Las relaciones entre los Estados y los ciudadanos y empresas de una nación, son la caracterización más clara de la calidad de una democracia y de su economía de mercado. Ante el absolutismo de las monarquías europeas, en nuestro continente, los ‘padres fundadores’ de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, tomaron muchísimos cuidados para privilegiar al ciudadano sobre el poder de los gobiernos.
En América Latina, con la precariedad institucional que arrastramos desde la formación de las repúblicas, las secuelas de militarismos y caudillismos, nunca hemos llegado a afirmar la condición de un Estado al servicio del ciudadano, ni democracias sólidas, y menos aún, economías de mercado. En mayor o menor grado, sufrimos de diversas formas de autoritarismos, populismo, mercantilismo y patrimonialismo.
En el caso del Perú, se puede decir que recién a partir de los años 90, empezamos a construir una economía de mercado. Además, hasta entonces, nuestra economía era muy pequeña, el Estado era determinante para todos los acontecimientos, habiéndonos empobrecido, ciudadanos, empresas y el propio Estado.
Después de vivir unos 25 años en una insipiente economía de mercado, hemos logrado cambiar las medidas de nuestra economía. Ahora, acomodando las cifras, nuestras medidas son: 90 – 90 – 90. Ahora, el sector privado aporta aproximadamente el 90% de la inversión, 90% del empleo, y 90% de los recursos fiscales.
Pero muchos todavía no entendemos nuestra nueva realidad, lo difícil del proceso de formación de una economía de mercado, la necesidad de construir, sin retrocesos, predictibilidad de las decisiones de gobierno, el respeto de los contratos, y sobre todo, el respeto al ciudadano y sus empresas a contrastar decisiones de gobierno que pueden afectar su bienestar.
Un ejemplo de esta debilidad, lo vemos estos días alrededor de la situación fiscal. Por responsabilidad de nuestros gobiernos, especialmente el del nacionalismo instalado por Ollanta Humala y Salomón Lerner, y en menor medida por el de PPK, nuestra economía ha dejado de crecer al ritmo de nuestras capacidades y necesidades. Después de muchos años, hemos vuelto a vivir con déficit fiscal. Y esto está empezando a generar una serie de comportamientos disfuncionales que pueden debilitar, aún más, nuestra alicaída economía. Veamos:
- El primer Ministro de Economía y Finanzas, del gobierno de PPK, Alfredo Thorne, el día que dejó la cartera, recaló en la noche en un programa de RPP, donde se quejó de que las empresas enjuicien al Estado por ‘deudas’ tributarias.
- Hace pocos días, la entonces viceministra de Fernando Zavala, Claudia Cooper, ahora ministra, con un ánimo fiscalista, declaró muy suelta de huesos, que eliminarían algunas exoneraciones tributarias sin especificar cuáles ni cuándo.
- El 20 de setiembre pasado, Gestión entrevistó a Diego Sánchez-Ancochea, director del Latin American Centre de la Universidad de Oxford, Inglaterra, que despachó con: “La élite de Perú debe pagar más impuestos o acabaremos con un Trump peruanos”. Otro experto que llega al país, le dan unas cifras de promedios y hace comparaciones y asertos sin base. Habría que informarle al ‘experto’, que en el Perú no hay ‘loopholes’, que los peruanos formales pagan en promedio más impuestos que los de los países ricos, que las empresas de ‘élite’ (asumamos las mineras), pagan hasta 45% de impuesto a la renta. Que nuestro sector informal, hasta el 70% tiene muy baja productividad y no tiene capacidad de generar renta más allá del soporte de sus trabajadores. Que las distintas mafias que pululan por la economía, como la de contrabando de oro, las culebras de Puno y el narcotráfico, entre otras, no son de la élite, operan con toda impunidad, en un país donde el sujeto de fiscalización es el formal.
- Ya hay mucha gente alrededor del nuevo MEF, el de la escasez de recursos, como no teníamos hace muchos años, hablando de impuestos y tasas.
- Siguiendo con esta filosofía del MEF, el nuevo Jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama(según Gestión), hace suya la prédica contra el sector formal con expresiones que debemos observar.
A la fecha, Sunat mantiene cerca de 20,000 litigios por deudas tributarias valorizadas en S/ 8,000 millones, pero la mayoría de ese monto está concentrada en disputas con grandes empresas.
Así, Sunat tiene nueve juicios con grandes empresas por una deuda de S/ 7,053 millones, informó el ente tributario. El jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama, refirió que entre las empresas involucradas en estos litigios se encuentran Buenaventura, Backus, Telefónica del Perú y Cerro Verde.
“Estos litigios se encuentran tanto a nivel del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional”, señaló Shiguiyama durante su presentación realizada en la Comisión de Presupuesto del Congreso, para sustentar los ingresos tributarios del presupuesto público 2018. (…) Algunos también se encuentran en la instancia del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía.
(…) “El desafío consiste en tener un sistema ágil de resolución de controversias”. Así, solicitó modificaciones a los procedimientos normativos para acelerar los procesos judiciales.
“Lo que tiene que quedar claro es que litigar con el Estado no debe ser un buen negocio para algunos contribuyentes. Si logramos que los procesos se resuelvan en corto tiempo vamos a cambiar su conducta”, puntualizó.
En nuestra opinión, varias de las llamadas deudas no lo son. Se originan como acotaciones de la Sunat (ver ejemplo en nuestro análisis: Herencia que la SUNAT y el MEF deben recusar). Si una empresa considera que una acotación de la Sunat, no se condice con las normas vigentes o con las buenas prácticas fiscales, tiene todo el derecho, y también la obligación, de reclamar. La obligación, porque así, como en las democracias más avanzadas, se van ajustando los procesos para beneficio de todos los contribuyentes.
Que el procesamiento de los reclamos se haya convertido en un vía crucis, dada la complejidad procesal, es responsabilidad del Estado. Por otro lado, según una apreciación generalizada, el Tribunal Fiscal habría devenido en una suerte de filial de la Sunat, lo que obliga, a quién considera justo defender su patrimonio, aquél con el que invierte, a tener que recurrir a instancias adicionales.
Desde el punto de vista fiscal, en el corto plazo es difícil aumentar la recaudación del impuesto a la renta, sin sobrecargar la mano sobre las empresas formales, dadas las dificultades para ampliar la base de contribuyentes. Pero, aumentar la recaudación del IGV es más fácil ampliando la base de contribuyentes. Lampadia propuso hace más de un año el canje de parte de los pagos de IGV por aportes a cuentas individuales de pensiones, por parte de todos los ciudadanos. Esa medida aumentaría la recaudación, pues formalizaría a todos los ciudadanos, se podría universalizar el sistema privado de pensiones, disminuiría la evasión de IGV, y se podría cerrar el déficit fiscal de la ONP.
Como explicamos líneas arriba, en el Perú, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y empresas, en una economía de mercado en formación, no conllevan suficientes equilibrios y no cautelan debidamente los derechos de quienes el Estado, debe proteger. Una simple declaración de un funcionario de gobierno, puede implicar una indebida presión mediática y política, sobre los débiles procesos de resolución de conflictos que se deben enfrentar.
Invocamos pues, a los funcionarios públicos a tener mejores balances. Para empezar, la escasez fiscal es responsabilidad de los gobiernos que destruyeron o permitieron que se destruya, nuestro proceso de crecimiento económico. Recuperarlo debe ser la mayor tarea del MEF. Lampadia
