Por Javier Etcheberry, Presidente Multicaja y ex director SII
El Mercurio, 26 de marzo de 2018
En términos económicos y sociales, Chile hizo casi todo bien desde fines del gobierno militar hasta el primero de Sebastián Piñera, pasando por los cuatro de la Concertación.
Su acelerado crecimiento per cápita, sus avances políticos que lo llevaron a una democracia madura y sus mejoras en distintos índices sociales constituyeron un caso de éxito mundial. La principal carencia fue la mantención de la desigualdad (distribución del ingreso, educación, concentración del poder económico).
En la última elección, la mayoría de los votantes pareció considerar que el gobierno pasado fue deficiente y esperan que con Sebastián Piñera se retome el ritmo de crecimiento económico-social. Desgraciadamente esto parece difícil, el crecimiento potencial de la economía chilena ha bajado, la situación política se ha complicado, muchos exigen sus derechos y evitan esforzarse. Los programas de los candidatos estaban más enfocados en prometer mejoras en distintos ámbitos que en una estrategia coherente y creíble para retomar este crecimiento acelerado y reducir significativamente la desigualdad. Hacer más de lo mismo (privilegiar el mercado con énfasis social y abrirse a la competencia internacional, Banco Central autónomo, bajos déficits públicos, aumentos de los impuestos y prestaciones sociales, democratización, etcétera) ya se hizo y se obtuvieron sus beneficios, pero no basta para el futuro.
La solución parece ser que como país tomemos en serio el ser competitivos en las grandes ligas y resolver el tema de la desigualdad de oportunidades. Es impresionante cómo han crecido en el mundo las empresas cuyos modelos de negocios utilizan las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, etcétera. En Chile estamos resignados a que estos avances lleguen y nosotros nos limitemos a utilizarlos. Deberíamos ser más ambiciosos, liderar los cambios impulsando nuestros propios desarrollos originales. Para ello, toda la estrategia país debería alinearse en esta dirección.
La formación en los colegios y universidades el Estado debería impulsarla modernizándose, y las autoridades públicas, liderar este proceso en sus sectores, en vez de proteger el statu quo . Es cierto que ha habido excepciones, como la telefonía celular e internet, las concesiones de Obras Públicas, Energía y el SII, pero habría que acelerar su uso en salud, delincuencia, etcétera. En las áreas en que tenemos ventajas comparativas, como la minería y la agroindustria, tampoco somos líderes mundiales en su uso.
Para que haya innovación de punta, hay que terminar con la captura que hacen las empresas grandes en los sectores en que operan, ayudadas por la pasividad de muchas autoridades (los dueños de esas empresas prefieren que no haya muchos cambios para mantener sus posiciones de privilegio, y los directivos públicos tampoco quieren arriesgarse a que algo salga mal con los cambios de los entrantes, de lo que se los podría culpar; suelen preferir estar en buenas relaciones con sus dueños). No puede haber innovación si no se incentiva la competencia.
La estrategia país de modernización debe ser inclusiva, que la gran mayoría de sus trabajadores y habitantes desarrolle los conocimientos y habilidades para participar en este proceso. Está a la vista cómo esto se logra cuando hay oportunidades (celulares, internet, WhatsApp, posesión de automóviles, viajes al extranjero, etcétera).
La inteligencia artificial, por ejemplo, en vez de verla como una amenaza para las fuentes de trabajo de muchos chilenos, debe ser una oportunidad para que en las empresas y hogares se mejore la productividad, se sientan cada vez más orgullosos de cómo están participando en la modernización del país y de sus vidas cotidianas. Como muchos de los bienes y servicios que se producirán serán de muy bajo costo, esto también democratizará el consumo. Con esta estrategia país, las oportunidades crecerían en forma significativa para todos, versus la actual, en que los que tienen el poder económico y político suelen dificultar la competencia y la innovación para no arriesgarse a perder su bienestar.