Sergio Salinas Rivas
Así, pues, son las fallas del propio Estado y no debilidades conceptuales del modelo las que explican, en buena medida, los problemas expuestos. Una economía de mercado puede presentar distorsiones que, sin duda, deben ser enfrentadas y corregidas, pero de una manera eficaz y racional, a partir de un diagnóstico claro de la falla a corregir y de una evaluación objetiva de las alternativas de solución. Se trata de podar las ramas que no sirven, no de cortar el árbol. Más bien, la tarea pendiente es reformar el Estado. No nos distraigamos con falsos amaneceres.
Desde hace un tiempo se viene extendiendo la tesis de la necesidad o conveniencia de efectuar reformas constitucionales al régimen económico que nos rige desde 1993, casi todas destinadas a incrementar la intervención del Estado, aunque, vale la pena reiterar, sin sustentar adecuadamente las fallas del modelo a corregir, ni mucho menos las bondades de las “recetas” recomendadas.
Estos planteamientos no son exclusivos del Perú, sin duda.
Refiriéndose a los Estados Unidos de Norteamérica, la ex economista jefe del Banco Mundial Anne KRUEGER ha advertido recientemente sobre el riesgo de desmantelar el modelo de organización económica bajo el cual se ha producido una verdadera “revolución de bienestar” en dicho país entre 1880 y 2020, periodo en el cual la esperanza de vida pasó de 45 a 77 años, y la mortalidad infantil de 215/1000 a 6/1000, entre otros resultados impresionantes (KRUEGER, Anne, Pandemics and Progress, Project Syndicate, Agosto 23, 2021). Para Krueger, la adecuada (y complementaria) distribución de roles entre el sector privado y público generó las condiciones para este notable desarrollo:
- la libertad económica de los agentes privados produjo innovación tecnológica, mejoras de productividad y mayor satisfacción de las necesidades de la sociedad,
- mientras el Estado provee bienes públicos esenciales como infraestructura, marco legal confiable y acceso a oportunidades para todos los ciudadanos.
No existe razón aparente para variar, en esencia, esta distribución de roles Estado / sector privado, o por lo menos no se ha mostrado alguna hasta ahora. La conducta abusiva de las grandes corporaciones, o incluso la inequidad de la distribución del ingreso, frecuentemente citadas en nuestro país como razones para una reforma del modelo económico, apuntan a implementar medidas correctivas de política pública, pero ninguna de ellas supone, en modo alguno, el cambio de modelo.
Veamos cada aspecto.
- El abuso por parte de grupos empresariales con posición dominante en el mercado, que les permite imponer condiciones onerosas a los consumidores de los bienes y servicios que producen es, no cabe duda, un problema que se puede presentar en cualquier economía basada en la libertad. Basta revisar la actuación de la Comisión Europea de Competencia en los últimos años (Apple actualmente enfrenta un proceso cuya contingencia en multas asciende a 23,000 millones de euros) para entender esta realidad (https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm).
Pero su mera existencia no implica una razón para cambiar el modelo de mercado, sino todo lo contrario: las agencias de competencia tienen por función proteger el mercado frente a abusos de posiciones de dominio, y el caso peruano no es una excepción. El remedio a este problema no pasa por eliminar el mercado, sino por generar mayor competencia. De hecho, la propia Constitución de 1993 establece un mandato claro de combate a estas prácticas en el artículo 61. Llama la atención, sin embargo, que, a diferencia de sus pares más desarrolladas, INDECOPI prácticamente no realiza estudios periódicos para analizar las condiciones de competencia en los mercados donde puede haber indicios de mayor concentración económica y de mayor impacto para la ciudadanía, como servicios financieros o de seguros, o productos de consumo masivo, por ejemplo, dirigiendo sus esfuerzos a mercados menos “sensibles”, como servicios notariales o grifos. En general, es el propio Estado quien no ha mostrado particular interés en el fortalecimiento de los organismos reguladores y de competencia en el Perú. Como es obvio, dicha pasividad no es consecuencia del modelo, sino una falla propia del Estado.
- La crítica basada en la desigualdad es aún más misteriosa. Los indicadores concretos del grado de desigualdad en el Perú muestran un resultado contrario al sentido de la crítica. Desde hace más de 20 años el coeficiente de Gini (herramienta utilizada internacionalmente para medir el grado de desigualdad de la distribución de ingresos entre distintos grupos poblacionales), ha mostrado una tendencia positiva en el Perú, pasando de 55.1 en 1998 a 41.5 en 2019.
- https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=PE).
Es decir, no sólo hay porcentualmente menos pobres en el Perú de los que había en 1993, sino que la diferencia en la participación en el ingreso total entre ricos y pobres es menor que antes. Diversos estudios muestran que el mercado ha contribuido más a la reducción de la pobreza que los propios programas de asistencia del Estado (http://www.ipe.org.pe/portal/wp-content/uploads/2018/02/2017-05-15-Crecimiento-para-reducir-la-pobreza-Informe-IPE-El-Comercio.pdf).
Naturalmente, es deseable que la velocidad de la reducción de la pobreza, o del acceso a oportunidades sea mayor, pero, nuevamente, ello depende fundamentalmente de la acción del Estado. Mayor inversión en infraestructura, mejor educación o mayor cobertura de servicios públicos, particularmente en zonas de menores recursos, es una tarea que corresponde promover al Estado, no al sector privado. Sin embargo, para muestra un botón, hace 30 años que la mayor parte de las empresas públicas de agua están financieramente quebradas y sin capacidad para atender las necesidades de la población, afectando incluso el desarrollo inmobiliario del país, pero jamás ha habido un intento serio de reformar el sector.
Así, pues, son las fallas del propio Estado y no debilidades conceptuales del modelo las que explican, en buena medida, los problemas expuestos. Una economía de mercado puede presentar distorsiones que, sin duda, deben ser enfrentadas y corregidas, pero de una manera eficaz y racional, a partir de un diagnóstico claro de la falla a corregir y de una evaluación objetiva de las alternativas de solución. Se trata de podar las ramas que no sirven, no de cortar el árbol. Más bien, la tarea pendiente es reformar el Estado. No nos distraigamos con falsos amaneceres. Lampadia
