Delia Muñoz M.
Abogada y Profesora universitaria
Camacho, noviembre de 2024
Para Lampadia
Tengo décadas de haber comenzado mi formación y carrera profesional como abogada, y siempre el gran tema pendiente lo constituye la necesidad de abordar con urgencia y seriedad la reforma del sistema judicial.
Así he visto pasar el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la época del Presidente Fujimori instaurado a mediados de los noventa, que implicó el cese de magistrados en sus más diferentes niveles, y el cambio normativo en normas procesales de alcance general, la instauración de la casación, entre otros, constituyendo la principal característica de este proceso la unilateralidad de las decisiones.
Este proceso trajo una respuesta en el gobierno del Presidente Toledo, el Informe CERIAJUS del 2004, en el cual se planteó un Plan Nacional Integral de Reforma de la Justicia, con 8 objetivos que contenía 52 propuestas concretas, desde temas urgentes, pasando por reforma constitucional, gobierno corporativo, actualización normativa, predictibilidad de la jurisprudencia y la tan pedida reforma del sistema penal.
Finalmente, los Presidentes Vizcarra y Sagasti establecieron el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, dictando la ley en el 2019 y haciendo público el informe correspondiente en el 2021, donde se delinea cómo puede mejorarse la reforma pública del servicio de justicia. Partiendo sobre la base del Ceriajus, se plantea la necesidad de ejecutar 9 objetivos prioritarios en materias que comprenden: gobernanza de datos, acceso a la justicia, modernización de procesos, fortalecer política anticorrupción y mejorar la praxis de la abogacía, entre otros. Este Consejo sigue vigente con reuniones eventuales no periódicas, y el debate de la reforma continua.
Para comentar de manera informal la necesidad de una reforma en el sistema judicial hay que abordar diversos aspectos.
Primero pongamos a un lado el tema económico, pues pareciera ser que dicho extremo no es el asfixiante. En efecto, el presupuesto institucional aprobado para el 2025 es de tres mil novecientos millones de soles. De la información oficial a la que se accede tenemos que los sueldos de los jueces están compuestos de 12 pagos mensuales, 4 sueldos por vacaciones, escolaridad, fiestas patrias, vacaciones y navidad y una bonificación jurisdiccional no pensionable de monto variable, lo cual implica que el salario de un Juez va de 13,656 a 43,117. Los salarios, considerando nuestra realidad, presentan montos bastante interesantes, así que ello no configura una situación que implique urgencia de atención.
En la actualidad uno de los temas que más se debaten es el referido a la lucha contra la criminalidad en delitos como sicariato y organización criminal.
En este punto hay que recordar el debate que se tuvo durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, período en el cual se aprobaron sendas modificaciones para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, endurecer las penas por hurto agravado y retirar beneficios penitenciarios a autores de sicariato, todo ello al amparo del ejercicio de las facultades delegadas, y que hoy se critican por no haber logrado sino una mayor rigidez en las prisiones preventivas y duración excesiva de los procesos por la ampliación de plazos de las investigaciones.
En aquellos años, un relato sin confirmar lo constituía el hecho que las normas penales impuestas por el nuevo Código Procesal Penal dejaban sin aire y tiempo al Ministerio Público para poder realizar la investigación y presentar la acusación que permitiera someter el caso al juicio oral. En ese estadio se comentaba que los bien preparados Abogados Defensores Públicos, daban cuenta a favor de los denunciados en los más diferentes procesos, en detrimento de la actividad fiscal. La realidad imperante, sumada a los argumentos legales, contribuyeron a ampliar los plazos de investigación, entre otros y, todo este cambio normativo y procesal generó múltiples situaciones de larga duración de procesos que te pueden tener hasta 9 años en fase de investigación y hasta 36 meses de detención en cárcel sin sentencia, situaciones que hoy cuestionamos.
