Por: Eduardo Morón
Gestión, 17 de Noviembre del 2022
El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un fallo que a mi juicio es errado no solo respecto a lo que señala nuestra Constitución sino también respecto a sus fallos precedentes. Pero la ley manda que le obedezcamos. Así que, dado que estamos -sí, otra vez- en medio de un proceso de intento de reforma del sistema de pensiones, creo que es oportuno anotar lo que ha dicho y plasmarlo en el nuevo sistema que se quiere construir.
En resumen, el TC ha sostenido (4 votos contra 3) que cuando existan circunstancias extremas (en esta oportunidad, la pandemia) los afiliados tendrán la posibilidad de tomar parte de sus fondos que estaban destinados para financiar su vejez y gastárselos como ellos vean por conveniente. La verdad que sorprende tanta ligereza de estos magistrados. Por ejemplo, pudieron haber dicho cosas como “esta disposición extraordinaria en tiempos extraordinarios solo se limita a aquellas personas que perdieron su fuente de ingresos”. Recordemos que según un reciente reporte de la SBS, uno de cada cuatro afiliados que retiraron en pandemia NUNCA perdió su empleo, ni un solo mes. Ese grupo de afiliados sumó 40% del total de los fondos que fueron retirados.
Esto fue un claro despropósito. Se terminó afectando a los demás afiliados que no retiraron al obligarse a vender los activos bajo administración a cualquier precio con tal de conseguir la liquidez que se requería para atender los retiros. Y terminó afectando a las personas de menores ingresos que hoy sufren una inflación de casi 10% gracias a que las autoridades nunca pudieron hacer sentir su voz de la razón y se permitió retirar más de 10% del PBI por gente que nunca perdió su ingreso laboral. Esta disposición de liquidez es tan atractiva que la gente que está afiliada a la ONP ya está haciendo su lobby en el Congreso para que les permitan pasarse al sistema de capitalización individual con su bono de reconocimiento. No porque busquen una mejor pensión, sino porque quieren pasar de una vez por el cajero automático.
Pero hasta ahí la crítica. Ahora tratemos de aprender del error. El error fue no haber incluido dentro de las reglas de operación del sistema de pensiones la posibilidad que ocurra un evento extraordinario que obligue a permitir algún nivel de retiros. Pero la regla sobre esta liberalidad debería definir algunos temas críticos. El primero es ¿qué autoridad será la que decida si hay causales extraordinarias para permitir retiros? ¿El Congreso que siempre quiere ganar votos, o el regulador, que es el encargado de velar por la sostenibilidad del sistema y el cumplimiento de sus objetivos? Seguramente será más fácil que el regulador escoja una solución con mayor criterio técnico como, por ejemplo, no incluir a quienes no perdieron el trabajo. Además, luego de la decisión de permitir el retiro hace falta decidir cuál será el tamaño del retiro.
Segundo tema, si vamos a permitir retiros debe quedar claro que se requiere acompañar ese período de retiros por un posterior período de devoluciones. Luego de que las circunstancias gravosas acaben, se debería pasar a una etapa donde se repone con gradualidad lo que se retiró. Esto segundo es importante porque no queremos volver a ver lo que ha ocurrido ahora que tendremos alrededor de 3 millones de personas que vaciaron sus cuentas previsionales y llegarán a viejos con pensiones ínfimas producto de permitir retiros sin ningún filtro o esquema de reposición. De esta manera se protegería el financiar adecuadamente la vejez.
Aprovecho la columna para destacar que el pésimo ejemplo de Petroperú, cargando a los contribuyentes su pésima gestión, debería poner en alerta a quienes están pensando la reforma del sistema de pensiones y que creen que la administración estatal del mismo es la mejor solución. Si algo nos enseña este episodio de Petroperú es que al gestor público no le importan las restricciones de recursos, la oportunidad y la calidad del servicio a los ciudadanos. Total, si hace mal las cosas la gente puede aguantar pagar combustibles más caros porque siempre el Estado saldrá a rescatarlo con plata ajena.