Entrevista a Jaime de Althaus
El Comercio, 10 de marzo del 2024
Por: Milagros Leiva
El periodista y antropólogo está convencido de que la guerra ideológica debe terminar si el Perú no quiere seguir en el foso. Cree que la culminación del proceso a la JNJ debe poner fin a la confrontación entre dos bandos.
“Me voy a centrar en el último episodio importante que fueron las elecciones del 2016. El hecho de que ganara Kuczynski pese a que quizá debió haber ganado Keiko Fujimori, que tenía una amplia mayoría congresal y ya sabemos que cuando no hay, cuando el partido de gobierno tiene una minoría ínfima en el Congreso, eso siempre desemboca en interrupción constitucional como de alguna manera ocurrió. Entonces, a partir del 2016 se inicia un período de anarquía política e institucional que se agrava con la llegada de Vizcarra al poder y con su estrategia de confrontación al Congreso para acumular popularidad, una estrategia de populismo político que terminó en la disolución del Congreso, en ese cierre inconstitucional, y en paralelo se desarrolló en la fiscalía y en el Poder Judicial un populismo judicial. Entonces, de manera convergente con el populismo político de Vizcarra, se desató una persecución política contra líderes políticos que habían recibido donaciones de campaña que no eran delito y se criminalizaron las donaciones de campaña, se criminalizó la política y las organizaciones políticas fueron convertidas en organizaciones criminales. Eso produjo un daño muy fuerte a la clase política y al final eso desembocó en la elección de Pedro Castillo, porque su opositora en esa elección, Keiko Fujimori, había llegado sumamente debilitada y desacreditada luego de haber estado tres veces en prisión y con el estigma de ‘corrupta’, que en el Perú es muy fuerte como para poder ganar una elección”. Así me responde Jaime de Althaus cuando le pido una lectura de bosque de todo lo que andamos viviendo en la política peruana.
— ¿Entonces estamos viviendo las consecuencias del populismo político y de la criminalización de la política?
Exactamente, y frente a esa politización de la justicia y criminalización de la política se ha producido una reacción en el Congreso actual que podríamos llamar anticaviar. Una alianza incluso entre partidos políticos de signo ideológico opuesto para recuperar algo de terreno perdido. En esta disputa, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia se convirtieron en objeto de disputa porque la fiscalía se había convertido en un arma muy peligrosa para los políticos. Esto es lo que hay: una guerra entre dos bandos y en algunos casos se cometieron abusos contra Keiko, Ollanta, Nadine y Alan. En otros casos, hay quienes se aprovechan de la situación, como Vladimir Cerrón, y se firman alianzas para ganar impunidad en el Poder Judicial. Esta guerra de guerrillas tuvo un primer desenlace con la suspensión de Patricia Benavides. El sector llamado caviar recuperó de alguna manera el control de la fiscalía.
— ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Intentar remover a la junta?
Exactamente. Felizmente no hubo una remoción masiva porque eso también hubiera sido excesivo.
— ¿Está de acuerdo con la remoción de Tello y de Vásquez?
Sí, estoy de acuerdo, por lo menos con la remoción de Tello y Vásquez, quien fue el presidente de la junta que en ese momento aprobó la interpretación de la edad. Hablemos claro: la Junta Nacional de Justicia cometió abuso con la suspensión ‘express’ de Patricia Benavides. La culminación del proceso a los integrantes de la JNJ con la inhabilitación de dos miembros debería servir para poner fin a esta guerra de dos bandos que consumen la política y la institucionalidad judicial.
— Dice que se ha desatado porque en una guerra siempre hay muertos y heridos y siempre la gran sacrificada es la verdad. Hablemos de la presidenta Boluarte. ¿Ha sido una buena elección Gustavo Adrianzén como primer ministro?
