los sistemas, construir una sola plataforma.
En general, las Fiscalías no están interconectadas, y tampoco con el nivel central. Para centralizar la información una Fiscalía alejada debe enviar un USB por correo.
En ese sentido, la gerencia está elaborando tres grandes proyectos informáticos: uno para la interconexión por medio de fibra óptica entre todas fiscalías, que costará 50 millones de soles.
Uno segundo para crear una plataforma única de gestión fiscal, de modo que se pueda ver la carpeta o expediente fiscal completo de cada caso, incluyendo los peritajes del Instituto de Medicina Legal. Ese expediente digital debe incluir las audiencias grabadas, incluso con imágenes. Es algo que comenzará a hacerse gradualmente a partir del próximo año, en las audiencias de las fiscalías supremas y superiores. La ventaja de grabar las sesiones en audio e imagen y tener una carpeta digital es la transparencia, que proscribe la corrupción. Cualquier diligencia, toma de declaración o audiencia queda
expuesta, imposibilitando «acuerdos» y cambios que puedan querer fraguarse. También quedaría más expuesta la práctica actual de los médicos del instituto de Medicina Legal (muy mal pagados, es cierto) de hacer pericias de parte.
Además, las grabaciones permitirían detectar deficiencias e incompetencias en el trabajo fiscal, lo que ayudaría a las evaluaciones y a definir mejor los programas de capacitación. Las carpetas digitales permitirían incluso usar todos sus datos para hacer investigación social del delito o desarrollar aplicaciones móviles sobre zonas delictivas, entre otras ventajas.
Echevarría explica que las carpetas digitales podrán incluir todas las actividades en las que participe el fiscal, incluso las escenas del crimen, el levantamiento del cadáver, la toma de declaraciones, etc., porque cada fiscal tendría una tablet, con la que grabaría, y que funcionaría con un servidor
interno de modo que no necesitaría estar en red para grabar: graba y luego cuando se conecta carga los datos automáticamente al sistema.
Ahora bien, el problema para implementar el sistema de grabaciones es el costo de las tablets. El software, en cambio, es barato. Se trata del programa Cicero, que incluso transcribe la voz en texto. El Poder Judicial ya ha empezado a hacerlo. Se calcula que el costo de este segundo proyecto sería de 3 millones de soles
Y el tercer proyecto informático es el centro de computo (data center). El actual es vetusto y está instalado en pésimas condiciones (le cae el agua de los aires acondicionados, por ejemplo). Este costará 27 millones de soles.
Recursos
El problema son los recursos, que no han sido considerados en el presupuesto del 2016 pese al potencial transformador de todo este programa de digitalización e informatización. Pero Echevarría espera poder financiar los tres proyectos informáticos reseñados con algún apoyo del programa ACCEDE del BID, que maneja unos 36 millones de dólares para diversos proyectos de fortalecimiento del sistema judicial, y con los ahorros que devenga la distritalización de las fiscalías. No parece claro que lo logre.
Tampoco tiene el Ministerio Público recursos para resolver el problema del Instituto de Medicina Legal, integrado por médicos muy mal pagados y sin equipos adecuados. Ni para resolver su problema de locales, por lo general muy mal acondicionados. Tiene 389 locales alquilados por los que paga 1 millón 800 mil soles mensuales. Y tienen 96 terrenos, donados por municipalidades o gobiernos regionales en muchos casos, en los que no puede construir, pese a tener código SNIP, por falta de presupuesto. Para el próximo año van a recibir 27 millones para terminar locales que ya tienen un 80 o 90% de avance. Sugerimos que armaran un paquete para que fuera construido mediante Obras X Impuestos. No cabe duda que acá hace falta un poco más de dirección por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
Distritalización
¿En qué consiste la mencionada distritalización de la que Echevarría espera obtener ahorros? Pues en trasladar fiscales a locales construidos y habilitados por las municipalidades distritales de Lima. El Ministerio Público firmó un convenio en ese sentido con la Municipalidad de Miraflores, que ya ubicó un terreno en el que edificará un local al que se mudarán dos despachos fiscales, y está en conversaciones con las municipalidades de La Victoria y San Borja para el mismo fin.
De esa manera el Ministerio Público descongestiona su sede central, donde hay 58 fiscalías penales, ahorra recursos y, de paso, logra algo muy importante: acerca el servicio a la población y a la policía. Que el fiscal esté más cerca a la policía es fundamental para que pueda asumir mejor su rol de director de la investigación, mejorar la calidad del parte policial que en ocasiones es incomprensible, sustentar mejor sus acusaciones y reducir la corrupción a ese nivel.
De esa manera, de paso, se podrá mejorar las condiciones en las que trabajan las fiscalías especializadas, que están en la sede central. Están hacinadas y ni siquiera tienen cajas fuertes, por ejemplo.
Lo ideal, por supuesto, sería que la infraestructura que construyan dichas municipalidades pueda albergar también a un juez y una pequeña carceleta, a fin de poder juzgar de manera inmediata a penas cortas a los delincuentes detenidos por delitos menores y evitar así la sensación de impunidad que alimenta la práctica de los linchamientos. Pero esto depende de una coordinación con el Poder Judicial y el INPE que está lejos de estar institucionalizada.
“Puedes entregar la vida, y avanzas centímetros”, concluyó Echevarría, resumiendo el esfuerzo titánico que significa intentar modernizar la administración en el sector público.
Recomendaciones
- Culminar la simplificación de la estructura orgánica, reduciendo las gerencias y oficinas en un 30%
- Conectar los procesos de la gerencia con los de las fiscalías (tarea en marcha)
- Perfeccionar el sistema de medición de la productividad de los fiscales, incorporando la complejidad y las diferencias entre tipos de casos.
- Incorporar al personal administrativo a la ley de Servicio Civil
- Interconectar todas fiscalías por medio de fibra óptica (en diseño)
- Crear el expediente fiscal digital, que incluya los peritajes del Instituto de Medicina Legal y las audiencias grabadas, incluso con imágenes (en diseño)
- Concretar el expediente único desde la Policía hasta el Poder Judicial, integrando las respectivas plataformas electrónicas (se ha formado una comisión interinstitucional)
- Implementar el centro de cómputo o data center (en diseño)
- Firmar convenios con todas las municipalidades distritales de Lima a fin de trasladar fiscales a locales construidos por las municipalidades que alberguen, además, a un juez y una carceleta, para aplicar justicia inmediata (en marcha parcialmente)
- Construir locales, en terrenos donados, mediante obras por impuestos.
