Entrevista a Fernando Rospigliosi
Gestión, 11 de noviembre del 2024
Carlos Hinostroza Sánchez
El presidente de la comisión de Constitución defiende la aprobación del dictamen que recorta de 4 a 2 años el mandato del titular del JNE. Buscará priorizar la segunda votación de la norma que elimina los movimientos regionales
De cara a las elecciones generales del 2026, la comisión de Constitución tiene una carga de trabajo importante debido a que solo tiene hasta abril del próximo año para aprobar las normas electorales que regirán en dichos comicios.
En diálogo con Gestión, el presidente de dicho grupo de trabajo, Fernando Rospigliosi, brindó detalles sobre los temas que se priorizarán de aquí hasta esa fecha, así como también se pronunció por el dictamen que impediría postular a Antauro Humala.
El también legislador de Fuerza Popular no solo se mostró a favor de que las empresas privadas puedan entregar aportes a los partidos políticos, sino también no descartó que se puedan realizar cambios a la norma que otorga el financiamiento estatal.
-¿Cuáles son los temas que priorizará en la agenda de la comisión de Constitución hasta antes de abril del próximo año?
Son básicamente los temas electorales. Tenemos en discusión el tema de la valla electoral para ingresar a la cámara de senadores y diputados, que está pendiente, así como los reglamentos de estas futuras cámaras. Otro punto es el tema del financiamiento de los partidos políticos, hay proyectos y propuestas para modificarlo. En fin, hay varios asuntos que tienen que ser resueltos lo más pronto posible, dado que los plazos se van acortando debido a la convocatoria de las elecciones, que se supone se debe realizar en abril del próximo año.
-¿Hay tiempo suficiente para aprobar todas estas iniciativas o quizás están pensando en solicitar la ampliación del plazo?
Espero que si haya el tiempo, pero depende del consenso de las bancadas. Hay 13 grupos en el Congreso y no es nada fácil conseguir los votos necesarios. El cronograma electoral no se puede mover; o sea, en abril se convocan las elecciones con un año de anticipación y no hay forma de moverlas.
-El juez Roberto Burneo se convirtió en nuevo presidente del JNE, tras ser elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema, ¿confía en que el magistrado hará un buen papel de cara a los comicios del 2026?
Bueno, yo espero que sí. Todavía no ha tomado posesión del cargo, entiendo que juramentará a fin de mes, pero espero que sí tenga un mejor papel que el anterior presidente (Jorge Salas Arenas), que fue desastroso y cuestionado. Sin duda hay que darle el beneficio de la duda, todas las referencias que hay de él me dice que es una persona que va a cumplir un buen papel.
-Si bien hay expectativa de la gestión de Burneo al frente del JNE; el juez podría tener poco tiempo para trabajar debido a que una reciente propuesta aprobada en la comisión de Constitución le reduciría de 4 a 2 años su mandato, ¿no ve ahí hay un problema?
No veo un problema. Esta propuesta entraría en vigencia luego de que se apruebe en dos legislaturas, ya que es una reforma constitucional. En caso se apruebe en esta legislatura y la siguiente, en el Pleno, el señor Burneo sería presidente del JNE, pero su mandato se limitaría a dos años; o sea, dirigiría el siguiente proceso electoral del 2026, pero después de eso ya se nombraría a un nuevo presidente.
-Insisto, ¿no cree que el estar solo dos años en su cargo le dificultaría a Burneo emprender alguna reforma u otro cambio importante en el JNE?
Para nada, porque él seguirá siendo miembro del JNE. El presidente del organismo electoral tiene un cargo administrativo y, además, lo que ocurriría es que esta autoridad dirigiría solo un proceso electoral y ya no dos.
-En ese mismo dictamen también se busca prohibir la reelección de los jefes de la ONPE y Reniec, ¿por qué es vital que suceda eso?
Para empezar, eso ya no regiría para los actuales jefes de la ONPE (Piero Corvetto) y Reniec (Carmen Velarde). La idea es que sólo estén un periodo de cinco años, esto es vital porque ya hemos tenido problemas en el pasado. Entonces, se ha estimado que, para dar mayor confiabilidad a los procesos electorales, es mejor que estos funcionarios solamente estén un periodo debido a los cuestionamientos que surgieron en el pasado, lo que ha sido objeto de mucha disputa.
Financiamiento privado en los partidos políticos
-Tras el caso Lava Jato, en el Perú se prohibió que las empresas privadas puedan realizar aportes a los partidos políticos. ¿Esta medida se debería revertir?
Sin ninguna duda. Lo del caso Lava Jato ha sido una descarada utilización política para perjudicar a algunos políticos.
-¿Por qué lo dice?
Porque en la época que se entregaron esos aportes no estaba prohibido por la ley. En todo caso, era una falta administrativa y siempre en el Perú las empresas aportaban a los partidos sin necesariamente declararlo. Así se financiaban las campañas, porque a las empresas no les interesaba que se hiciera público ya que podrían comprometer su prestigio con los candidatos que, eventualmente, podrían perder. En fin, había una serie de problemas, pero a raíz de la utilización política del caso Lava Jato eso fue prohibido.
