Oscar Schiappa-Pietra
Para Lampadia
La decisión del gobierno de invertir 3,500 millones de dólares para renovar la flota de aviones de combate de la FAP es ocasión propicia para repensar los fundamentos estratégicos de la defensa nacional y dentro de tal marco adoptar decisiones racionales.
El Gobierno del Perú anunció el miércoles 2 de octubre que, después de casi tres décadas sin adquirir aeronaves militares, comprará 24 aviones de combate, cuya inversión aproximada será de 3,500 millones de dólares. La adquisición será “para garantizar la defensa del país”, según el ministro de Defensa.
Tan mayúscula inversión, y por tratarse de un tema de la más alta prioridad estratégica para el país como lo es la defensa nacional, amerita una conversación ciudadana informada y razonada. Son simplemente inaceptables las descalificaciones adosadas a quienes cuestionan tal decisión y la invocación del secretismo militar para justificar poca transparencia en el proceso. El patriotismo no es patrimonio exclusivo de quienes abogan por tal adquisición ni de quienes la cuestionan; y su invocación no es razón suficiente para dejar de poner las cartas sobre la mesa y abordar tamaña decisión razonadamente – muy por el contrario.
De inicio merece subrayarse la irracionalidad del argumento que pretende justificar esa mayúscula decisión fundamentalmente en la necesidad de reponer equipos militares obsoletos. Ese razonamiento transpira un enfoque de pensamiento inercial (“hay que hacerlo porque ya hemos venido haciéndolo”), es decir ahistórico y descontextualizado. Es cierto que la flota de aviones de combate peruanos ya es obsoleta, pero también lo es que han cambiado los factores de riesgo a la seguridad nacional, y que han evolucionado las tecnologías, concepciones y prácticas militares a nivel internacional.
Para avanzar en el análisis sobre la pertinencia de realizar tan abultada inversión en la renovación de nuestra flota de aviones de combate, una primera y fundamental consideración tiene que ser la de establecer cuáles son las hipótesis de conflicto actuales y previsibles que subyacen en la decisión a tomar. En cualquier proceso de decisión, el análisis de riesgos es un componente ineludible, y en el caso que nos ocupa lo es aún más importante tratándose -valga insistir- de una cuestión estratégica y muy costosa para nuestro país. Expresado de otra forma, ¿cuáles son los principales riesgos para la seguridad nacional del Perú? A la luz de variadas evidencias, no lo son factores relacionados a nuestros países vecinos, con todos quienes hemos logrado delimitar las fronteras, y considerando que con ninguno de ellos tenemos controversias sustanciales que pudieran agudizarse en el corto o mediano plazo. No destila mucha racionalidad pretender justificar la decisión de compra en el hecho que algunos países vecinos sí cuentan con flotas más modernas de aviones de combate, pues eso nada dice respecto a su utilidad en un supuesto (inexistente y previsiblemente irrealizable) escenario bélico, particularmente desde una perspectiva comparativa frente a nuevos y menos costosos tipos de armamento.
No alcanza un nivel básico de razonabilidad señalar “que las guerras no se avisan” y que el objetivo de poseer ese tipo de armamento “es para tener la suficiente capacidad de disuasión para que no haya guerra”, como lo ha hecho el ministro de Defensa ante el Congreso. Tampoco lo logra el formular enunciaciones vagas sobre supuestos riesgos generados por países vecinos, tal como lo ha expresado la ADOGEN: “Es, pues la obsolescencia tecnológica uno de los mayores obstáculos que enfrenta la FAP, habiendo quedado completamente rezagada en el contexto regional, lo cual representa un peligro latente si consideramos que los Países [sic.] vecinos, como es inherente a cada uno de ellos [sic.], privilegian por sobre toda consideración sus propios intereses, pues devienen [sic.] de sus objetivos como Nación [sic.]”.
Contrariamente a las infundadas hipótesis de conflicto de causalidad foránea subyacentes en la pretendida justificación para la adquisición de los 24 aviones de combate, los principales riesgos actuales y previsibles para la seguridad nacional están relacionados con la gestión de nuestros recursos naturales y de las localidades que los albergan, dentro del propio territorio nacional, ante la presencia de variados protagonistas de actividades económicas ilegales en los ámbitos de minería, forestería, narcotráfico y trata de personas, entre otras. Esos no son protagonistas simplemente ilegales, sino que su desenvolvimiento operativo demanda el uso de la violencia, de la confrontación, de corrupción, de entidades estatales, y la cotidiana erosión de la soberanía nacional a través del expolio de los recursos naturales que nos pertenecen a los peruanos, y que tenemos el deber de salvaguardar para las futuras generaciones dado el carácter no renovable de los mismos. Su desenvolvimiento ilegal comporta trasgresiones en todas las dimensiones regulatorias básicas del Estado y es fuente de abundantes males públicos. La inseguridad ciudadana, que hoy nos angustia a todos, es hija putativa de esas actividades económicas ilegales. Además, esos actores tienen un claro carácter transnacional, pues muchos de ellos son extranjeros que actúan con absoluta impunidad dentro del territorio nacional sembrando zozobra y destrucción, y una significativa porción de sus actividades delictivas se concentra en las zonas de frontera.
