Camilo Sebastian Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia
Desde el mediados de enero la vía que atraviesa el fundo Yavi Yavi en Cusco que conecta el Proyecto Minero “Las Bambas” al puerto de Matarani se encuentra bloqueada por habitantes de la comunidad de Fuerabamba.
Los manifestantes, quienes vivían en las inmediaciones del actual yacimiento de “Las Bambas”, fueron reasentados luego de un largo proceso de negociación con la comunidad en años anteriores. A cada familia se le hizo entrega de modernas viviendas de tres pisos, se les efectuó un pago en efectivo por sus terrenos y se les transfirieron tierras en el área de Yavi Yavi en Cuzco.
El bloqueo que lleva cerca de 50 días, genera pérdidas diarias de $6 millones de dólares para la Empresa minera. Por otro lado, la región Apurímac ha dejado de percibir cerca de 25 millones de soles por concepto de regalías en lo que va del conflicto. La conducta de los diversos actores con poder en este caso es ilustradora respecto a las dinámicas de poder existente entre manifestantes, el Estado y las Empresas Mineras en el Perú.
Se encuentra bastante difundida la imagen de las empresas mineras como “poderosas” gracias a los enormes recursos económicos de los que dispone. Los sectores a la izquierda del espectro político acostumbran incluir en su discurso la idea de un Estado cooptado por la actividad minera. Un escenario en el que la regulación, las fuerzas del orden y el funcionariado actúan en función de la defensa de los intereses de las empresas mineras. Implícita en esta narrativa esta la idea de un efectivo mecanismo de transformación del poder económico minero en poder político, mediático y coactivo en las zonas de operaciones de las grandes empresas mineras.
Sin embargo, tanto el actual conflicto como los bloqueos previos a las vías de acceso a Las Bambas ponen en duda esta supuesta equivalencia entre poder económico y poder político. En este caso un proyecto minero que demandó una inversión de 10,700 millones de dólares se mostró incapaz de presionar al Estado a garantizar el libre paso de su producción lo que ha llevado a la empresa a perder varios millones de soles a causa de la acción ilegal (Puesto que existe un Estado de Emergencia y leyes que castigan la obstrucción de carreteras) de unos pocos cientos de ciudadanos.
La narrativa impulsada por los anti-mineros busca caracterizar a la empresa como poderosa y abusiva, con control absoluto sobre la Policía y que ha logrado cooptar al Poder Ejecutivo y Judicial. De modo contradictorio se reconoce que esa misma empresa reporta perdidas millonarias diariamente por su incapacidad para llevar al desalojo de los manifestantes por parte de una Policía que supuestamente es “mercenaria” de la empresa. Creemos que esa narrativa es poco coherente con la realidad. Según la narrativa anti-minera (que múltiples ONGs subscriben), la Policía Nacional está sometida a los intereses de las empresas mineras. Esta podría ser enviada a desalojar a los manifestantes sin consecuencias relevantes puesto que cualquier posible penalización ante el abuso de derechos humanos sería neutralizada por un Poder Judicial controlado por las mineras y ocultada por una prensa sometida a los intereses mineros.
La debilidad de esta visión proviene de una simplista equivalencia entre poder político y económico cuyas limitaciones se manifiestan en el caso del actual bloqueo a “Las Bambas”. Un enfoque sustentado en el tipo de intereses de los diversos actores involucrados en este conflicto podría brindar una interpretación más ajustada a los hechos.
Las comunidades de Fuerabamba tienen por interés racional el maximizar los beneficios económicos de sus miembros. Para ellos es racional -independientemente de la justicia de su reclamo- el asociarse con asesores externos como los hermanos Chávez con el fin de obtener compensaciones financieras ya sea por parte de Las Bambas o del Estado. El mecanismo más fácil para canalizar estas rentas, dados los recursos financieros y logísticos de los que disponen, consiste en infringir costos financieros a la “Las Bambas” y costos políticos al Gobierno mediante el bloqueo de vías de comunicación. Esto parte de un análisis costos beneficio básico, en la medida que ilícitos como el bloqueo carreteras no sean penados, mayores incentivos se tendrá a realizar bloqueos si se generan costos lo suficientemente altos a los actores con recursos económicos (Empresas y Estado). Posteriormente, estos actores se verán obligados a destinar recursos a los movilizados con el fin de dejar de ser perjudicados.
