Pablo Bustamante Pardo
Expresidente de IPAE
Director de Lampadia
Ampliar el plazo del Reinfo y acercarse al calendario electoral es garantizar que la patente de corso del crimen y la minería ilegal continuará por el tiempo previsible.
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Cuestionan decisión de prolongar la vigencia del Reinfo
Alexander Villarroel Zurita
El Comercio, 1 de diciembre del 2024
Representantes de la SNMPE y ComexPerú incidieron en que el Congreso se debió abocar a debatir el problema de fondo, en lugar de aplazarlo. El Parlamento aprobó prórroga hasta junio del 2025, con posibilidad una ampliación de otros seis meses.
La decisión del Congreso de optar por prolongar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) –la tercera desde su creación– genera preocupación y cuestionamientos por parte del sector empresarial. La fórmula pasa ahora a manos del Ejecutivo, que debe definir en los próximos días si la promulga o, por el contrario, la observa y la retorna al Legislativo.
“Muy apenados porque una institución como el Congreso, en una República que tiene más de 200 años, debió debatir lo importante. Y tener la capacidad de que, a partir de ese debate de lo importante, lográramos consensos. Hemos cedido a las paralizaciones, a la extorsión”, dijo a El Comercio Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
A su juicio, el Legislativo se debió abocar hacia la discusión de la ley para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal –conocida como ‘ley mape’– y, a partir de ella, dar un período de tránsito al Reinfo. Pero, advirtió, ocurrió lo contrario: se aprobó la extensión del registro, con cargo a discutir y aprobar el tema de fondo.
“Y eso lo que revela es que, en nuestras instituciones, en lugar de tomar decisiones pensando en el desarrollo sostenible del país, encontrar empleos de calidad para los jóvenes, cede a las presiones y encuentra soluciones de corto plazo. Que seguramente ganan aplausos, pero que sabemos todos que no resuelve ningún tema de fondo y que, lamentablemente, da espacio para las actividades ilegales”, incidió.
El presidente de la SNMPE opinó que “en el mundo ideal”, la fórmula aprobada el último viernes debería ser observada, aunque con la situación actual del Ejecutivo “es poco probable que suceda”.
Similar postura tuvo Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex-Perú, quien apuntó que lo aprobado por el Congreso “ha sido una forma de evitar entrar al fondo del asunto”.
“Lo que han hecho simplemente es –remarcó– acordar renovar el registro automáticamente sin casi ningún condicionamiento y decir: como ya lo renovamos, ahora vamos discutir sobre el proyecto de ley de la formalización. Cuando, en realidad, esa es la problemática, eso debieron hacer desde el inicio”.
Mencionó que si el Congreso hubiera tenido la voluntad política, la Comisión de Energía y Minas se hubiera declarado en sesión permanente, invitado a todos los sectores y aprobado la ‘ley mape’, sin haber tenido que aprobar la prórroga.
“El hecho de que, justamente, se haya prorrogado sin atender la problemática de fondo, lo que se está haciendo es ampliar esta coraza legal que le da [el Reinfo] a los mineros ilegales que se aprovechan de este marco para seguir operando impunemente”, incidió en diálogo con este Diario.
El jefe de Gabinete, Gustavo Adrianzén, comentó este sábado en RPP que el Ejecutivo revisará la fórmula aprobada por el Legislativo “y, si corresponde promulgarla, lo haremos; y si corresponde observarla, también seguiremos ese camino”.
En otro momento, comentó que en la actualidad la minería está extrayendo “muchísimo oro” del Perú, con ingentes cantidades de dinero que no rinden tributo, y que “el Reinfo llegó a convertirse en una suerte de patente de corso” para actuar sin restricciones.
Víctor Gobitz, presidente de SNMPE sobre extensión del Reinfo: “Se ha aprobado contravenir el Estado de derecho”
Entrevista a Víctor Gobitz
Correo, 1 de diciembre del 2024
Erik Rivera
¿Cómo toma la decisión del Congreso de extender por seis meses la inscripción al Reinfo?
Es una mala decisión. Es una decisión tomada con información parcializada. Obviamente, no sé si presionado por esta ola de extorsión que son las paralizaciones y tomas de carreteras. Lo concreto es que el Congreso cometió el error de censurar al ministro (Rómulo Mucho), pero lo que se debió hacer es aprobar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y que, como consecuencia de la aprobación, extender por un periodo corto el Reinfo. Lo que ha sucedido es lo contrario: se ha extendido el Reinfo y no se aprobó la ley MAPE. Pero ojalá que sea debatida y el Poder Ejecutivo nombre a un ministro de Estado con la capacidad de gestión, caso contrario solo habremos extendido el Reinfo que todos sabemos que trae violencia y criminalidad y no empleo de calidad. Sin duda, han usado a los mineros y los que ganan son los que tienen plata.
¿Qué tan riesgosa es la extensión del Reinfo?
El problema es que ha legalizado la operación de aquellos que quieren entrar a concesiones de terceros… Y para obtener el mineral utilizan la violencia. Lo que se está aceptando desde el Congreso es contravenir el Estado de derecho.
¿Cree que el Gobierno termine observándola?
Si el Gobierno lo observa, que no creo que lo haga porque tiene otras preocupaciones, lo que va a pasar es que el Congreso, por insistencia, la va a aprobar. En lo que debería enfocarse el Gobierno es en nombrar a un ministro que conozca del tema y pueda abordar la Ley MAPE con urgencia y premura.