-A su juicio, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa medida?
Eso es completamente negativo porque permite que las economías ilegales que no tienen esos problemas sí puedan financiar a determinados candidatos, y sabemos que las economías ilegales, como narcotráfico, minería ilegal, etc., mueven muchísimo dinero y no tienen problemas en saltarse la ley y financiarlos. Entonces, fue un error muy serio y creo que debe restituirse la financiación legal de las empresas a los partidos.
-Precisamente, la ONPE anunció en agosto pasado que presentará un proyecto de ley con dicha finalidad. ¿Una vez que sea presentado le darán prioridad?
Así es, por eso es importante establecer el financiamiento legal de los partidos y no dejarlos solamente con lo que hay ahora, el financiamiento estatal, que ha demostrado ser perjudicial, porque las economías ilegales son las que infiltran los partidos.
-En caso se apruebe el retorno del financiamiento de partidos por parte de empresas privadas, ¿se deberían colocar topes o algún condicionamiento?
Las propuestas que hay son con topes. Precisamente, tuvimos un evento en ESAN con expertos y técnicos para tratar el tema del financiamiento y también se presentaron unas propuestas. Espero que muy pronto podamos discutirlo en la comisión y, eventualmente, aprobarlo.
-¿Cual es el sentir que hay en el Congreso sobre este tema?, ¿cree que habrá un consenso?
Sí, creo que para eso hay consenso. Seguramente habrá oposición de cierto grupo de izquierda, pero creo que la mayoría sí va a estar de acuerdo. El asunto son los detalles, los montos, las modalidades, también hay varias propuestas en ese sentido. Creo que ahí puede haber algunas posiciones distintas.
-Empresarios como Roque Benavides y gremios como CONFIEP, IPAE, y otros vieron con buenos ojos el retorno del financiamiento de partidos por parte de las empresas, pero insisten en que haya una real supervisión, ¿qué le parece esa postura?
Claro, eso es lo importante y va a tener que ser considerado en la ley, definitivamente
-En cuanto al financiamiento estatal que reciben los partidos con representación en el Congreso, ¿por qué dice que es perjudicial y qué cambios se realizarán?
Creo que debería cambiarse algunas cosas. Por ejemplo, Perú Libre, tras las elecciones generales del 2021, logró colocar alrededor de 37 congresistas y recibe una cantidad considerable de dinero. Hoy en día solamente tienen nueve legisladores y siguen recibiendo lo mismo. Eso es un error. Entonces, hay esas distorsiones que deberían corregirse.
-¿En la comisión de Constitución buscarán hacer esa modificación?
Habría que intentarlo más adelante, pero no es un prioridad ahorita. Quizás más adelante sería conveniente discutirlo, pero en este momento hay otras cosas más importantes.
-También se ha denunciado que algunas agrupaciones utilizan este dinero estatal para otros fines que no están contemplados en la ley electoral. ¿Se deberían poner más prohibiciones?
Hasta donde conozco, hay muchos candados, pero, en fin, es difícil el control por parte de la ONPE y los demás organismos electorales. El país es muy informal desgraciadamente y la gente encuentra siempre formas de burlar los controles.
-El congresista Alejandro Muñante presentó un proyecto de ley con la finalidad de incrementar de S/618,000 (120 UIT) a S/ 1′030,000 (200 UIT) el monto de los aportes que puede recibir un partido en un año, ¿le parece adecuado?
Bueno, acaba de presentarlo y aún no lo ha sustentado, pero, en general, creo que la tendencia va por ahí, pero ya los detalles tendremos que discutirlos cuando lo sustente en la comisión.
-Entonces, ¿la tendencia es elevar el financiamiento que reciben los partidos?
Claro, elevar los topes que hay ahora.
Elecciones 2026, Antauro Humala y otros temas
-Al día de hoy hay 37 partidos políticos inscritos y habilitados para participar en las elecciones generales del 2026 y otros 31 en proceso de inscripción. En total, podríamos tener más de 50 candidatos a la Presidencia de la República, ¿qué hacer ante esto?
Esto es producto de la nefasta reforma electoral que hizo Martín Vizcarra y aquí es importante la aprobación de la valla electoral, que será fundamental para que esta fragmentación, por lo menos, disminuya. Ojalá que se logre aprobar lo que se ha planteado en el dictamen de la comisión, que busca establecer esta valla del 5% para diputados y senadores, pero, en fin, está en discusión.
-Ante esta situación, ¿habría la posibilidad de que se amplíe aún más el horario de la votación?
Ya hemos ampliado el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y hay también otra propuesta que esta pendiente de verse en el Pleno, que es la de dar un incentivo económico a los miembros de mesa para evitar de que se ausenten el día de la votación, y así evitar que las mesas no se abran a la hora.