Un Gobierno, en democracia, tiene intereses tanto políticos como de gestión. De la misma manera que los recursos financieros son aspectos críticos para la empresa privada, la popularidad del gobierno es el principal activo a proteger por parte del Gobierno y de sus operadores. Aun un ministro o presidente corrupto se preocupa por su popularidad puesto que la misma afecta la continuidad de la posición de poder de la cual lucra. La decisión respecto a acabar o no con el bloqueo a Las Bambas, la cual corresponde al Gobierno Central, se piensa en términos de los efectos de esas decisiones sobre la popularidad gubernamental. Es decir, se toma en función a los efectos políticos esperados de semejante intervención, los efectos económicos sobre el país son de segundo orden para los gobernantes.
Para el Gobierno Central, despejar la carretera en Las Bambas implica una mejor recaudación fiscal futura e imagen de imperio de la ley frente a los inversionistas y algunos líderes de opinión. Por otro lado, implica un conjunto de riesgos, imágenes de violencia que faciliten el caracterizar al gobierno como abusivo, ruptura con sectores políticos afines a los manifestantes y perdida en la popularidad de ministros específicos (En especial el presidente del Consejo de Ministros, al que se le responsabiliza de la gestión de los conflictos sociales). Como se puede ver los factores a considerar para el Ejecutivo son eminentemente de orden político mientras que los efectos sobre la empresa minera son eminentemente económicos.
En este caso lo que está en disputa es la capacidad de los camiones “Las Bambas” para transitar por una determinada carretera. El orden legal autoriza a la empresa a hacerlo y quienes realizan el bloqueo lo hacen en contra del orden legal vigente. Sin embargo, el bloqueo se mantuvo puesto que la población movilizada se constituye en un poder factico dentro de la zona frente a una Empresa que no puede realizar acciones de fuerza de manera autónoma y un Estado que calcula políticamente su ejerce o no monopolio de la fuerza que institucionalmente le corresponde.
Esto es así porque los movilizados y sus aliados son fuertes en factores críticos de los que depende el análisis de costos y beneficios (De naturaleza política) del que dependen las decisiones del Gobierno Central en este caso. Una empresa puede disponer de muchos millones de dólares, pero hasta ahora los comuneros, políticos y activistas se muestran efectivos en infringir costos y beneficios políticos al gobierno por permitir el bloqueo. El poder discursivo comunicacional de quienes bloquean la vía y de sus aliados en la prensa, fuerzas políticas y líderes de opinión se muestra, hasta ahora, comparable o superior al de la Empresa minera y sus aliados.
Quienes bloquean la carretera son apoyados comunicacionalmente por ONGs, congresistas, algunos periodistas y líderes de opinión. Por el lado de los intereses mineros el apoyo mediático no tiene la amplitud ni la intensidad del otro bando. Este es un juego de capacidades políticas y comunicacionales más que económicas. Las Bambas es poderosa desde el punto de vista económico, pero no desde el político, por ello unos pocos cientos manifestantes pueden infringirles costos millonarios a pesar de los miles de millones de dólares que representan este proyecto minero. Lamentablemente las empresas mineras y los gremios no se han dedicado a construir los instrumentos (tales como voceros, think tanks, estudios académicos) necesarios para poder competir en pie de igualdad con los anti-mineros.
La equivalencia entre poder económico y político forma parte de las creencias básicas de gran parte de la inteligentsia peruana a pesar de los miles de millones dólares en de proyectos mineros paralizados u obstaculizados que son evidencia de lo falso de esta creencia. El sector privado tiene que entender que mientras el poder discursivo de los adversarios sea superior, en muchos casos, no podrán esperar un respaldo gubernamental consistente. Lampadia