Relacionada con esa caracterización están los riesgos de desastres naturales o antrópicos, que requieren de rápidos y masivos despliegues de recursos materiales y humanos. Dentro de ese marco, es clamorosa la falta de capacidades estatales para hacer frente a, por ejemplo, los incendios forestales cuya magnitud amenaza ir aumentando aceleradamente como producto del calentamiento global y de la proliferación de conductas ilegales. Nuestras Fuerzas Armadas, que debieran estar en la primera línea de respuesta frente a tales fenómenos, carecen de capacidades logísticas y cognitivas sustanciales para afrontar tal reto.
Nada recoge el Libro Blanco de la Defensa Nacional, de 2006, por lo demás ya obsoleto, sobre esta caracterización de los principales riesgos actuales y previsibles para la seguridad nacional centrada en la gestión de nuestros recursos naturales y de los territorios que los albergan.
De esa constatación evidente surge entonces una obvia interrogante: ¿en qué medida la adquisición de aviones militares de combate se condice con el reconocimiento de lo que constituye la principal amenaza actual y previsible a la seguridad nacional? La conclusión grita por lo evidente.
Una segunda línea de razonamiento se relaciona con la aceleradísima y masiva evolución tecnológica que viene produciéndose en el ámbito militar, y en cómo ella está transformando las concepciones y prácticas de combate.
Las actuales experiencias en los frentes de guerra en Ucrania y en el Medio Oriente ponen en evidencia la profunda innovación que viene gestándose con la introducción de drones como arma de combate, y sus enormes y variadas ventajas comparativas respecto a los armamentos tradicionales, incluyendo por supuesto a los aviones de combate y a los misiles que estos utilizan. Los drones son inmensamente más económicos, versátiles y multifucionales que los aviones de combate tradicionales, y permiten desplegar operaciones que a estos últimos les resultan imposibles, como son los ataques masivos, el recojo de información de inteligencia de alta calidad y precisión sin ser detectados o contrarrestados, y la realización de misiones no tripuladas que eliminan costos humanos. A diferencia de los aviones de combate tradicionales, es casi imposible detectar a los drones con radares convencionales y es difícil contenerlos con los más modernos sistemas antimisiles, como el que Estados Unidos ha instalado en Israel. A su turno, Ucrania viene logrando con notable éxito compensar su inferioridad militar frente a Rusia utilizando masivamente muy baratos drones, cuyo poder destructivo está destruyendo costosísimos equipos convencionales del enemigo. Los drones ucranianos ya han inutilizado 20 barcos militares de Rusia y han dañado a 20 más, lo cual implica una afectación de la tercera parte de la flota enemiga en el Mar Negro.
En consonancia con esas consideraciones, una inversión mucho más racional, eficaz y económica para fortalecer las capacidades de defensa nacional ahora, y mejor alineada con las reales hipótesis de conflicto del Perú y con las innovaciones recientes en las tecnologías y prácticas militares, debiera centrarse en promover el logro exponencial de capacidades de desarrollo, innovación y utilización de tecnologías para la fabricación de drones de uso aéreo, marítimo y fluvial, a través de la generación de una alianza entre universidades, sector privado y las Fuerzas Armadas. Esta alianza de “triple hélice” podría luego expandirse para generar innovaciones en materia de producción de nuevos tipos de armamento autónomo (también operado sin la inmediación de personal militar) y de fabricación de embarcaciones fluviales y marítimas operadas con energía solar. Este enfoque posibilitaría la multiplicación de la presencia y control efectivo del Estado, a través de sus Fuerzas Armadas, sobre el territorio, particularmente en las hoy abandonadas localidades fronterizas amazónicas.
Complementariamente, nuestras Fuerzas Armadas requieren dotarse de equipos de transporte ligero de rápido despliegue; y en el caso de la Fuerza Aérea, capaces de superar los desafíos planteados por la rugosa geografía serrana.
En particular, requerimos contar con una flota mucho más numerosa de helicópteros, aviones ligeros y aeronaves equipadas para afrontar incendios forestales. Nuestra Marina requiere dotarse también de embarcaciones ligeras operadas con energía solar, para tener presencia suficiente y de bajo costo sobre los ríos, lagos y mar.
¡Es hora ya de abandonar el pensamiento inercial y de atrevernos a conceptualizar la defensa nacional sobre la base de las evidencias que nos proveen las realidades de nuestro país y de las experiencias militares contemporáneas en el resto del mundo! Un primer paso en ese rumbo debiera ser la reelaboración del Libro Blanco de la Defensa Nacional, para adecuarlo a las actuales y previsibles circunstancias de nuestro Perú y del entorno global.
¡No malgastemos los recursos del Erario Nacional en adquisiciones basadas en análisis cargados de emotividad pero vacíos de razonabilidad! Lampadia
