Por: Maite Vizcarra
El Comercio, 5 de octubre del 2023
“Podemos hacer mucho más con lo que ya tenemos si transformamos la gestión de la administración pública y nos abrimos a nuevos modos de crear valor”.
Hace unos días era tendencia en las redes sociales la llamada ley Tudela, una iniciativa legislativa que propone hacer una revisión y ajustes a los subsidios y/o actividades de promoción que actualmente reciben los profesionales vinculados al mundo del cine. El debate llegó también a las charlas públicas y privadas. Una que en particular traigo a colación fue la que sostuvimos en el programa en streaming “4D” con la flamante directora del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Vanessa Vizcarra.
La charla planteó en algún momento uno de los argumentos que se han considerado en torno de la conveniencia o no de mantener más o menos subsidios al cine local: ¿qué es más importante, la cultura o la salud? ¿En qué es más importante invertir: en la creación de más obras de cine o en mejores postas médicas?
Debo decir que este dilema viene con truco porque la relevancia de la inversión pública no solo se mide por las transferencias directas a la construcción de infraestructura (postas) o a poblaciones específicas (cineastas, adultos mayores en pobreza, científicos, etc.). La inversión pública y su retorno tienen que medirse necesariamente en base a cómo se gestiona esta. En ese sentido, transferir directamente montos de dinero –poco o mucho– está sujeto a lo que se llama retorno social. ¿Y cuál es el retorno social de poner dinero en el cine o en la salud?
El asunto del retorno social no es menor, sobre todo si consideramos que en el Perú los niveles de pobreza han aumentado dramáticamente en los últimos tiempos. Cabe recordar que siete de cada diez peruanos son pobres o vulnerables de caer en la pobreza, según un informe muy reciente del Banco Mundial. Vistos estos datos, conviene preguntarse si el Perú es o no un país pobre. Y aquí aparecen varias aristas que van desde una visión optimista –el Perú es un país de ingentes recursos, pero mal gestionado– hasta una hiperrealista –el Perú es un país de brechas y pobreza–.
Quisiera resolver este dilema con truco y decir que tanto el cine como la salud cumplen un rol necesario en las sociedades modernas del siglo XXI, pero que si se estimulan en entornos con baja institucionalidad, mala gestión pública o con un funcionariado público ineficaz, terminarán replicando las características de ese entorno, pues sus resultados serán inequitativos.
Los retos de expandir el crecimiento y la productividad, reducir la desigualdad y enfrentar los desafíos de un mundo más ‘glocal’ –global y local– requieren de más, mejores e inclusivos servicios públicos. Y estos van desde cómo definir los criterios a través de los que se asignan transferencias de promoción hasta cómo se maneja la comunicación institucional de una actividad de mejora que termina siendo mal recibida por los beneficiarios –como es el caso de Sedapal y el corte masivo de agua en 22 distritos que tendrá lugar desde mañana para realizar mejoras en algunas tuberías–.
Por eso, no hay que confundirse. Por más que haya amor patriótico por el país que nos vio nacer y un optimismo a prueba de balas, es necesario reconocer que el Perú ya no es lo que fue y que es un país con más pobres. No nos confundamos, esa pobreza no se resuelve solo con transferencias de dinero. Es urgente apostar por una mejor calidad de la función pública que habilite más actividad de los privados.
No nos confundamos: construir más y mejor no es solo cuestión de dinero. Podemos hacer mucho más con lo que ya tenemos si transformamos la gestión de la administración pública y nos abrimos a nuevos modos de crear valor con la inversión privada y la competitividad.
El bienestar de todos nosotros está en juego. Una gestión pública de calidad es clave para asegurar la recuperación de cada sol que destinamos a actividades de promoción, estímulo y/o ayuda.