Sigamos avanzando y veamos quienes son los que recurren al sistema constitucional de solución de controversias a cargo del Poder Judicial. Lo primero que debemos hacer es sacar de dicho ámbito a la gran mayoría de los procesos civiles y de importancia económica, que pactan el arbitraje sea nacional o internacional, que no es otra cosa que la justicia privada por la que las partes pagan para poder resolver sus discrepancias en forma efectiva. Entonces, quienes se quedarían en manos del sistema judicial van a ser los ciudadanos que afrontan procesos penales (que no pueden delegarse a un privado) y, esencialmente los juicios por subsistencia, es decir procesos por pensiones de alimentos y pago de beneficios sociales.
Acorde a las estadísticas que se encuentran en el Portal del Poder Judicial a junio del 2024, respecto de los procesos donde se reclama por asuntos familiares o laborales tenemos que:
Los nuevos procesos ascienden a 604,327, lo cual representa el 59.5% del universo de juicios iniciados este año.
Ahora respecto de los procesos en trámite o sea los pendientes, los procesos familiares y laborales representan 2’149,373, lo que implica el 60.2% de la carga pendiente.
Esto significa que los procesos vinculados a cubrir las necesidades básicas ya sean por alimentos o pago de derechos laborales, son los que demandan la mayor atención del sistema judicial, debiendo hacer mención que tales reclamos se encuentran regulados por procesos especiales para permitir una rápida solución, e incluso puede utilizarse en ellos el expediente electrónico, que a la fecha importa una reducción de hasta 4 meses en la duración total.
En este cuadro encontramos un dato interesante referido al número de casos resueltos entre los años 2021 al 2024, donde podemos apreciar que se encuentran principalmente en trámite, es decir, sin sentencia. Igualmente, se concluye que la mayor carga procesal existente se encuentra a nivel de Juzgado Especializado y luego de Juzgado de Paz Letrado. Cabe señalar que desde hace pocos años el Poder Judicial nos viene entregando en forma pública la información sobre el desarrollo de los procesos judiciales, pero hay que advertir que se trabaja en mucho de los cuadros respecto de los procesos iniciados y resueltos en el período que se muestra, dejando de lado muchas veces el acumulado de procesos que existe en el sistema. Esperemos que en aras de la transparencia ello sea afrontado en el corto plazo y se nos proporcione las cifras lo más cercanas posibles a la realidad.
Para concluir con los datos oficiales, siempre es interesante apreciar la situación laboral de los jueces: los titulares, aquellos designados por la Junta Nacional de Justicia en el cargo que desempeñan, los provisionales, aquellos jueces que siendo titulares son promovidos a una plaza vacante y, los supernumerarios, aquellos profesionales que postularon a una plaza de juez y no consiguieron vacante, que son convocados para cubrir en forma temporal el cargo de Juez. Usualmente, el Poder Judicial realiza concursos públicos para contratar jueces supernumerarios, señalando el perfil y competencias para la plaza, lo que implica que no se respeta el sentido originario de la figura que implicaba llamar al siguiente en el orden de resultados ante la Junta Nacional de Justicia. Conforme el propio cuadro explica, los jueces titulares constituyen minoría en nuestro sistema, que funciona sobre la base de jueces provisionales y jueces supernumerarios.
Bueno, a estas alturas queda claro que no hay tema más estudiado, analizado y objeto de propuestas que el sistema de justicia en el país. Lo que hace falta es voluntad y decidirse a desarrollar los puntos que estimemos más importantes. A nivel de contiendas civiles y laborales el gran usuario es el ciudadano de a pie que no pactó el arbitraje, entre otras razones por sus altos costos y por la ausencia de mecanismos estatales de solución de conflictos alternativos. Respecto de los procesos penales, que suelen tardar años afectando la libertad y la presunción de inocencia, entre otros derechos fundamentales, se debe reivindicar la priorización de su reforma, cuando no, la provisión de recursos suficientes.
Para terminar, recuerdo el poema JUSTICIA de Blanca Varela, que nos dice:
Vino el pájaro y devoró al gusano, vino el hombre y devoró al pájaro, vino el gusano y devoró al hombre.
Lampadia
