Entrevista a Gerardo Eto Cruz
Expreso, 28 de mayo del 2024
Por: Juan Pablo Chirito
Advierte que la propia Constitución le otorga esta salida jurídica al máximo intérprete supremo. Solo de esa manera se puede detener el accionar pernicioso de los fariseos de la democracia contemporánea.
Doctor Gerardo Eto Cruz, debido a la evidente crisis que atraviesa el sistema de justicia, ¿considera que se le debe declarar en emergencia?
Bien. En primer lugar, quiero empezar con una breve reflexión. Tenemos que desmontar la visión del Perú contemporáneo. El siglo actual es parte de una confrontación con el renacimiento de un populismo de izquierda marxista. Este populismo está penetrando en muchos sectores del Estado. A nivel cultural, estos sectores forman una percepción política maniquea y elemental. En este contexto, hoy tenemos un importante sector de personas con una ideología neomarxista que ha penetrado en los entresijos del sistema de justicia, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, entre otros. En este contexto, hay que ubicar la crisis del sistema de justicia como un reflejo de la crisis del sistema político. Este es el primer presupuesto.
En segundo lugar, todo sistema de justicia se encuentra en el contexto de un sistema político. El sistema de justicia está conformado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la JNJ y el Tribunal Constitucional, rodeados periféricamente por otros organismos constitucionales públicos como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. En consecuencia, el centro de gravitación de la crisis política hoy se encuentra en estas instancias del sistema de justicia. Es claro que el enfrentamiento interno del Ministerio Público se expresó en las cabezas de la Fiscalía de la Nación. Ahora, este organismo ha sido “recuperado” por los fariseos de la democracia contemporánea. La JNJ también se ha convertido en la catapulta que asedia a jueces y fiscales. Hoy la JNJ no es un noble órgano de reclutamiento y disciplina, sino un instrumento de posicionamiento político del Poder Judicial y del Ministerio Público.
En ese contexto, ¿el Congreso puede declarar en estado de emergencia el sistema de justicia, o cuál es el órgano llamado a declararlo?
Ni el Congreso por sí solo, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público. Hay un arsenal de bibliografías al respecto. Recientemente leí a Aldo Mariátegui, quien proponía, por ejemplo, que la JNJ debería ser sustituida por un órgano extranjero que actúe imparcialmente. Eso no se descarta, pero la respuesta es siempre difícil. Lo que rescato de las democracias occidentales es que todo esto debería reconducir a la teoría de Karl Loewenstein en su célebre libro “Teoría de la Constitución”. Él habla de los controles horizontales y verticales. Me quedo con los controles horizontales, que son controles intraórganos e interórganos. En los controles intraórganos, el Poder Judicial tiene su propio sistema de control, si un juez se porta mal, o si en el Ministerio Público un fiscal se porta mal, entre ellos ejercen un proceso disciplinario. En el Congreso también hay comisiones investigadoras que se controlan internamente.
Pero lo que está fallando son los controles interórganos, como la JNJ, que controla externamente al Poder Judicial y al Ministerio Público. Ese no es un control que pide la Constitución, sino que se ha pervertido y politizado. Ahí tenemos un gran problema. La causa de esta crisis hoy se manifiesta en batallas judiciales en el campo penal y, lamentablemente, el ariete es el Ministerio Público a través de fiscales que operan bajo el ropaje de investigaciones preliminares, utilizando medidas como las detenciones preliminares que se convierten en preventivas, de donde surgen colaboradores eficaces. Hoy el Ministerio Público y la JNJ son los brazos armados de los fariseos de la democracia contemporánea. Además, se suma una corriente neomarxista que busca generar un discurso político en el marco de la posverdad, deformando la realidad a través de ciertos sectores de la prensa. Este es el gran problema, como una radiografía de diagnóstico de lo que ocurre en nuestro país.
Entonces, ¿cuál es la solución?
