Jaime de Althaus
Para Lampadia
La justicia es tan importante para el destino y el desarrollo del país, que la modernización del sistema judicial es un objetivo y un proyecto nacional. En ese sentido, la tarea no compete solo al Poder Judicial o al Ministerio Público que, por lo demás, como sabemos, difícilmente se reforman a sí mismos. Compete al Estado en su conjunto y a la sociedad civil.
Sin embargo, conformar una comisión multipartidaria para que en 45 días elabore una propuesta de reforma del sistema de justicia, considerando las capacidades de nuestros congresistas, no parece una vía seria. Quizá para formular algunas ideas a discutir, pero nada más.
De otro lado, el argumento de la autonomía del Poder Judicial, tampoco se sostiene. La modernización del sistema de justicia requiere, por ejemplo, recursos. Supone, entonces, un diálogo inteligente entre los órganos de justicia y el Ejecutivo, en particular el Ministerio de Economía y el ministerio de Justicia. Se otorgan recursos contra proyectos, metas y resultados.
Así se logró avanzar en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), que supuso un cambio radical en los procedimientos penales, para pasar a un sistema oral mucho más ágil y expeditivo.
Se fue ejecutando por medio de una secretaría técnica en el ministerio de Justicia que monitoreaba el proceso, en conversación con el MEF para efectos del presupuesto. Ahora se está revisando uno de los aspectos de ese código, devolviéndole atribuciones a la policía. Pero lo que no se ha hecho es una evaluación de la “oralidad”, si realmente está funcionando, si se han acortado los procesos, si hay menos presos sin sentencia, que era lo que se buscaba.
En realidad, esa evaluación debió haber sido hecha en el marco de los trabajos del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia,[1] creado en el 2019. Ese consejo llegó a aprobar en el 2021 una “Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia”, que planteó los siguientes objetivos o áreas:
- Gobernanza de datos e interoperabilidad;
- Acceso a la justicia;
- Modernización de los procesos no penales;
- Modernización de los procesos penales y sistema penitenciario;
- Recursos humanos;
- Ejercicio y formación para la abogacía;
- Políticas anticorrupción, control ético y disciplinario;
- Combatir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar;
- Predictibilidad de las decisiones judiciales y adecuación normativa.
Incluso se llegó a valorizar esas propuestas en 4,000 millones de soles. Sin embargo, con la llegada de Pedro Castillo al poder, el mencionado Consejo dejó de funcionar y recién ahora está siendo reactivado. Si ya hubo avances, hay que aprovecharlos, para no comenzar desde cero, y producir planes concretos presupuestables y fiscalizables. Hay un programa de digitalización de los expedientes judiciales en curso que es clave y que ya ha avanzado en varias áreas civiles. Debería extenderse al área penal, que incluye a la Policía y al INPE. Y hay otro de oralización de los procesos civiles.
Pero hay otros temas mayores no contemplados en esta propuesta tales como tener una Corte Suprema pequeña que fije jurisprudencia, para darle predictibilidad a las sentencias, lo que supone mejorar previamente la calidad de las Cortes Superiores. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no está jugando hasta ahora un papel relevante en esa mejora. La calidad de la justicia no ha mejorado en los últimos años. Más bien ha decaído. Debe revisarse entonces la funcionalidad de la JNJ.
También se trata de simplificar las normas procedimentales, establecer penalidades que desincentiven la litigiosidad y establecer foros alternativos de justicia. Asimismo, eliminar las ratificaciones por parte de la Junta Nacional de Justicia y sustituirlas por sistemas de evaluación de rendimiento de jueces y fiscales en las instituciones mismas.
Debería abrirse, en efecto, un gran debate. El Congreso podría crear una comisión de expertos que elaboren diagnósticos y propuestas que se sometan a la discusión pública para ir generando un consenso. Mientras tanto, hay que avanzar con lo que tenemos a partir de la propuesta de política pública mencionada.
Pero algo que escapa a estas tareas técnicas, es acabar con la politización de la justicia, lo que supone poner fin a los juicios por donaciones de campaña que no eran delito, y que solo sirvieron para perseguir y debilitar a parte importante de la clase política.
Y supone también retirar a los fiscales responsables de esos excesos.
La guerra civil que estamos viendo en el ministerio Público y con el Congreso se origina en buena medida en esos abominables abusos. Pues no hay reforma posible en un ambiente de guerra interna. Lampadia
[1] Integrado por El Presidente de la República, el Presidente del Congreso de la República, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. En el llamado “Consejo Técnico”, que da apoyo, también participa el MEF, que es clave.
