A continuación compartimos un reciente artículo publicado por The Economist en el que se brindan algunas reflexiones sobre los resultados de las elecciones congresales que tuvieron lugar en nuestro país el pasado 26 de enero, a la luz de los antecedentes políticos que las generaron, en particular, el manotazo a la democracia que acometió el gobierno de Vizcarra al efectuar la disolución del anterior Congreso (ver Lampadia: La Disolución del Congreso, Crisis Política y el Futuro del Modelo Económico).
Como deja entrever el popular medio británico, si bien dicha decisión presidencial linda con la inconstitucionalidad, vale la pena centrarse en el efecto post-elecciones adelantadas que se generaron a partir de ella, esto es, la resultante estructura partidaria del nuevo parlamento que tomaría funciones el próximo marzo. Así, enfatiza: “La elección marcó una exacerbación de la fragmentación política del Perú. Nueve partidos obtuvieron el mínimo del 5% del voto requerido para ganar escaños en la legislatura, pero ninguno obtuvo más del 10%.”
En efecto. Como se desprende del análisis de The Economist, los resultados de las elecciones han puesto en relieve la clara debilidad de los partidos políticos y lo ingenuas que son las reglas que rigen el sistema electoral peruano, las cuales han permitido la reproducción de un sinfín de propuestas legislativas, haciendo imposible una mínima buena comparación entre ellas (ver Lampadia: 800 candidatos en Lima es absurdo). No es de extrañar que se haya obtenido una baja representatividad y además fragmentación en este nuevo Congreso (ver Lampadia: El nuevo Congreso).
En ese sentido, consideramos que este escenario no es mejor que el anterior Congreso disuelto, con todas las críticas que pudiera hacérsele, puesto que por lo menos se contaba con una oposición ordenada que podía fiscalizar responsablemente las medidas presentadas por el Ejecutivo. Sin un congreso así, las propuestas populistas de Vizcarra como el anunciado incremento de salario mínimo, la ley que obliga a vender genéricos en las farmacias, la ley que obliga a los colegios privados a devolver cuota de ingreso ante retiros voluntarios, entre otras medidas pueden aflorar sin problemas.
Una situación por demás mala por la poca probabilidad de que un Congreso fragmentado pueda llevar a cabo las reformas estructurales que el país necesita, así como lograr mínimos acuerdos entre las nuevas bancadas para concretar la tan ansiada reforma política.
Esperamos que los nuevos parlamentarios sopesen y pongan como prioridad al país, en vez de sus beneficios personal. Lampadia
La dificultad de reformar el Perú
Una elección reivindica, pero no fortalece a Martín Vizcarra
The Economist
1 de febrero, 2020
Traducido y comentado por Lampadia
Fue lo más popular que ha hecho cualquier presidente peruano en mucho tiempo. Frente a un congreso en serie obstructivo ampliamente visto como defensa de intereses corruptos, en septiembre Martín Vizcarra decretó su disolución. Esto era cuestionable constitucionalmente y sentó un precedente preocupante. Pero en términos políticos, el resultado de una elección celebrada el 26 de enero para reemplazar el congreso disuelto reivindicó a Vizcarra. También destacó las debilidades del sistema político peruano y no ha facilitado su proyecto de reforma institucional.
Vizcarra, quien fue elegido vicepresidente en 2016, asumió el cargo principal hace casi dos años cuando Pedro Pablo Kuczynski renunció por conflictos de intereses. Heredó una batalla con el Congreso, dominada por la oposición dirigida por Keiko Fujimori, la hija de un ex presidente. Cuando las llamadas telefónicas filtradas revelaron una aparente colusión entre algunos jueces y legisladores de la oposición, Vizcarra solicitó con éxito el apoyo público en un referéndum sobre reformas de la judicatura y la política.
Eso le dio la iniciativa, pero solo por un tiempo. Para romper el estancamiento, Vizcarra propuso convocar elecciones generales anticipadas. Ignorando esto, los fujimoristas se adelantaron con una votación apresurada para nombrar nuevos jueces para el tribunal constitucional. El presidente afirmó que esto equivalía a una (segunda) negación de confianza en su gobierno. Según la constitución semiparlamentaria de Perú, eso es motivo para la disolución del congreso. En enero, el tribunal confirmó por cuatro votos contra tres la constitucionalidad de la acción del presidente.
Los votantes infligieron una aplastante derrota a los fujimoristas, que cayeron del 36% de los votos parlamentarios en 2016 al 7%. Dos partidos aliados más pequeños no pudieron ingresar al nuevo congreso. Ese es el alcance de las buenas noticias para Vizcarra. La elección marcó una exacerbación de la fragmentación política del Perú. Nueve partidos obtuvieron el mínimo del 5% del voto requerido para ganar escaños en la legislatura, pero ninguno obtuvo más del 10%.
En el papel, los partidos centristas serán el mayor contingente, aunque la derecha también es fuerte. Dos recién llegados ofrecen algún motivo de inquietud. El Frente Agrario, un partido vinculado a un culto milenario del Antiguo Testamento, ganó al menos 15 de los 130 escaños. Y 17 fueron tomados por el partido de Antauro Humala, un ex oficial del ejército profascista (y hermano de un ex presidente) que cumplía una condena de prisión de 19 años por un asalto a una estación de policía en 2005 en el que murieron seis personas.
Su éxito es, de diferentes maneras, una protesta contra el establecimiento político de Lima. Los países vecinos han visto protestas callejeras a veces violentas en los últimos meses. En Perú, la disolución del congreso y el encarcelamiento de varios ex presidentes por acusaciones de corrupción (ninguno de los cuales ha sido probado aún) ha eliminado parte de la ira popular. El 28 de enero, un juez remitió a Fujimori por segunda vez por acusaciones de irregularidades en el financiamiento de campañas en 2011.
Quizás, también, la naturaleza flexible de la cultura política del Perú proporciona resiliencia. Pero podría dificultar la reforma. Después de los recientes enfrentamientos, tanto la opinión pública como muchos políticos están a favor de la cooperación. Pero Vizcarra tiene solo un año más o menos para completar la tarea de reforma institucional que se propuso antes de las elecciones generales de abril de 2021.
El gobierno ya ha establecido un nuevo organismo, seleccionado por mérito, para supervisar los nombramientos judiciales. Varias medidas aprobadas por el congreso saliente tienen como objetivo limpiar y solidificar los partidos políticos. Algunas son útiles. Incluyen endurecer las reglas sobre el financiamiento de campañas, medidas para reducir el costo de la política y, a partir de 2021, el cierre de partidos que no cruzan el umbral del 5%. Las pendientes son una definición más estricta de la inmunidad parlamentaria y, tal vez, la incorporación de un senado a la pequeña legislatura de una cámara de Perú.
La elección ofrece pocos consejos para la contienda presidencial de 2021. «Todos somos débiles y cualquier cosa puede pasar», dice Alberto Vergara, un politólogo. Al defender la lucha contra la corrupción, Vizcarra ha logrado la rara hazaña de un presidente peruano de seguir siendo popular. Ahora se puede necesitar más. El gobierno está tratando de mejorar la atención médica y los caminos rurales, pero está presionado por las presiones sindicales para aumentar los salarios del sector público y la oposición empresarial a los impuestos más altos (que aumentan los ingresos de solo el 14% del PBI). Puede surgir un nuevo sistema político. Pero para que Perú continúe disfrutando del crecimiento económico y evite una explosión social al estilo chileno, también necesita un estado más fuerte y más efectivo. Lampadia
