Lampadia

La obra de Roger Valencia, Ricardo Ruiz Caro y Carlos Milla, es el ’libro blanco’ que los peruanos estamos esperando para tomar control del manejo de la ‘maravilla’ que hemos heredado de un pasado luminoso y sorprendente. Machupicchu no solo es una ciudad esplendorosa en una localización mágica, es también un despliegue extraordinario de tecnología, la hidráulica, entre otras. Los peruanos estamos obligados a preservarlo y compartirlo con la humanidad. Ello requiere que lo alejemos de la intervención de intereses políticos y de las mafias predadoras. El Perú debe establecer una autoridad técnica autónoma para el cuidado y manejo de esta ‘maravilla’.

La hipótesis más verosímil acerca de los autores del atentado contra Rafael Belaunde, que felizmente no tuvo consecuencias fatales, es que se trate de sicarios vinculados al tráfico de terrenos. El atentado debería servir para terminar de tomar conciencia acerca de necesidad de aplicar una política nacional que desincentive la expansión informal de las ciudades. Las inversiones que el Estado hace para ponerle agua potable, luz e infraestructura vial a las urbanizaciones informales producto de invasiones alientan a los traficantes de terrenos a organizar más invasiones. El Estado es el principal promotor de la expansión informal-ilegal de las ciudades.

Un componente crucial de la lucha contra la corrupción y la criminalidad es el restablecimiento de la libertad económica. Lo que ha ocurrido en nuestro país es que es muy difícil prosperar dentro de la formalidad, dentro de la legalidad, porque es muy costosa y complicada. El mercado formal está cerrado para la mayoría. Entonces, la captura del Estado o la ilegalidad se convierten en vehículos de ascenso económico y social. Si un emprendimiento quiere formalizarse para acceder al crédito formal, por ejemplo, o para captar socios, enfrenta regulaciones laborales, tributarias y sectoriales crecientes con las que tarde o temprano no puede cumplir.

Los peruanos estamos enfrentando un artero y descarado plan de demonización en contra de nuestras empresas formales… grandes, medianas, y pequeñas. La demonización empresarial a la que me refiero, no apunta a los malos empresarios, sino a los empresarios formales que generan empleos formales. Esto es aprovechado por funcionarios ministeriales, regionales y municipales para chantajear a mansalva a las empresas formales. Previo a ello, la burocracia estatal corrupta y abusiva elabora e impone mil y un requisitos y permisos, cada cual más absurdo y oneroso que el otro. La vista gorda del Estado frente a las empresas informales es descarada.

Aunque usted no lo crea, el robo del siglo no ocurrió en una agencia de banco, o en un museo lleno de joyas valiosas. El robo del siglo se da todos los días bajo de nuestras narices, y es perpetrado por la incapacidad, burocracia y corrupción del estado. Desde los años 90 hasta el 2011, se crearon ingentes recursos fiscales provenientes del aporte ciudadano y las empresas privadas. Pero, desde el 2011, en lugar de usarse para mejorar nuestra educación, salud o infraestructura, estos fueron dilapidados en un inútil crecimiento del gasto estatal, que pasó de 88,491 millones de soles en el 2011 a más de 240,000 millones en el 2024.

Ahora enfrentamos una nueva justa electoral sin que ningún izquierdista haya hecho mea culpa y propósito de enmienda. Vamos a tener a muchos de ellos activando sus conexiones con esas fuentes de insidia política y corrupción, Cuba, Venezuela y Brasil, más la ‘ayuda’ de una nueva fuente de recursos políticos, la minería ilegal. A los ciudadanos nos toca hacer un gran esfuerzo por despolitizar nuestra visión de futuro y optar por alternativas electorales que favorezcan la producción, la inversión, el empleo y el crecimiento de la economía. Aspectos muy cercanos a la naturaleza del peruano emprendedor, que privilegia el bienestar de su familia y defiende su libertad de trabajo.

Por décadas el sector privado estuvo prohibido de invertir en el campo, en minería, la pesca, y hasta en los cines. Una locura que atrasó al país 30 años, empobreciendo a toda la población y sembrando en nuestras mentes el germen maligno del socialismo. Pero desde el año 90, con la Constitución de 1993 y un conjunto de normas que alentaron el regreso de nuestra economía al mundo, el sector privado peruano pudo regresar a dar su inmenso aporte productivo. Juntos lo hicimos y podemos volver a hacerlo. Pero esta vez debemos forzar al Estado a parar ese absurdo divorcio destructor e ideologizado con el sector privado.