-En la comisión de Constitución hay cuatro proyectos de ley que buscan ampliar el plazo para que una persona pueda afiliarse a un partido político. ¿Priorizarán todas estas iniciativas?
Bueno, hay las propuestas, pero, para eso no hay consenso. Hay varios grupos que han manifestado su oposición.
-Pero, ¿cuál es su postura?
No quisiera dar mi opinión personal sobre un asunto que todavía no se ha debatido, pero teniendo tantos temas lo que se busca, en primer lugar, es llegar a determinados acuerdos para ver si hay la posibilidad de que tal proyecto se apruebe. En caso de que no haya esa posibilidad, es inútil priorizar esos temas porque sabemos que no se van a aprobar. Entonces, eso todavía se está discutiendo, pero parece que, por ahora, no hay consenso para eso, pareciera que va a quedar como está, pero no es definitivo.
-Algunos partidos políticos señalan que no les alcanzó tiempo para poder inscribir a sus afiliados e, incluso, se quedaron con su fichas de inscripción, por lo que están pidiendo un tiempo prudencial, ¿qué le parece?
Lo que ocurre es que han habido cambios y la gente quiere pasarse de un partido a otro, pero bueno, los plazos estaban establecidos y todo el mundo sabía cuando se vencía. Y eso de ampliar, ampliar y volver a ampliar, también es un problema, pero en fin. Ya veremos.
-Está pendiente en el Pleno la segunda votación del dictamen que elimina los movimientos regionales y que posibilita la reelección de alcaldes y gobernadores, ¿cuándo se verá este tema?
Depende del presidente del Congreso, que lo puede poner a votación cuando lo estime conveniente, pero vamos a pedir que se priorice. Tiene que aprobarse en esta legislatura, porque es una reforma constitucional que fue aprobada en la anterior y, para que entre en vigencia se requiere que sea aprobada en dos legislaturas consecutivas. Si no se vota en esta legislatura, quedará descartada, así que yo espero que se ponga a votación lo más pronto posible.
-Sin embargo, hay algunas agrupaciones políticas que han retrocedido y ya no piensan votar a favor del dictamen, ¿qué es lo que hará?
Hubo cambios y una serie de idas y venidas. Algunos decían que ya no estaban de acuerdo, después dijeron que sí. La verdad es que no sé como han quedado las posturas de las bancadas, pero espero que se ponga a votación en esta legislatura, de todas maneras. Conversaremos con el presidente (Eduardo) Salhuana para ese efecto.
-Otro tema que está pendiente en su comisión es el dictamen que impediría postular a un cargo de elección popular a los sentenciados por terrorismo, rebelión y otros delitos graves, hasta 10 años después de haber sido rehabilitados, conocida como ley ‘Antauro Humala’, ¿cuándo la debatirán?
Creo que pronto. Hay que recordar que no habían votos en el Pleno para aprobar la propuesta y por eso retornó a la comisión. En realidad, lo que había era una lista muy extensa e impropia de delitos; o sea, la Constitución no puede ser una lista de ‘lavandería’. Entonces, justamente en estos días y semanas se esta tratando de consensuar un texto para lograr la mayoría necesaria de votos (87) porque es una reforma constitucional. Ahora, que eso vaya a impedir que Antauro Humala postule, es más que dudoso.
-¿Por qué lo dice?
Porque algunos abogados y expertos se han pronunciado y han señalado que la ley no es retroactiva y no se le va a poder aplicar a este sujeto (Antauro Humala). Así que si hay gente que tiene expectativa de que esto sea así, creo que, por lo menos, es muy dudoso. Eso finalmente quedaría en manos del JNE.
-La Corte Suprema declaró la ilegalidad de A.N.T.A.U.R.O., partido vinculado a Antauro Humala, y ordenó su disolución, ¿respalda esta decisión?
Es importante la decisión que ha tomado en primera instancia el Poder Judicial, de sacar de carrera a este partido que claramente es antidemocrático. No debemos permitir naturalmente que partidos que quieran destruir la democracia puedan usarla para acabar con ella, eso me parece letal. Creo que las cosas van por ahí, pero de todas maneras espero y tengo la expectativa que en esta legislatura se pueda aprobar este dictamen.
-¿Podría asegurar que este tema se votaría antes que termine la legislatura; es decir, antes de la quincena de diciembre?
Estamos trabajando para eso, buscando consensos en una definición que pueda ser aprobada y que tenga la mayoría de votos necesarios. Espero que se apruebe antes del 15 de diciembre, que termina la legislatura.
-¿Priorizarán el debate de la iniciativa que busca ampliar de 7 a 9 el número de integrantes del Tribunal Constitucional (TC)?
Sobre eso ha habido mucho respaldo de connotados juristas, porque dicen que el tribunal está sobrecargado y que con los miembros actuales no alcanza para tratar todos los temas que tienen. Entonces, hay bastante apoyo de parte de expertos en ese tema; sin embargo, todavía no se ha discutido en la comisión, no se sabe si se verá antes que termine la legislatura por la cantidad de temas que hay en agenda.
