Jaime de Althaus
Para Lampadia
No es casualidad que la insurrección se haya focalizado con mucha fuerza en Puno, un paraíso de la informalidad en el que la minería ilegal es muy potente y encuentra en varias expresiones de izquierda radical el instrumento político que necesita para desafiar a un Estado que le exige obligaciones que no puede o no quiere cumplir. Una región en la que el Movadef tenía de lejos la mayor cantidad de comités al 2021:12 según un trabajo del general José Baella.
El ataque al aeropuerto con la finalidad de impedir la llegada de refuerzos y pertrechos de las fuerzas del orden fue una decisión estratégica planificada.
Se usaron explosivos de varios tipos, armas hechizas y proyectiles diversos.
Incendiar un patrullero, amarrar al policía adentro y carbonizarlo, no es una acción espontánea.
Tampoco la movilización de gran cantidad de comuneros y pobladores de otras provincias hacia Juliaca, donde está el aeropuerto.
Los policías son seres humanos. Ante el ataque masivo con toda clase de armas, por más artesanales que fuesen, no les quedaba más remedio que responder, en defensa propia. La responsabilidad principal de las terribles y lamentables muertes estriba, entonces, en los organizadores de los ataques. Parte del objetivo era sin duda buscar esos fallecimientos, para producir titulares como “Paren la matanza”, del diario La República y de algunos periodistas de televisión, y regar como pólvora la imagen de un gobierno genocida que reprime a sangre y fuego justas reclamaciones de los pobladores.
Pero ¿cuáles son esas reclamaciones? No se refieren a duras condiciones de vida o a la falta de atención estatal o las consecuencias sociales del fatal desgobierno de Castillo, que podrían conformar demandas legítimas. Se refieren a consignas que rompen el Estado de Derecho y atentan contra el orden constitucional: la liberación de Castillo, la renuncia de Boluarte, el cierre del congreso, asamblea constituyente. Los muertos, entonces, cumplían la función perversa de legitimar unas protestas que, en realidad, no eran aceptables en un Estado de derecho.
¿Podría el gobierno quedarse brazos cruzados frente a un ataque al aeropuerto o a otras instalaciones pública y privadas? Evidentemente no podía. Hay quienes opinan que en realidad debió llevar más efectivos militares y policiales a fin de poder desplegar la fuerza suficiente para cortar el avance de las movilizaciones e impedir así el ataque al aeropuerto, con lo cual no hubiésemos tenido víctimas fatales, pero no trasladó el número suficiente debido al repliegue de la fuerza luego de las lamentables pérdidas humanas del mes de diciembre.
Lo que hemos tenido aquí es una convergencia entre los herederos de sendero luminoso -que han provisto dirección estratégica, narrativa y consignas-, la izquierda identitaria radical y eventualmente secesionista, alimentada desde hace años por Evo Morales, y varias economías ilegales como principalmente la minería informal, que provee los recursos logísticos. El común denominador es un rechazo al Estado, a Lima, al sistema judicial y a las regulaciones de la formalidad -que sin duda son excluyentes. Las izquierdas radicales logran encauzar ese sentimiento de rechazo del capitalismo popular informal o ilegal al establishment formal.
Por supuesto que es un clamor impostergable la necesidad de una formalidad inclusiva que permita la formalización de la minería informal, lo que implica normas ambientales acordes con la dimensión de las operaciones y arreglos con las concesiones formales. El país no puede seguir adelante con más de 300 mil mineros informales fuera del sistema. Tampoco podemos seguir con servicios públicos ineficientes o inexistentes copados por la corrupción. No es de extrañar que autoridades locales y regionales se sumen a las movilizaciones contra el sistema porque muchas de ellas explotan para sus fines la anomia reinante.
Pero no se le puede dar legitimidad reivindicativa y menos revolucionaria a movimientos que en parte representan la revuelta de economías ilegales contra los intentos de aplicación de la ley, que movilizan sentimientos de agravio en alguna medida reales, pero en esta ocasión principalmente infundidos como posverdades, y que levantan banderas atentatorias contra el orden constitucional. Lampadia
