Miremos las consecuencias

50 años de una mala idea en la minería

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Las ideas siempre tienen consecuencias. El problema es que no lo recordamos o no lo creemos.

Desde 1948, Richard M. Weaver, en su célebre ensayo que lleva el mismo nombre[i] nos muestra que “lo que ocurre no es producto de la necesidad sino de decisiones poco sabias.»

En el Perú, si hay ejemplo de ello es la regulación minera. Hace exactamente 50 años, el Perú dio un viraje significativo en su política minera. El Estado sustituyó a los privados en el sector y, mediante Ley 18433 (15.10.1970) creó el Consejo Público de Empresas de Energía y Minas para el manejo de la actividad. Esta norma estuvo precedida y complementada por un conjunto de normas como estas:

• Ley 17792 que exigía a los concesionarios mineros iniciar operaciones y financiarlas en medio de un gobierno que había expropiado el petróleo y las haciendas. Algo así como pedirle en estos días a los trabajadores que aporten más dinero a sus AFPs al mismo tiempo que la congresista Omonte propone entregar esos fondos al Estado.
• Ley 17793 que modificó el Código de Minería
• La Ley 18368 que reguló los planes mineros menores y ratificó la causal de caducidad de las concesiones que no operan
• La Ley 1880, Ley General de Minería, que estableció, por ley, que “la actividad empresarial del Estado es factor fundamental en el desarrollo de la industria minera.”
• Ley 20492, de expropiación de las minas de Cerro de Pasco

Debido a este viraje, en el Perú la inversión minera privada se contrajo por más de 20 años, se estancó la producción minera nacional, se perdieron los puestos de vanguardia que se tuvieron en algunos minerales, disminuyo por 30 años el aporte de la minería al PBI nacional y, lo que es más grave, se redujo la recaudación estatal de la minería. Para dar un ejemplo: CENTROMIN PERU y MINERO PERU, en el quinquenio 1985-1990 generaron utilidades por apenas 26 millones de dólares, (54 millones a valor del 2019), que equivalen al 5.6% del canon minero aportado por las empresas mineras privadas el 2018. (Lampadia: Justicia en déficit. 14.06.2019) Las ideas tuvieron consecuencias.

Los cambios legales de 1991 y 1992, con el D.Leg. 708 y la nueva Ley de Minería, volvieron a poner al sector privado al frente de la actividad y sacaron al Estado deficitario del sector. Esta vez las ideas tuvieron también consecuencias, pero consecuencias positivas. El Perú volvió a ser un país atractivo para la inversión minera, la inversión minera generó empleo, canon, regalías y articulaciones productivas de manera descentralizada, el aporte del sector al PBI creció y la recaudación estatal se multiplicó. Sólo un dato al respecto:  a octubre de 2020, el aporte de la minería en la última década, solamente por concepto de canon y regalías al Estado (es decir sin considerar el aporte al PBI, al empleo, a la balanza comercial, entre otros) supera los 39,000 millones de soles, equivalentes a US$ 10,800 millones de dólares. Una cifra muy distante de lo que aportaban las mineras estatales e impensable en un contexto legal como el de 1970.

Olvidar entonces que las ideas tienen consecuencias nos puede llevar a repetir los errores de hace 50 años o aquellos de más atrás. Olvidar las consecuencias de las malas ideas puede ser conveniente para algunos, pero no es bueno para el país. Recordarlas es tarea de quienes no buscamos el voto o el aplauso sino la coincidencia racional y la suma de voluntades para el bien del país.

Sólo se trata de buscar las ideas correctas y repeler las malas, las que nos traen consecuencias nefastas.

Las buenas ideas en materia de minería no se inventaron en 1991 con la reforma de estímulo minero. Nuestra historia también tuvo buenas ideas en esta materia y es necesario recordarlas. Aquí un par de ellas:

• En 1901 el primer Código de Minería de nuestra historia, dictado bajo la presidencia de López de Romaña, con las mismas ideas de Turgot, estableció que el dueño del suelo era a la vez dueño de los minerales y que no había distinción entre la propiedad del suelo y el subsuelo minero. Una norma de estas, actualmente, convertiría en hombres prósperos a los comuneros campesinos, los haría aliados o socios de la inversión privada, los convertiría en los principales contribuyentes del país y no en mendigos de la dádiva estatal y, sin duda, haría innecesario el rol de traficantes, asesores y ONGs.  Cuanta conflictividad social terminaría si el Perú fuera realmente liberal en esta materia y el Estado no tuviera el dominio que tiene de la riqueza minera desde 1931.
• Entre 1791 y 1794, Baquijano y Carrillo, que es considerado uno de los padres del pensamiento económico del país y fue prócer de nuestra independencia, ya había dicho en su famosa “Disertación Histórica y Política sobre el Comercio en el Perú” publicada en el Mercurio Peruano del cual era editor, que “las provincias del Perú han de buscar las riquezas en el seno y no en la superficie de sus tierras. Todas las que puede producir el reino mineral se hallan en abundancia…”

Buscar buenas ideas en nuestra historia para tener buenas consecuencias es una tarea esencial, sobre todo en tiempos donde personas con pocas o malas ideas piensan gobernarnos. Lampadia

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