El TC debe emitir una sentencia estructural de derechos, estableciendo sentencias exhortativas que obliguen al Estado a implementar políticas para solucionar la crisis política y judicial, ya que el TC es el máximo intérprete supremo. Exhortaría al TC a emitir una sentencia estructural que ordene a los demás órganos involucrados encontrar una solución. El Parlamento por sí solo no puede, el Poder Judicial tampoco, ni el Ministerio Público. Quizás en los argumentos de la sentencia del TC se pueda encontrar una solución que implique firmar una paz entre los titulares, dejando de lado el narcisismo de cada uno, porque esto está llevando al despeñadero. El TC debería establecer una agenda política con sentencias exhortativas, como una sentencia de vacatio sententiae, es decir, una sentencia que entra en suspenso porque está ordenando a los demás órganos del Estado solucionar los problemas. Si no lo solucionan, se aplica la sentencia del TC, que ordena claramente lo que debe hacerse. Si el Estado no lo desarrolla, se cumple lo que dispone el TC. Esa es la posible solución en el marco de esta crisis democrática que está arrasando todo el sistema de justicia. No queda otra opción por ahora.
Pero, ¿quién seria el encargado de pedir al TC esta sentencia exhortativa denominada vacatio sententiae?
El TC puede, a partir de una serie de problemas, decidir. Por ejemplo, se presenta un conflicto de competencias entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahí se tendrá una solución a partir de esa demanda para reordenar todo el tema. Si el tribunal se pronuncia sobre el problema de si la presidenta debe ser investigada en plena dinámica gubernamental o esperar hasta el fin de su mandato, a partir de ese caso puede reordenar todas las implicancias, porque están implicados el Poder Judicial y el Ministerio Público. Si surge un conflicto con la JNJ, que ha destituido recientemente a la exfiscal de la Nación, también podría aprovechar ese tema. En otras palabras, una luz de esperanza se encuentra en este órgano que la propia Constitución otorga como intérprete supremo, por encima del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Contraloría, JNJ, y todos los demás órganos, porque es el modelo que se ha implementado en el Perú.
Es decir, ¿esta figura existe y la ha utilizado en otros casos con anterioridad?
Por supuesto. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias obligatorias, y yo lo he escrito hace tiempo. A raíz del hacinamiento carcelario emitió una sentencia brillante. Y estoy hablando del anterior TC, que estableció un estado de cosas en la sentencia ordenando la situación carcelaria, señalando que si hasta el 2025 no se soluciona el hacinamiento carcelario, no entrará un preso más a las cárceles peruanas. Entonces, ahí tenemos ya una sentencia demoledora. Fue emitida por el TC en la época de Ernesto Blume, Marianella Ledesma, entre otros. Así como esta sentencia, el Tribunal Constitucional debe abordar el gran problema que atraviesa el sistema de justicia y afecta a nuestro país para reordenarlo según la Constitución, y solucionar la crisis política y del sistema de justicia.
¿Considera que los miembros del actual Tribunal Constitucional tienen la firmeza para ejecutar una sentencia exhortativa de esta naturaleza?
Claro que sí. La Constitución les otorga esa potestad. A partir de una sentencia que puede ser un proceso de amparo o de conflicto de competencias, pueden abordar la crisis estructural del país y establecer una cartografía de rutas dentro de los marcos que establece la Constitución. En el Tribunal Constitucional está la solución. Son ellos quienes deben coordinar transversalmente. El Parlamento no puede solucionar el problema con una ley, porque se pensaría que se está politizando la justicia. El Poder Judicial por sí solo no puede, el Ministerio Público peor. Tenemos que ordenarnos internamente. Si vienen entidades extranjeras, nos devaluarían como país tercermundista o bananero. Podemos ordenarnos entre nosotros mismos. Tenemos fortalezas morales y debemos levantar nuestra autoestima colectiva para que los años venideros sean de tregua y paz.
