A propósito del Informe de la Comisión de Protección Social y la propuesta de estatizar el manejo de las pensiones
Fausto Salinas Lovon
Cusco
Para Lampadia
La estrella del derecho previsional
En setiembre de 1997, invitado por dos grandes maestros del derecho laboralperuano (Luis Aparicio Valdez y Mario Pasco Cosmópolis), asistí al XV Congreso Mundial de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y la Seguridad Socialen la Universidad de Buenos Aires, Argentina, para participar junto a más de un millar de laboralistas del mundo en un conjunto de debates dentro de los cuales se hallaba el tema de los derechos humanos y la seguridad social.
En aquella ocasión, los sistemas de fondos de pensiones privados creados en Chile, Colombia, Argentina, Perú y otros países latinoamericanos fueron la estrella del debate y varios profesores europeos llegaron a decir que sentían sana envidia por la decisión latinoamericana de haber liberado a sus Estados del gran peso de las jubilaciones y haber trasladado, en gran medida, la responsabilidad de las pensiones a los propios interesados a través de los sistemas de capitalización individual de las AFPs o AFJPs latinoamericanas. Chile, naturalmente, fue el centro de los elogios.
Han pasado casi 20 años desde entonces y es preocupante ver que un sistema imperfecto como este, pero ciertamente mucho mejor, más sano y más justo que el sistema público de reparto, pierde brillo, se desgasta y puede llegar a ser destruido de manera irreversible, volviendo a trasladarse la responsabilidad de las jubilaciones al Estado y, por ende, a los contribuyentes y a las nuevas generaciones.
Los ataques al sistema privado de pensiones
En la Argentina, el insaciable apetito fiscal de la señora Kirchner, secundado por Amado Boudou (entonces jefe de ANSES que es el equivalente porteño de nuestra ONP, luego vicepresidente y ahora famoso seguidor de Piketty detenido por actos de corrupción), desparecieron en noviembre del 2008 el sistema de AFJP y transfirieron cerca de 23,000 millones de Euros al gobierno argentino para salvar su vaciadacaja fiscal. Para disimular este robo, se desacreditó previamente el sistema y con una porción diminuta de estos fondos, se otorgaron créditos a interés preferencial para la adquisición de vehículos, con lo cual una parte de esa misma clase media a quien le robaron sus pensiones aplaudió la medida.
En Bolivia, el autócrata Evo Morales, también se engulló los 3,000 millones de dólares del sistema previsional privado boliviano y dejó sin cuentas de capitalización a más de 1,3 millones de bolivianos. La medida se dio luego de la reforma constituyente que le permite su reelección hasta la fecha y los fondos pasaron a una “Gestora Pública”, que lo mezcló con los recursos públicos que sirven para subsidiar el gas, la gasolina y todo lo que sea necesario para mantener al socialismo en el poder. Un verdadero nadie sabe para quién trabaja.
En Colombia, el sistema privado es sólido y maneja el 2017 un fondo previsional de alrededor de 208 billones de dólares de 14,5 millones de colombianos, sin embargo, no pudo desprenderse de la carga estatal heredada del Instituto de Seguridad Social (ISS) y en lugar de transferir esos recursos a la administración privada mediante cuentas de capitalización, creo en el 2007 Colpensiones, una especie de AFP Estatal que sigue administrando pensiones antiguas y nuevas cotizaciones. Es decir, se creó un híbrido.
En Chile, las bajas pensiones otorgadas por el sistema privado, que apenas se acercaban en promedio a una tasa de reemplazo del 40% del salario activo (la expectativa cuando se dio la Ley en 1980 era del 70% con un promedio de vida de 70 años), obligaron en el año 2008 a crear una reforma para incorporar un pilar solidario mediante el cual se garantizaba desde el Estado una pensión básica mínima. El descontento reciente, hábilmente capitalizado por los sectores sindicales y de izquierda, llevó a la Presidenta Bachelet a crear una Comisión para evaluar alternativas, a partir de las cuales ha presentado un polémico proyecto que vuelve en parte al sistema de reparto y grava a los empleadores en la responsabilidad pensionaria.
