Cuando prevalece la Constitución

Las ideas tienen consecuencias. Los golpes también.

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia

Luego de que el Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez  hace unos días dejara en claro que “no se puede coactar a un Poder del Estado”, en clara alusión al Presidente Vizcarra y su intento de exigir que el Congreso legisle como él quiere, quedó más claro que una eventual disolución del Congreso por no haberse aprobado las reformas propuestas al pie de la letra, carece de sustento constitucional. Tiempo atrás el Presidente del Tribunal Constitucional doctor Ernesto Blume Fortini ya había afirmado a propósito de la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, que “No caben en la democracia presiones. Lo que cabe es entender que cada institución tiene autonomía, sus competencias y hay que respetarlas, hay que esperar los plazos correspondientes y los temas de fondo, debatirlos con amplitud y sin presiones de ninguna naturaleza”. En la misma dirección se halla la reciente decisión unánime de los 7 miembros del Tribunal Constitucional de apartarse de la reforma judicial, para “dejar a salvo la autonomía, independencia y rol de control constitucional del Tribunal”, así como la toma de distancia del Presidente del Poder Judicial, doctor José Luis Lecaros, lamentando que la reforma judicial este presidida por el presidente Vizcarra, “porque afecta la imagen de la reforma”

En este contexto, disolver el Congreso por no haber respetado las reformas propuestas en su esencia o no haberlas aprobado en el plazo exigido por el Ejecutivo no sería otra cosa que una interferencia abierta en la autonomía de poderes. Un golpe a la Constitución, con todas sus letras, como lo hemos sostenido muchos desde un inicio y como recientemente lo están afirmando las cabezas de las principales instituciones jurídicas del país.

Sin embargo, como las razones constitucionales son irrelevantes frente a las encuestas y a la escasez de conocimiento institucional de un sector de la ciudadanía, es posible que el desatino se cometa y en los próximos días, por las razones políticas que son harto conocidas, se disuelva el Congreso y se vaya a elecciones legislativas. Es decir que se consume un nuevo golpe de estado con el apoyo esta vez de encuestadoras, medios de comunicación, colectivos y obviamente los partidos derrotados en abril de 2016, que no quieren esperar al 2021 para crecer electoralmente.

Conviene entonces recordar las consecuencias de nuestras ideas (parafraseando a Richard M Weaver) y en este caso concreto, las consecuencias de los golpes, ya que es también posible que muchos de los ministros, generales, congresistas, periodistas y burócratas que respaldarían este golpe de estado ya han olvidado algunos datos de la historia más reciente de nuestro país en esta materia.

Aquí los datos.

• En el 2007, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Republica condenó desde 4 hasta 10 años de prisión a los ministros que aprobaron el golpe militar del 5 de abril de 1992. Los ministros sentenciados fueron Carlos Boloña, Absalón Vásquez, Víctor Joy Way, Oscar de la Puente, Jaime Yoshiyama, Alfredo Ross, Víctor Paredes y Augusto Antonioli.  El que recibió la pena máxima fue el Ministro del Interior, general Juan Briones Dávila, quien al término de la audiencia fue conducido a un penal para cumplir su condena. Todos ellos, en su conjunto, fueron condenados a pagar más de tres millones de soles en reparaciones.
• Los ministros Blacker Miller, Vega Santa Gadea y Malca se mantuvieron prófugos del país para evitar la lectura de su sentencia.
• Esta sentencia fue dictada por una Sala Penal integrada en ese momento, nada menos que por el Juez Supremo José Luis Lecaros, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien desechó en ese momento la tesis de que “el golpe de estado fue legitimado por el apoyo popular” porque consideró que tal “tesis de la defensa sería un mal ejemplo para la vida institucional y democrática del país”[i]
• En aquel tiempo, la Fiscalía apelo la condena por considerarla benigna y el procurador del estado apeló la reparación civil por considerarla irrisoria.
• Los generales y miembros de las fuerzas armadas que respaldaron este golpe fueron procesados en otros juicios por este mismo hecho.

¿Comprenderán los ministros, generales, congresistas y periodistas que secundan e instigan al presidente Vizcarra, las consecuencias de todo esto?

¿Se habrán percatado que el rabioso apoyo de los trolls en las redes sociales, los colectivos, los paros y marchas y las encuestas no legitiman los golpes a la institucionalidad constitucional?

Es momento entonces de volver a recordar a Richard M Weaver[ii] en este complejo momento de la vida nacional y recordar que “las catástrofes de nuestro tiempo son el resultado, no de la necesidad, sino de decisiones poco sabias” y que no hay mejor cura que “el correcto uso de la razón humana, la renovada aceptación de la realidad y el reconocimiento de que las ideas al igual que las acciones tienen consecuencias”.

Las reglas de juego democráticas colocaron a PPPK y luego a Vizcarra en el Ejecutivo. Esas mismas reglas colocaron una representación nacional por similar período. Las miserias de unos u otros no nos pueden llevar a patear el tablero. Las reglas de juego y el tablero no lo definen los jugadores, les está dado y lo tienen que respetar, por el bien del juego democrático y constitucional y no para proteger a estos o aquellos. Lampadia

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