Otárola le era muy funcional. Era un buen operador político; tenía buenas relaciones, manejaba bien las cosas y le salvó la vida política a la propia presidenta y a él mismo; participando en el complot para destituir a Patricia Benavides. Según la hipótesis que circula más fuerte, definitivamente contribuyó a armar este operativo que terminó con la suspensión de Benavides porque ella estaba formulando una acusación muy fuerte por las muertes contra Boluarte y él mismo. Lo que debe haber sentido la presidenta es que Otárola era su salvador. Ella pierde un apoyo importante, pero con Adrianzén gana un perfil parecido que también la ha defendido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
— ¿Me está diciendo que Dina Boluarte más que buscar un gestor y un jefe de gobierno busca un abogado defensor?
En parte sí, creo que sí, pero ahora lo que tenemos que descubrir es si Gustavo Adrianzén tiene las mismas capacidades de operador político que tenía Otárola. Ojalá que pueda desempeñar un papel importante en la lucha contra la criminalidad. Se está diciendo que él ha entrado sin ningún cambio, heredando todo el Gabinete de Otárola, pero esto no es exacto porque hace pocas semanas se produjo el cambio de cuatro ministros y que yo sepa ninguno de esos cuatro fue sugerido por Otárola. Esos cuatro ministros mejoran la orientación del Gabinete.
— Pero queda Víctor Torres en el Ministerio del Interior y la delincuencia sigue avanzando a niveles extremos.
Eso es verdad y la inseguridad debería ser la gran tarea de Gustavo Adrianzén. Debería asumir como su principal misión ejecutar un plan efectivo de lucha contra la criminalidad organizada. Este problema es tan grande, tendría que ser liderado por el presidente de la República, pero ya sabemos que eso no va a ocurrir y ojalá que el primer ministro asuma ese liderazgo para poner en marcha estrategias efectivas frente a la extorsión y asesinatos. Si su estrategia funciona, le dará oxígeno al gobierno.
— Hablando de estrategias. Últimamente, Boluarte aparece muy cerca de César Acuña. ¿APP está en un franco cogobierno?
Tanto como cogobierno no creo, pero sí tienen una buena relación en el Congreso. En el Ejecutivo, el ministro de Salud es la cuota de APP, digamos que con Acuña hay un abrazo político claro porque la presidenta tiene que recurrir a lo que puede. Boluarte no tiene recursos políticos, no tiene partido, no tiene absolutamente, ni siquiera tiene una bancada de 10 o de 20, sus únicos apoyos pueden ser los de otros partidos, pero tiene que tratar de llevarse bien con quien fuera. Es un asunto de sobrevivencia.
— ¿Dina sigue en modo resistencia?
Es un poco más que eso. Ella cuenta con el apoyo tácito de la mayor parte del Congreso que también quiere sobrevivir. Esa suerte de pacto de sobrevivencia es su mayor garantía de permanencia. Hoy la veo más empoderada, todavía le falta explicar mejor los temas.
— ¿Entonces llega al 2026?
Yo creo que sí. Creo que en el tema económico la presidenta ha encontrado el rumbo. El asunto es que se concrete lo anunciado.
— ¿La ve temerosa por la denuncia constitucional que planteó Benavides por homicidio por omisión?
En mi opinión esa denuncia es un exceso. Denunciarla por genocidio es exagerado. La presidenta no tiene responsabilidad directa en lo ocurrido, si se produce una denuncia constitucional contra ella, probablemente en el Congreso no le den paso. Hasta el 2026 está protegida, después le caerá el peso de la irracionalidad.
— El Ministerio Público está de cabeza. Con las declaraciones de Jaime Villanueva observamos que es una verdadera sopa de grillos donde cada uno busca su cuota de poder.