En el Perú, el sistema tampoco ha quedado incólume en cerca de 25 años de existencia. Primero se permitió el empleo de los fondos pensionarios para fines de vivienda. Luego la Libre Desafiliación Informada para retornar a la ONP y posteriormente, dos tipos muy audaces, Lescano y Delgado, iniciaron una cruzada contra las AFPs y en lugar de crear más AFPs, para generar más competencia que pudiera bajar las comisiones, mejorar el servicio, mejorar la rentabilidad y, por ende, mejorar las pensiones, lograron todo lo contrario: concederle el monopolio de las nuevas afiliaciones a una nueva AFP. También lograron cambiar el sistema de pago de comisiones de flujo a saldo, pero fue tan decepcionante este logro que los afiliados hicieron colas y colapsaron el sistema digital para comunicar su decisión de no acogerse a la tan mentada reforma. Finalmente, el oportunismo electoral de los candidatos para la elección del 2016 los llevó a respaldar una iniciativa por la cual se permite el retiro del 95.5% del Fondo de Pensiones a los 65 años, con lo cual el ahorro forzoso de años no se destina a la jubilación, sino al gasto corriente y adiós pensión.
La Comisión Bravo
Como hemos adelantado, en Chile, hace más de un año, esta comisión creada a instancia del Gobierno de la señora Bachelet, emitió un informe sobre la problemática de las AFPs, donde destacan, en el diagnóstico, aspectos tan relevantes como los siguientes:
- Que el 50% de los pensionados en ese país no superan una tasa de reemplazo del 34%, pero gran parte de ellos no son afiliados puros al sistema privado, sino provenientes de regímenes pensionarios anteriores a 1980.
- Que el promedio de cotización latinoamericana es del 10%, mientras que el europeo es del 19%.
- Que la rentabilidad promedio del sistema, entre 1980 y 2013 superó el 8% anual, el doble del promedio estimado en los inicios del sistema.
Sin embargo, a la hora de emitir sus recomendaciones, esta Comisión no logró consensos y aterrizo en tres propuestas:
a) Reformar el sistema actual, incrementando las cotizaciones de los empleadores, creando una AFP estatal y ampliando la Pensión Solidaria para mujeres, con reformas en las tablas de jubilación, entre otros aspectos.
b) Crear un sistema de seguro social con aporte tripartito.
c) Volver a un sistema de reparto.
Esta falta de consenso, explica a su vez la hibridez de la propuesta legislativa del gobierno Bachelet, presentada en agosto pasado al Congreso y pendiente de aprobarse hasta la fecha, la misma que contempla tres elementos: 1) La creación de un aporte adicional del 5% a cargo de los empleadores, el cual será destinado en un 3% al fondo individual y 2% al fondo de reparto para las pensiones actuales. 2) La creación de una AFP estatal para el manejo de este Fondo adicional. 3) La modificación del marco regulatorio del sistema de capitalización individual.
La Comisión de Protección Social
En el Perú, el actual gobierno también creó una Comisión de igual propósito cuya recomendación, según se puede ver del informe presentado esta semana, es igual o peor que el emitido en Chile, ya que sugiere transferir al Estado (es decir estatizar), el manejo de las pensiones al establecer que la ONP pase a ser la base de la nueva Centralizadora que administre las cuentas de capitalización individual de los afiliados, las mismas que entregaríanlos fondos a unas Gestoras de Carteras de Inversión (que reemplazarían a las AFPs), para que inviertan los ahorros previsionales de millones de peruanos.
