La descentralización ha sido uno de los anhelos más importantes de las regiones, probablemente una de las banderas de lucha más presente en el reclamo de décadas de los provincianos contra el asfixiante centralismo limeño. Cuando se abordó en los años 80, terminó en el fracaso y la regresión. Finalmente, en los años 2000 se lanza un proceso apurado que hoy vivimos y sufrimos. El Presidente de la República ha recogido el sentir nacional y en su último mensaje a la Nación, nos ha dicho: “Se requiere plantear un debate nacional sobre la efectividad del proceso de descentralización, en el cual venimos avanzando hace ya una década. Cabe preguntarnos si hemos logrado construir un Estado presente, efectivo y transparente al servicio de todos los compatriotas. En torno a estas reflexiones, invito a la Representación Nacional a iniciar un amplio debate con miras a fortalecer el proceso de descentralización y presentar propuestas normativas para lograr los objetivos de modernización del Estado y mejorar los servicios que requiere el ciudadano”.
En Lampadia estamos de acuerdo con la necesidad de llevar a cabo un gran debate que nos permita mejorar el proceso actual, para que todos entendamos que es la descentralización de un país unitario, que debemos esperar de ella, cómo debemos evaluar sus resultados y cómo, la nación, debe controlar el proceso y el desempeño de los líderes regionales.
Aportes al debate de la descentralización desde sus pecados originales
1. La descentralización vigente fue anunciada por el Presidente Toledo en su discurso de investidura ante el Congreso de la República en julio del 2001, sin contar con el beneplácito de su Gabinete Ministerial. El Congreso apuró el debate, no se hizo caso a los llamados a la cordura y sensatez para privilegiar un diseño cuidadoso antes que uno expeditivo. Se recibieron consejos de expertos internacionales, como algunos de España, que ya llevaban 25 años manejando sus autonomías, y seguían enfrentando problemas complicados. El tema de la descentralización se convirtió en una oferta política y no importaba si salía pato o gallareta. Finalmente se aprobó la descentralización sin haber terminado de establecer la legislación correspondiente.
2. De partida se cometieron errores muy graves:
– No se enfatizó que se estaba diseñando un proceso de descentralización de un país unitario.
– Se fijó una región para cada departamento.
– Se estableció indebidamente el cargo de Presidente Regional, elegido por sufragio.
– Se permitió la reelección inmediata sin que el Estado Central tuviera la capacidad de controlar el uso indebido de recursos públicos en 25 regiones.
– Se desmembraron una serie de competencias del Gobierno Central para ser asignadas a las regiones mediante un proceso simple de corte y traslado, sin contemplar el diseño de vínculos entre ambas instancias de gobierno que permitieran una acción conjunta y coordinada.
– No se prestó la menor atención a la creación de capacidades.
– Se otorgó a los gobiernos regionales capacidad discrecional absoluta sobre sus resoluciones, sin que los ciudadanos y empresas pudieran recurrir en queja o revisión a una instancia administrativa nacional, a una segunda instancia, principio fundamental de las democracias modernas.
– No se diseñó un buen arreglo de pesos y contrapesos, estableciéndose una concentración excesiva de poder en los llamados presidentes regionales.
– No se establecieron sistemas adecuados de rendición de cuentas.
– No se establecieron capacidades de control para el Gobierno Central, más allá de los referidos a los procesos a cargo de la Contraloría General, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
3. Posteriormente, durante el segundo gobierno del Presidente García, se aceleró el proceso populachero e irresponsable de desmembramiento y transferencia de competencias centrales a los gobiernos regionales y/o locales, con el mismo expediente simple de corte y delegación, sin los necesarios procedimientos de coordinación entre lo central y lo regional.
4. Entre tanto se presentó la necesidad de regular la distribución del canon, como producto de la recuperación de nuestra industria minera, que debía, evidentemente, producir beneficios directos en las zonas de influencia de sus proyectos, sin cautelar las compensaciones necesarias para las zonas no mineras.
5. Nunca se entendió, y menos se explicó a la población, que la descentralización de un país es esencialmente económica. Máxime en el caso del Perú, en que por décadas se había proscrito la inversión privada en las regiones, puesto que el Estado capturó la minería para paralizar su desarrollo, prohibió la presencia del sector privado en el campo, y capturó también la pesca y el turismo.
Nunca se entendió, ni se explicó, que con el retorno del Perú a un manejo económico ortodoxo y a la promoción de la inversión privada, dadas nuestras inmejorables capacidades naturales, íbamos a tener una serie de proyectos de inversión en las regiones que podían transformar nuestra vida, y que era muy importante que autoridades, líderes de opinión y ciudadanos, entendiéramos que todos seríamos responsables de propiciar y cuidar un buen clima de inversión.
Contrariamente, una buena parte de los líderes regionales y locales, empoderados con una serie de atribuciones de gobierno y contando con los recursos distribuidos por el gobierno central y los provenientes del canon, pensaron que el desarrollo de sus regiones dependía de ellos, de sus propias luces y de lo que ellos pudieran financiar con los recursos públicos. Así es como, en vez de que se haya desarrollado un proceso de colaboración entre el sector público y el privado, en algunos casos se han producido conflictos muy profundos, como en el caso de Puno, con su anterior Presidente, o de Cajamarca, con Santos, imponiendo una dictadura anti-minera con métodos estalinistas de coerción y manipulación.
6. Ante los conflictos sociales, los propios líderes y autoridades regionales y locales reclamaban la presencia del Estado, que ellos debían representar. Autónomos para hacer de las suyas, pero, con destacadas excepciones, irresponsables y ausentes cuando quemaban las papas.
7. Mientras tanto, el Estado Central se ha mostrado inerme, maniatado por unas regulaciones de descentralización absurdas, que han descuartizado nuestras capacidades de gobierno.
Sin embargo, a pesar de los grandes problemas de nuestra descentralización política, la verdadera descentralización, la económica, avanza viento en popa. En la medida que la economía de mercado promovió el regreso de la inversión privada a la minería, el campo, la pesca y el turismo, las regiones y los municipios gozan ahorade recursos que eran inimaginables durante el modelo proteccionista de sustitución de importaciones, que concentraba la inversión en Lima.
Algunos ejemplos del avance de las regiones: entre el 2001 y el 2012, ocho regiones del país registraron un crecimiento anual promedio del PBI per cápita por encima del promedio nacional de 5.1%. (Ver cuadro 1). Los ingresos familiares también han crecido más en las regiones que en Lima (Ver cuadro 2), y el empleo, igualmente se desarrolla con más fuerza en las provincias (Ver cuadro 3).
En otras palabras, el proceso de descentralización, ha sido salvado y sustentado por el mercado, por el sector privado. Lo importante ahora, es cómo diseñar un mejor arreglo institucional que promueva procesos que sumen hacia objetivos comunes de los gobiernos regionales, locales y el gobierno central; y también entre el sector público y el sector privado.
Todos queremos un Perú unitario, descentralizado y efectivo para la gesta del desarrollo y el bienestar general.
¡Bien Presidente, debatamos! L