¿No debería haber un cambio o ajustes dentro de la ley?
Lo que se debió hacer es aprobar la Ley MAPE. Y la Ley MAPE requiere un reglamento que debe ser debatido y, dentro de la Ley MAPE, hacer una extensión del Reinfo para que, de esa manera, se encuentre el vínculo de manera de urgencia. Con lo del Reinfo no se tiene ningún sentido.
¿Hay buena intención del Congreso en el hecho de que se reduzca el registro?
Depende de cómo lo quiera ver uno. Si uno aspira a obtener el máximo potencial de las cosas no puede aspirar a algo mediocre. La solución que ha planteado el Congreso, que seguramente a ojos de terceros es mejor, es una solución mediocre. No resuelve el problema.
La ilegalidad invicta
Joaquin Rey
Perú21, 1 de diciembre del 2024
«A pesar del enorme daño que la minería ilegal genera en Perú, ha encontrado en la política a un sinnúmero de aliados que la protegen y potencian. Y la razón parece evidente: el financiamiento de campañas”.
En las últimas horas del jueves, el Congreso de la República aprobó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera, más conocido como Reinfo.
¿En qué consiste este famoso mecanismo? Se trata de una autorización, en teoría temporal, para que los mineros informales operen, en la práctica, en cualquier lugar del territorio, incluyendo áreas ya otorgadas en concesión minera a terceros.
Curiosamente, no es esta una autorización que pase por un proceso de evaluación para ser otorgada, sino es más bien un registro para el que no hay que cumplir ningún requisito medianamente exigente, solo completar una solicitud. Este registro otorga un salvoconducto supuestamente temporal para operar, luego del cual se deben cumplir una serie de requisitos para lograr la autorización definitiva. El problema es que este registro temporal se ha ido volviendo en la práctica un registro permanente tras sucesivas ampliaciones por cortesía del Congreso.
Ante ello, a la fecha solo un 2.5% de los registrados en el Reinfo han completado el proceso de inscripción para una autorización permanente. La razón es simple: no hay incentivos para darse ese trabajo si se tiene la certeza de que el Legislativo irá sucesivamente ampliando las autorizaciones temporales.
Lo que el Congreso viene haciendo es legitimar una actividad ilegal y sumamente peligrosa. Y es que este tipo de minería, lejos de lo que se pretende vender, no es una actividad artesanal, de supervivencia y pequeña escala. Se trata de la más grande industria ilegal en Perú, que mueve unos US$12,000 millones al año y requiere de enormes capitales para operar. Es una industria que, además, está estrechamente vinculada con organizaciones criminales, a las que brinda financiamiento a cambio de protección. Basta recordar que en octubre se encontró en la provincia de Pataz, La Libertad (uno de los epicentros de la actividad), una fosa común con 12 cuerpos. De otro lado, en los últimos tres años, 18 trabajadores de Minera Poderosa, también en Pataz, fueron asesinados en ataques con armas de fuego y explosivos.
A ello se suma el grave impacto ambiental de estas operaciones que, a diferencia de lo que sucede con la minería formal, no están sujetas a la más mínima fiscalización, regulación ni estándares. Quizás el caso más emblemático es el de Madre de Dios, donde la deforestación y las intoxicaciones con mercurio han generado una catástrofe ambiental. Paradójicamente, la atención pública y la presión política en este tema está casi exclusivamente centrada en la minería formal, que es inocua al lado de la ilegal.
Pero, a pesar del enorme daño que la minería ilegal genera en Perú, ha encontrado en la política a un sinnúmero de aliados que la protegen y potencian. Y la razón parece evidente: el financiamiento de campañas. ¿Cómo explicar sino que, en la votación del pasado jueves, 87 legisladores de las 13 bancadas presentes en el Congreso (de centro, derecha e izquierda) hayan prorrogado la vigencia de un mecanismo que garantiza la impunidad?
Más aún son probados los vínculos con la minería ilegal del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien ha sido apoderado de mineros informales investigados por delitos ambientales, y que desde que asumió como congresista ha recibido la visita de decenas de estos en su despacho.
Y mientras los aliados de la minería ilegal son premiados con altos encargos, como el de Salhauna, quienes la cuestionan viene perdiendo la batalla. La prueba más reciente fue la censura al ministro de Eenergía y Minas, Rómulo Mucho, quien desde el inicio de su gestión fue un crítico del Reinfo. Una batalla que ganó la ilegalidad.
Como todo problema complejo, no tiene soluciones simples. Pero es evidente que la causa central de este mal es la alianza entre la política y las actividades ilícitas. Mientras esta alianza persista, nada que haga la Fiscalía, la política, o autoridades ambientales será suficiente.
Se trata de una alianza claramente basada en el financiamiento de campañas, lo que se potencia con las absurdas medidas que han prohibido a las empresas formales hacer aportes de campaña y han limitado también las donaciones de personas naturales considerablemente. Con ello, el dinero ilícito cobra todavía más protagonismo.
¿Cuándo dejará la mayoría congresal de privilegiar los intereses ilegales por sobre los intereses ciudadanos? Mientras que ello no cambie, el Perú ilícito seguirá boyante.