Hay que corregir el mal desde su origen, me refiero al tema coyuntural y no al tema estructural. El origen de todo esto ha sido los juicios contra los políticos por donaciones de campaña que en última instancia fueron una forma de persecución política. Dañaron tremendamente a la clase política y finalmente posibilitaron el triunfo de Pedro Castillo, alguien absolutamente inconcebible para la presidencia. Se debe poner fin a estos procesos por donaciones de campaña. Cerrar estos procesos es fundamental para la paz política y para amainar la polarización. Los fiscales del equipo Lava Jato practicaron populismo judicial y persecución política y tienen que ser removidos; quienes los reemplacen deberían desistirse de estos procesos porque han sido abusivos; han producido prisiones preventivas abusivas por un tema que no es delito.
— ¿Y qué les dice a los que van a pensar que está regalando impunidad?
No se puede juzgar y condenar a alguien por un delito que no ha ocurrido. Es la presunción de delito futuro, eso es absurdo, no se puede juzgar ni condenar y privar de la libertad a alguien que no ha cometido delito porque finalmente en la política los partidos siempre buscan financiamiento para hacer campaña.
— Hablemos del Congreso, que acaba de aprobar el retorno de la bicameralidad y la reelección parlamentaria.
Y deberían estar muy satisfechos. Espero que el Congreso pase a una agenda más constructiva de reformas políticas, económicas y judiciales. El primer paso en esa dirección ha sido la aprobación de la fundamental reforma constitucional de la bicameralidad y reelección parlamentaria. Imagino que sienten una satisfacción íntima de estar aportando algo positivo.
— Pero sale Vizcarra y mucha gente de izquierda y dice: “La no reelección congresal se dio con referéndum, esto es un golpe de Estado de un Parlamento”.
Los referéndums son instrumentos que usan los dictadores para afirmarse con campaña con banderas muy populistas. Ellos lo saben.
Polarización
«En una cultura de la cancelación nadie gana”
— ¿Podemos creer en un Ministerio Público en el que se mantienen los actuales fiscales supremos?
Creo que tienen que salir, son todos aquellos que estuvieron muy polarizados y que estuvieron vinculados a este equipo que ejecutó estrategia de persecución política. Villanueva indica claramente que se han hecho cosas muy malas, hubo un direccionamiento de los fiscales contra ciertos sectores, se revela alianza entre los fiscales y políticos, Vizcarra protegido, lo mismo que Castillo y sectores atacados; ¿esto es justo? Habría también que verificar la otra denuncia grave: que el fiscal Rafael Vela estaba a través de Janett Talavera enterado de los planes en elecciones para que no gane Keiko, esa revelación es gravísima. Y otra cosa. Dos semanas antes de la segunda vuelta, Keiko llevaba ocho o nueve puntos a PPK y es cuando sale ese famoso informe de la DEA en “Cuarto poder”. ¿Era un informe periodístico o un operativo político? Ella aparecía dándole no sé cuántos millones a Joaquín Ramírez para que los lavara. Una revelación hecha por un tal Vázquez, supuesto informante de la DEA, sin ninguna prueba, sin ningún audio, sin nada; eso afectó su campaña y perdió.
— ¿Es verdad que en una reunión editorial de América Televisión usted se quejó?
Exactamente, dije que no era un informe periodístico sino un operativo político que podía tener un impacto muy fuerte en el resultado final de las elecciones y lo tuvo.
— ¿Qué le contestó la jefa de prensa, Clara Elvira Ospina?
Allí estaban todos los periodistas, hubo una tremenda discusión a favor y en contra y el argumento era que fue un informe periodísticamente válido. ¿Cómo podía ser válido sin ninguna prueba? Eso dije.
— ¿Y por qué cree que todo se ha distorsionado?
Con la polarización entre fujimorismo y antifujimorismo, que tiene más de 15 años. Con tal de que Keiko no gane, todo vale y ahora vemos hasta dónde se ha llegado. También existen el antiaprismo y el anticaviarismo. Vivimos en una cultura de la cancelación y nadie gana. La democracia no se basa en la existencia de bandos enemigos irreconciliables, es absurdo.