Esta pésima iniciativa, ya advertida por Lampadia en su edición del 02 de noviembre pasado, evidencia una falta de conocimiento mínimo de la realidad estatal, ya que sólo habitantes de Ross 128B (el nuevo planeta descubierto por un científico chileno), podrían ignorar que el Estado Peruano ya se engulló las pensiones de generaciones de peruanos a través de entidades como el Seguro Social, Ipss u Onp y que esta última institución, a quien quieren encargarle el manejo estatal de nuestras jubilaciones, no puede atender oportunamente a los pensionistas 19990 y por ende, mucho menos podría encargarse de administrar los 76,000 millones de soles (23,600 millones de dólares) que significan el Fondo de Pensiones Privado en nuestro país y administrar las 4 millones de cuentas de capitalización individual que componen dicho fondo.
Afirmar, en descargo de este disparate, que se escoge la ONP para administrar las pensiones para sintonizar con la gente porque esta cree que las pensiones son una responsabilidad estatal, como lo ha señalado una integrante de esta Comisión a un medio local, es una evidencia de que se confunde la realidad con la imagen que se quiere mostrar de ella y que se ha abordado todo menos el fondo del problema.
Cuidado con las Comisiones
Por todo ello, creo que hay que tener mucho cuidado con las Comisiones, en todos los sentidos de la palabra.
En primer lugar, porque estas Comisiones no abordan el problema de fondo: decirle a la población que es imposible tener una tasa de reemplazo superior al 50% del sueldo activo si se cotiza alrededor del 10% del mismo. Solamente entregando los fondos a CLAE (la escandalosa cascada financiera armada por el señor Manrique en los 90´s que pagaba rentabilidades cuantiosas) se podría hacer que el 10% de mi sueldo, aportado tarde, mal y nunca por menos de 40 años se convierta en el 70% de mi sueldo por 20 años posteriores a mi jubilación. Si no lo cree, agarre lápiz, papel y calculadora y multiplique. Si la Comisión no es capaz de decir esto de frente y como punto de partida, su esfuerzo ha sido vacuo y su recomendación debe ir a donde corresponde.
Eso es lo primero que había que decirle a la gente, porque de lo contrario, no entiende que el problema es matemático y en las matemáticas, a diferencia de la política, no hay justificaciones sino resultados.
En segundo lugar, porque no entienden que,si el Estado sigue cargando la pesada mochila jubilatoria de los trabajadores en lugar de ellos, seguiremos condenando a nuestros países al retraso y al subdesarrollo y,sobre todo, estaremos hipotecando a todos nuestros hijos y nietos. Nuestra jubilación es responsabilidad nuestra, no del Estado, ni de las AFps, mucho menos de nuestros hijos y nietos y menos aún de los hijos de mi vecino o de mi compatriota a quien no conozco. Esto no solo tiene sustento en la responsabilidad que deriva de mi libertad de hacer o no hacer lo que me plazca, sino un elemental sentido ético: yo soy el responsable de mis actos, no mi vecino o el que está por nacer. Aquí, cabe recordar lo dicho por el economista francés Frederic Bastiat: “el Estado no puede entregar nada que no haya arrebatado a otro antes, siempre dejando una estela de riqueza en el proceso”.
En tercer lugar, porque al crear entidades estatales o aportes a fondos de reparto (como sucede en Chile) o centralizar el manejo en el Estado (como se sugiere en el Perú), el Estado deja de tener el rol subsidiario que le corresponde y pasa a tener un rol activo que no ha sido bueno y no será saludable nunca. En virtud de su rol subsidiario, el Estado debe estar para aquel compatriota que no pudo lograrlo pese a su esfuerzo y aporte, para el desvalido, para el discapacitado, para aquel que al final de su vida no pudo llegar a un ahorro previsional aceptable para acceder a una pensión mínima de subsistencia.El Estado no puede estar para quien prefirió no ahorrar en espera de Pensión 65, no para quien prefirió gastar 30,000 dólares en el cargo de la virgen de no sédónde o de aquel que retiró su fondo a los 65 años y lo gastó orondo y lirondo o para aquel que simplemente, vivió el presente y no se enteró que el pan se guarda para mayo, como dicen las abuelas.
En cuarto lugar,porque estas Comisiones no explican, con la nitidez necesaria, que parte del problema es que la esperanza de vida se ha incrementado en nuestros países y el mismo ahorro debe alcanzar para más años de vida. Obviamente sin exagerar como lo hacen algunas aseguradoras que calculan la pensión por encima de un siglo de existencia.
En quinto lugar,porque si el cuidado está en las comisiones, esta vez me refiero a las que cobran las AFPs o las entidades que se plantea crear, el remedio no consiste en sustituir unas entidades por otras en un mercado acotado, sino en ampliar los actores y tener como en Australia, un abanico de opciones de capitalización individual tan grande que lo han llevado a ser considerado el tercer modelo de pensiones más exitoso del mundo. Bancos, Financieras y Cajas Municipales (previo fortalecimiento de su gobernabilidad), que al final están igualmente fiscalizadas por la misma Superintendencia, deberían ingresar a este mercado restringido y abrir la oferta disponible a los pensionistas, para mejorar servicios, rentabilidad y comisiones.
En sexto lugar, porque las propuestas de las Comisiones no abordan las distorsiones corporativas que se dan en un mercado oligopólico. Es verdad que una sana y agresiva competencia podría ser un remedio para ello, incluida de por medio una abogacía de la competencia antes que el favorecimiento de las M&A de Afps como ha ocurrido en el Perú; sin embargo, si no fuera suficiente, la exigencia regulatoria de buenas prácticas de gobierno corporativo, rentabilidades corporativas atadas a la rentabilidad del fondo, rentabilidades mínimas exigibles a las Afps, edades razonables de cálculo de la renta vitalicia en lugar de la absurda cifra de más de un siglo que se considera a la fecha, entre otras medidas, deberían estar presentes en el debate de mejora del sistema, en lugar de inventos ya conocidos y descartados por nuestra historia.
Finalmente, porque la idea de la Comisión Bravo y de la propuesta chilena, acogida en parte por el propio señor Piñera, de cargar el costo o parte de el a los empleadores es mala per se. A ellos no les compete la responsabilidad de la jubilación, como a los trabajadores no les compete cargar el riesgo de los negocios. Hacerlo puede sonar muy bien en el código políticamente correcto al cual nos ha acostumbrado el populismo de izquierda y derecha que campea en nuestros países. Sin embargo, la consecuencia será obvia, se encarecerá el empleo formal con un sobrecosto adicional, se incentivará la precariedad laboral, se alentará la informalidad y se reducirá la competitividad del país, con efectos y consecuencias aún más graves para la economía y el futuro del país.
La culpa es del neoliberalismo
Luego del Informe de la Comisión de Protección Social, en el Perú comenzará el debate sobre el tema y no tardaremos en escuchar nuevas críticas al sistema privado de pensiones y las voces que señalen, con el mismo desparpajo de siempre, que las Afps son una receta del neoliberalismo y que este tiene la culpa de las bajas pensiones.
Al respecto, resulta necesario recordar que las AFPS no son una receta libertaria. Son una receta con la cual se ha transigido porque la capacidad destructiva del sistema público de reparto era peor, ya que, desde la óptica libertaria, la jubilación es una responsabilidad individual, antes que un derecho consagrado por las utopías legislativas. Por lo tanto, corresponde a cada quien guardar pan para mayo y no estirar la mano al Estado. Es decir, ahorrar para la vejez.
En tal sentido, si se van a pasar nuestros ahorros jubilatorios al manejo del Estado, como sucedió en Argentina o Bolivia y ya sucedió en el Perú con los regímenes 19990, 20530 y otros, mejor que nos los devuelvan previa firma de un papel, ante Notario o Juez de Paz, de que no le exigiremos al Estado que nos otorgue pensión al llegar a los 65. Eso sí sería nítidamente responsable y liberal.
El debate reciente comienza y no podemos estar ajenos a él.
